Bajas laborales, extranjeros y seguro privado: qué cubre la sanidad pública
Bajas laborales: quién las da y qué se debate
La baja médica es la incapacidad temporal: el trabajador que no puede trabajar por enfermedad o accidente cobra una prestación en lugar del salario. Lo que cobra se explica en la página sobre el sistema de pensiones; aquí interesa el lado sanitario. Según el Real Decreto 625/2014, la baja por enfermedad común la firma el médico del servicio público de salud, normalmente el de atención primaria; la de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la mutua de la empresa; y a los 365 días el control pasa al INSS, que decide el alta, la prórroga o la incapacidad permanente, con un límite de 730 días.
| Duración prevista | Primera revisión | Partes de confirmación |
|---|---|---|
| Menos de 5 días | Baja y alta en el mismo acto | No hay |
| De 5 a 30 días | En 7 días como máximo | Cada 14 días como máximo |
| De 31 a 60 días | En 7 días como máximo | Cada 28 días como máximo |
| 61 días o más | En 14 días como máximo | Cada 35 días como máximo |
Fuente: Real Decreto 625/2014, artículo 2, texto consolidado del BOE (2026).
Desde el 1 de abril de 2023 (Real Decreto 1060/2022) el trabajador no entrega el parte a la empresa: lo transmite el servicio de salud al INSS. La mutua que paga la prestación de una enfermedad común no puede dar el alta: puede proponerla a la inspección médica, que tiene cinco días para que el médico confirme la baja o dé el alta; si no responde, la mutua puede pedirla al INSS.
El debate. La AIReF cifró el 4 de febrero de 2026 el gasto en incapacidad temporal en 16.500 millones de euros en 2024, el segundo de la Seguridad Social tras las pensiones. Las bajas por contingencias comunes pasaron de 4,7 millones en 2017 a casi 8,6 millones en 2024, y su duración media de 40 a 45,9 días (98,5 en salud mental). La AIReF lo atribuye a la falta de seguimiento, a una normativa «más garantista» desde 2018, al paso de contratos temporales a indefinidos, al ciclo económico y a las listas de espera, y llama «deficiencia estructural» a que quien concede la baja (el médico de primaria) no sea quien la paga (el INSS); CCOO replicó en marzo que el informe no identifica las causas. Las propuestas se han atascado en el diálogo social:
- La «autobaja»: la ministra de Sanidad, Mónica García, propuso a principios de 2024 justificar con una declaración responsable hasta tres días de ausencia por una enfermedad leve; según la crónica de Onda Vasca de julio de 2026, no tuvo apoyo ni dentro del Gobierno.
- El alta progresiva: el ministerio de Elma Saiz planteó en octubre de 2024 una vuelta gradual al trabajo tras bajas largas. Unai Sordo, de CCOO, la llamó «absoluto disparate»; en julio de 2026, según Diario de León, el ministerio la limitó a los pacientes de cáncer.
- Las mutuas y la patronal: la reforma de pensiones permitió a las mutuas hacer pruebas en procesos musculoesqueléticos, pero en julio de 2026 solo cinco comunidades habían firmado convenios. La patronal pide que la Seguridad Social pague los días 4 a 15 de la baja, a cargo de la empresa, y ligar los complementos de convenio al absentismo, idea que el PP presenta como lucha contra el fraude y que CCOO y UGT rechazan por «criminalizar al trabajador».
Extranjeros, turistas y personas sin papeles: qué cubre la sanidad pública
La Ley 16/2003, en la redacción del Real Decreto-ley 7/2018, reconoce el derecho a la asistencia a los españoles y a los extranjeros residentes. Según el caso:
- Residentes legales: los mismos derechos que un español; su TSI caduca con el permiso de residencia.
- Europeos que viven en España: por su cotización aquí o, si son pensionistas de su país, con el formulario S1, que pasa el coste a ese país.
- Turistas europeos: con su tarjeta sanitaria europea. Turistas de fuera de la UE: necesitan un seguro, salvo convenio; las urgencias se atienden, pero el hospital puede facturarlas.
- Extranjeros sin residencia legal: el artículo 3 ter de la ley les da el derecho «en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española» si no tienen otra cobertura, no pueden exportar la de su país y no hay un tercero obligado a pagar. El Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, unificó el procedimiento, que antes variaba por comunidad: declaración responsable en el centro de salud, con el empadronamiento como prueba preferente de residencia (o matrícula escolar, informe de servicios sociales o facturas); documento provisional inmediato; tres meses para resolver, con silencio positivo; y un documento final que no caduca. No exige tiempo mínimo de estancia, salvo dos años para la lista de trasplantes, y quien entró con visado de estancia necesita un informe favorable de servicios sociales. Pagan el 40 % de los medicamentos.
- Protegidos en todo caso: menores, embarazadas, solicitantes de asilo y de protección temporal y víctimas de violencia de género, de trata y sexual.
- Españoles residentes fuera: asistencia en sus estancias en España si no tienen otra cobertura, hasta tres meses prorrogables y seis al año.
Quien no encaja en ninguna vía puede pagar un convenio especial con su comunidad (artículo 3.3 de la ley). El contexto de 2026 está en el evento sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes.
Seguro privado o sanidad pública
Un seguro de salud no hace perder el derecho a la sanidad pública: las coberturas se suman. Da acceso directo al especialista, menos espera en pruebas y operaciones programadas y habitación individual dentro de su cuadro médico; suele excluir enfermedades previas, aplicar periodos de carencia y cobrar copagos por acto, y los tratamientos más complejos acaban a menudo en la pública. El seguro que paga la empresa no tributa en el IRPF hasta 500 euros al año por persona (trabajador, cónyuge e hijos), o 1.500 con discapacidad (artículo 42.3.c de la Ley del IRPF); los autónomos en estimación directa se deducen lo mismo. La OCDE estima que en 2024 los seguros voluntarios pagaron el 5,8 % del gasto sanitario de España y los hogares, de su bolsillo, el 21,5 %. El número de asegurados, el modelo MUFACE y el debate sobre la colaboración público-privada se explican en las secciones sobre la organización y el debate.