La Seguridad Social es el sistema público que paga en España las pensiones de jubilación, incapacidad, viudedad y orfandad, las bajas por enfermedad, los permisos por nacimiento y el Ingreso Mínimo Vital, y que recauda las cotizaciones con las que se financia. En octubre de 2026 abonó 10.565.782 pensiones contributivas a unos 9,6 millones de personas, por 14.540 millones de euros en un mes, y contaba 22,6 millones de afiliados. Depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz desde noviembre de 2023, y es la mayor partida de gasto público: cómo pagarla cuando se jubile la generación del baby boom es uno de los asuntos centrales de las elecciones del 29 de noviembre de 2026. El cálculo de las pensiones, las reformas y lo que propone cada partido se explican en la monografía Sistema de pensiones.
Qué es
El artículo 41 de la Constitución obliga a los poderes públicos a mantener «un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos» con prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, y el artículo 50 exige pensiones «adecuadas y periódicamente actualizadas». La norma que lo desarrolla es el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015).
Conviene distinguir tres cosas:
- El Sistema de la Seguridad Social: los regímenes (General, autónomos, mar, minería del carbón), las prestaciones y las cotizaciones. Es un sistema de reparto: las cuotas de quienes trabajan hoy pagan las pensiones de quienes ya se han jubilado, en una caja única que gestiona la Tesorería General.
- La Administración de la Seguridad Social: las entidades gestoras y servicios comunes que lo administran (INSS, TGSS, ISM y Gerencia de Informática), con personalidad jurídica y presupuesto propios.
- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: el departamento del Gobierno del que dependen esas entidades y que propone las leyes.
Las pensiones de los funcionarios que ingresaron antes de 2011 las paga el régimen de Clases Pasivas del Estado, gestionado por este Ministerio desde 2020, y su sanidad corre a cargo de mutualidades como Muface. El desempleo lo gestiona el SEPE, del Ministerio de Trabajo.
Historia
Los seguros sociales españoles nacen con la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, considerada el primer seguro social. En 1908 se funda el Instituto Nacional de Previsión (INP) y en 1919 se implanta el Retiro Obrero, la primera pensión de vejez obligatoria. Siguen los seguros de maternidad (1923), paro forzoso (1931) y enfermedad (1942) y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) de 1947, junto a las mutualidades laborales de cada sector. La Ley de Bases de 1963 busca por primera vez un modelo unitario, desarrollado por la Ley General de la Seguridad Social de 1966, en vigor desde el 1 de enero de 1967.
Tras la Constitución, el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, disolvió el INP y creó la estructura actual: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General (TGSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), el Insalud (hoy transferido a las comunidades) y el Inserso (hoy IMSERSO). En los años ochenta las bases de cotización se equipararon a los salarios reales y nació la Gerencia de Informática; en 1994 la legislación se refundió en un texto único.
El 6 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados aprobó el Pacto de Toledo, quince recomendaciones respaldadas por todos los grupos: separar las fuentes de financiación, crear un Fondo de Reserva (la «hucha de las pensiones», dotada por primera vez en 2000) y garantizar el poder adquisitivo. Sus informes se renovaron en 2003 (22 recomendaciones), en enero de 2011 (21) y el 19 de noviembre de 2020 (22, por 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones).
El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, separó la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y creó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que José Luis Escrivá tomó posesión al día siguiente; en abril de 2020 recibió además la gestión de las Clases Pasivas, y por primera vez todas las pensiones públicas dependieron de un mismo departamento.
Organización
El Ministerio tiene su sede central en la calle de José Abascal, 39, de Madrid. De la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, que ocupa Borja Suárez Corujo, dependen la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y las cuatro entidades que atienden al público:
- INSS: reconoce y paga las pensiones y prestaciones (jubilación, incapacidad, viudedad, nacimiento, Ingreso Mínimo Vital). En 2025 atendió en sus oficinas a 5,57 millones de personas.
- TGSS: la caja única: afilia, da altas y bajas, recauda las cotizaciones y gestiona el Fondo de Reserva y el portal Import@ss. Atendió a 2,54 millones de personas en 2025.
- ISM: gestiona el régimen especial de los trabajadores del mar y los reconocimientos médicos de embarque.
- Gerencia de Informática: los sistemas de la Sede Electrónica y de las demás entidades.
El IMSERSO sigue siendo entidad gestora para las pensiones no contributivas y la dependencia, pero está adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y su gestión está transferida a las comunidades. Las mutuas colaboradoras, privadas y sin ánimo de lucro, gestionan los accidentes de trabajo y parte de las bajas bajo tutela del Ministerio.
Ministros responsables de la Seguridad Social desde 2011
| Ministro/a | Partido | Cartera | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fátima Báñez | PP | Empleo y Seguridad Social | dic. 2011 – jun. 2018 |
| Magdalena Valerio | PSOE | Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | jun. 2018 – ene. 2020 |
| José Luis Escrivá | Independiente | Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 13 ene. 2020 – nov. 2023 |
| Elma Saiz | PSOE | Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (y portavoz del Gobierno desde dic. 2025) | 21 nov. 2023 – |
Fuente: Revista de la Seguridad Social y Ministerio de Inclusión, 2018-2026.
Presupuesto y plantilla
Los Presupuestos de 2023 siguen prorrogados en 2026, así que las cifras fiables son las de ejecución. En 2025 la Seguridad Social ingresó 176.918 millones de euros por cotizaciones (el 10,5 % del PIB, un 6,9 % más que en 2024), 4.935 de ellos por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, y recibió 52.990 millones en transferencias, 47.815 del Estado. Gastó 182.526 millones en pensiones contributivas y 240.169 en total, y cerró con un déficit de 7.387 millones, el 0,4 % del PIB, el más bajo desde 2011 frente al 1,7 % de 2016, según el Ministerio. Para 2026 el presupuesto prorrogado prevé 19.888 millones de transferencias del Estado, a los que el Consejo de Ministros añadió el 7 de julio de 2026 un crédito de 2.984 millones para cumplir la recomendación primera del Pacto de Toledo.
La plantilla es su punto débil: a finales de 2022 tenía unas 25.000 personas para 31.766 puestos autorizados, tras perder más de 6.500 efectivos en una década, y los 1.615 incorporados ese otoño fueron su primer aumento neto en diez años, según The Objective. La oferta de empleo público de 2026 reservó 1.965 plazas. En 2025 realizó 290,9 millones de atenciones, 223 millones de ellas automatizadas.
Qué hace
- Afiliación y cotización. Quien trabaja en España debe estar dado de alta; en octubre de 2026 había 22.624.165 afiliados de media, el máximo de la serie. Empresas y trabajadores cotizan un porcentaje del salario sobre una base de cotización con tope (5.101,20 euros al mes en 2026); los autónomos cotizan desde 2023 por sus ingresos reales.
- Pensiones contributivas. Jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares. La pensión media era de 1.376,1 euros en octubre de 2026 y la de jubilación, de 1.577,6; la máxima de 2026 es de 3.359,60 euros al mes y la mínima de jubilación con 65 años, de 12.441,80 al año. Desde 2022 se revalorizan cada enero con la inflación media del año anterior (Ley 21/2021): un 2,7 % en 2026.
- Incapacidad temporal y permisos por nacimiento: el gasto en bajas creció un 11,8 % en 2025, hasta 18.413 millones.
- Ingreso Mínimo Vital. Creado por el Real Decreto-ley 20/2020 en plena pandemia, llegaba en diciembre de 2025 a 799.553 hogares y 2,44 millones de personas, con 483,1 euros de media por hogar.
- Fondo de Reserva. Llegó a casi 67.000 millones en 2011, se vació hasta 2.153 millones en 2019 para pagar nóminas durante la crisis y vuelve a crecer con el MEI: 15.267 millones a 31 de marzo de 2026.
Papel político
Es la administración con la que más españoles tratan y el mayor compromiso de gasto del Estado. Tres asuntos la mantienen en disputa.
El déficit y las transferencias del Estado. Las cuotas no cubren el gasto desde comienzos de la pasada década. El Gobierno sostiene que el desfase se debe a «gastos impropios» (complementos a mínimos, prestaciones familiares, bonificaciones) que el Pacto de Toledo de 2020 ordenó financiar con impuestos, y presenta el déficit contable del 0,4 % del PIB como prueba de saneamiento. Fedea, con Ángel de la Fuente, y el Instituto Santalucía calculan un «déficit contributivo» de entre 57.000 y 64.000 millones en 2025 si se descuentan esas transferencias; la AIReF prevé que el gasto en pensiones pase del 12,7 % del PIB de 2022 al 16,1 % en 2050, y el Banco de España proyecta una tasa de dependencia de los mayores de 64 años del 53,8 % en 2053.
El Pacto de Toledo y las reformas. Las grandes reformas se negocian en esa comisión y con CCOO, UGT y la CEOE: la de 2011, que subió la edad a 67 años; la de 2013 de Fátima Báñez, que ligó las subidas a un índice con suelo del 0,25 %; y la de Escrivá (Ley 21/2021 y Real Decreto-ley 2/2023), que recuperó el IPC, creó el MEI y la cuota de solidaridad y encargó a la AIReF un examen trienal del gasto. En el primero, en marzo de 2025, la AIReF concluyó que el gasto neto medio hasta 2050 (13,2 % del PIB) no superaba el umbral del 13,3 %, por lo que no procedían ajustes, aunque cumplir esa regla «no garantiza la sostenibilidad». CCOO llama «falso relato» a las dudas sobre la viabilidad; el PP votó contra las leyes de 2021 y 2023 y promete mantener el IPC y reunir el Pacto de Toledo; Vox propone un modelo mixto con capitalización individual.
La caja única y el País Vasco. La disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika prevé que Euskadi asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social «dentro de su carácter unitario». El Gobierno Vasco presentó en septiembre de 2024 una propuesta que valoró en 12.000 millones anuales en pensiones; en enero de 2026 obtuvo la gestión de las prestaciones por desempleo, pero el régimen económico y las pensiones siguen pendientes. El 3 de julio de 2026 el lehendakari Imanol Pradales admitió que las reuniones iban «mal» y dio un ultimátum a Pedro Sánchez; el PSE replicó que un traspaso en los términos del PNV dejaría a Euskadi «en bancarrota», y el Gobierno central sostiene que ningún acuerdo rompe la caja única.
Polémicas
El colapso de la cita previa (2021-2023). Tras la pandemia las oficinas del INSS y la TGSS solo atendían con cita, y conseguirla llegó a exigir semanas de llamadas. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidió al Ministerio el 19 de agosto de 2022 y de nuevo el 4 de enero de 2023 que resolviera «las demoras en la concesión de citas», calificó la gestión de «deficiente» y señaló que las personas con brecha digital acababan pagando a gestorías. Los sindicatos lo atribuyeron a la pérdida de plantilla; el Ministerio respondió con refuerzos y atención sin cita para trámites sencillos.
El despliegue del Ingreso Mínimo Vital. La prestación nació en mayo de 2020 con una avalancha de solicitudes y meses de retraso. La AIReF, que la evalúa cada año, concluyó en julio de 2026 que «sigue arrastrando los mismos problemas»: cubre al 44,2 % de los hogares que podrían recibirla, el 52 % de los que tienen derecho no la solicita y la tramitación mediana dura 99 días, 104 menos que un año antes. El Ministerio subraya que los hogares protegidos crecieron un 18,7 % en 2025 y que la cuantía subió un 11,4 % en 2026.
La revalorización de 2026. El Gobierno incluyó la subida del 2,7 % en un decreto ómnibus que PP, Vox y Junts tumbaron en enero de 2026; separó entonces las pensiones en el Real Decreto-ley 3/2026, convalidado el 26 de febrero por 317 votos contra 33 (los de Vox). El episodio, repetido de enero de 2025, se cuenta en Pensiones 2026: subida del 2,7 %, reforma y quién votó qué.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre la Seguridad Social y el Ministerio de Inclusión? La Seguridad Social es el sistema de cotizaciones y pensiones; el Ministerio es el departamento del Gobierno del que dependen sus entidades gestoras.
¿Quién dirige la Seguridad Social? La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, desde noviembre de 2023, con Borja Suárez como secretario de Estado.
¿Cuántas pensiones paga la Seguridad Social? En octubre de 2026 abonó 10.565.782 pensiones contributivas a unos 9,6 millones de personas, por 14.540 millones de euros al mes.
¿Tiene déficit la Seguridad Social? Sí: cerró 2025 con 7.387 millones de déficit (0,4 % del PIB) después de recibir 47.815 millones en transferencias del Estado.
¿Qué es la caja única de la Seguridad Social? El principio por el que todas las cotizaciones se recaudan y gestionan de forma centralizada por la Tesorería General, sin cajas territoriales separadas.