Jueces y fiscales con peso en la política española
Los magistrados del Supremo, la Audiencia Nacional y el Constitucional, los jueces de instrucción que llevan las causas con más carga política y los fiscales que las acusan o archivan: trayectoria, nombramientos y decisiones, siempre con presunción de inocencia para los investigados.
En España los jueces no se eligen en las urnas, pero sus decisiones marcan la agenda política tanto como una votación del Congreso: la sentencia del procés, la instrucción del caso Koldo, la causa contra Begoña Gómez o la condena del fiscal general Álvaro García Ortiz salieron de despachos con nombre y apellidos. Esta página reúne a los magistrados y fiscales que aparecen una y otra vez en esa frontera entre la justicia y la política.
La cúspide del poder judicial es el Tribunal Supremo, que juzga a los aforados y del que salen los instructores de las causas con más carga política; su gobierno corresponde al Consejo General del Poder Judicial, elegido por las Cortes por tres quintos. La Audiencia Nacional concentra la gran corrupción y el terrorismo; el Tribunal Constitucional, que no forma parte del poder judicial, tiene la última palabra sobre las leyes; y la Fiscalía General del Estado, cuyo jefe nombra el Gobierno, dirige la acusación pública. Los perfiles están agrupados en magistrados y fiscales, con sus causas, nombramientos y las críticas recibidas desde uno y otro lado; los casos abiertos se cuentan como lo que son, investigaciones sin sentencia firme.
Magistrados
Fiscales
Cómo se organiza el poder judicial español
España tiene unos 5.400 jueces y magistrados de carrera, más de la mitad mujeres, que entran por oposición y pasan por la Escuela Judicial de Barcelona. Juez y magistrado son categorías de la misma carrera: los jueces ocupan juzgados unipersonales y los magistrados los tribunales colegiados, aunque en las grandes capitales los juzgados de instrucción también los sirven magistrados. La Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia convirtió en 2025 los juzgados en tribunales de instancia con secciones, de ahí que fichas como la de Ismael Moreno hablen ya de la «sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia» donde antes había un Juzgado Central de Instrucción.
El Tribunal Supremo se divide en cinco salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar) más la Sala del 61, que resuelve la ilegalización de partidos. La Sala Segunda es la que importa en política: instruye y juzga a los aforados —diputados, senadores, miembros del Gobierno— y de ella han salido las causas del procés (Pablo Llarena, Manuel Marchena), del fiscal general y del caso Koldo (Leopoldo Puente). Su presidencia la ocupa Andrés Martínez Arrieta desde 2024, cuando Marchena agotó el mandato. El fuero alcanza a varios cientos de miles de personas, en su gran mayoría policías y guardias civiles; los cargos políticos son unos miles.
El Consejo General del Poder Judicial y los nombramientos
El CGPJ no juzga: gobierna a los jueces. Sus veinte vocales —doce de la carrera judicial y ocho juristas— los eligen el Congreso y el Senado, diez cada cámara, por mayoría de tres quintos, y entre todos eligen al presidente, que lo es también del Supremo. Esa mayoría obliga a pactar al PP y al PSOE, y cuando uno de los dos se niega el Consejo caduca y sigue en funciones: así estuvo desde diciembre de 2018 hasta el acuerdo firmado en Bruselas en junio de 2024, con Carlos Lesmes dimitiendo en 2022 y una reforma que dejó al Consejo caducado sin poder nombrar. El Consejo renovado eligió en septiembre de 2024 a Isabel Perelló, primera mujer al frente del Supremo y del CGPJ. Lo que de verdad está en juego son los nombramientos discrecionales: magistrados del Supremo, presidentes de las audiencias y de los tribunales superiores y de la Audiencia Nacional, que explican por qué cada partido pelea la composición del órgano.
El Constitucional y los pactos entre partidos
El Tribunal Constitucional tiene doce magistrados con mandato de nueve años, renovados por tercios: cuatro los propone el Congreso, cuatro el Senado (ambos por tres quintos), dos el Gobierno y dos el CGPJ. Desde enero de 2023, con Cándido Conde-Pumpido de presidente, la prensa describe una mayoría de siete magistrados de sensibilidad progresista frente a cinco conservadores, como Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y José María Macías; esa mayoría avaló la ley de amnistía en 2025. El tercio que propone el Senado tiene el mandato vencido y su relevo depende de quién sume tres quintos de la Cámara Alta tras las elecciones del 29 de noviembre: es el fondo de la batalla por los tres quintos del Senado.
La Audiencia Nacional y los jueces de instrucción
La Audiencia Nacional, creada en 1977, concentra la corrupción de gran escala, el terrorismo, los delitos económicos complejos y las extradiciones. Sus seis plazas de instrucción han dado los nombres más conocidos de la judicatura: Baltasar Garzón en los años noventa y dos mil, Manuel García-Castellón con los casos Villarejo y Púnica, y hoy Santiago Pedraz, José Luis Calama, María Tardón e Ismael Moreno, instructor del caso Koldo antes de que pasara al Supremo. Fuera de Madrid, juzgados ordinarios se han vuelto nombres propios por una sola causa: Juan Carlos Peinado con Begoña Gómez, Beatriz Biedma en Badajoz con el hermano del presidente del Gobierno, Rubén Rus en Tarragona o Nuria Ruiz Tobarra en Catarroja con la DANA de 2024.
La carrera fiscal
Los fiscales forman una carrera distinta, de unos 2.800 miembros, con estructura jerárquica: el fiscal general del Estado, propuesto por el Gobierno para cuatro años, dirige a los fiscales de Sala, a las fiscalías especiales —Anticorrupción, con Alejandro Luzón al frente, y Antidroga— y a las fiscalías territoriales. Esa dependencia explica por qué cada fiscal general es discutido: Álvaro García Ortiz fue el primero investigado y condenado en el cargo, y Teresa Peramato lo sustituyó en diciembre de 2025. Jueces y fiscales se agrupan además en asociaciones —la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente entre los jueces; la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales entre los fiscales— cuyas etiquetas de conservadora o progresista, puestas por la prensa, se repiten en cada nombramiento.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se eligen los jueces en España?
Por oposición: los jueces de carrera superan una oposición y la Escuela Judicial, y ascienden por antigüedad y méritos. Los nombramientos discrecionales —magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de sala y de tribunales superiores— los hace el Consejo General del Poder Judicial. Los magistrados del Tribunal Constitucional, que no pertenece al poder judicial, los proponen el Congreso y el Senado (cuatro cada uno, por mayoría de tres quintos), el Gobierno (dos) y el CGPJ (dos).
¿Quién nombra al fiscal general del Estado?
El Rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial, previa comparecencia ante el Congreso. Su mandato dura cuatro años, no renovable, y cesa si cambia el Gobierno. Desde diciembre de 2025 el cargo lo ocupa Teresa Peramato, que sucedió a Álvaro García Ortiz tras su condena por revelación de secretos.
¿Qué diferencia hay entre un juez y un magistrado?
Son dos categorías de la misma carrera judicial. Juez es la categoría de entrada y suele ocupar juzgados unipersonales; magistrado es la categoría superior y forma parte de tribunales colegiados (audiencias, tribunales superiores, Audiencia Nacional, Supremo), aunque también hay magistrados al frente de juzgados de instrucción en las grandes capitales. Los miembros del Tribunal Supremo son magistrados; su presidente lo es también del CGPJ.
¿Por qué aparecen jueces y fiscales en una web de política electoral?
Porque instruyen y juzgan a políticos, partidos y cargos públicos, y porque sus propios nombramientos —CGPJ, Constitucional, Fiscalía General— se negocian entre partidos. Esta sección no valora sentencias: recoge quién decide, qué ha decidido y qué dicen de ello unos y otros, con presunción de inocencia para cualquier investigado.