Crisis Institucional 26/06/2024 – 14/10/2026 Gobierno Pedro Sánchez (PSOE-Sumar)

Recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía (2024-2026)

Tras entrar en vigor el 11 de junio de 2024, la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía fue recurrida por el PP y varias comunidades. El Tribunal Constitucional la avaló el 26 de junio de 2025 por seis votos a cuatro y el TJUE la respaldó el 16 de julio de 2026. El 6 de octubre el Constitucional declaró amnistiable la malversación y ese día Pablo Llarena retiró la orden de detención contra Carles Puigdemont. El 14 de octubre el Tribunal de Cuentas aplicó la amnistía y absolvió por responsabilidad contable a Puigdemont y a otros 34 ex altos cargos por los gastos del procés.

Cifras clave

11 jun 2024
entrada en vigor
BOE publica la LO 1/2024
1 jul 2024
TS rechaza Puigdemont
la Sala Segunda no aplica la amnistía a la malversación
6-4
aval del TC
26 de junio de 2025: desestima el recurso del PP salvo aspectos menores
16 jul 2026
sentencia del TJUE
avala la ley y su plazo de aplicación
7-5
amparo de Turull y Bassa
6 de octubre de 2026: la malversación es amnistiable
35
absueltos
14 de octubre de 2026: el Tribunal de Cuentas aplica la amnistía en la causa contable del procés y levanta fianzas de más de 4 millones; la sentencia no es firme

La Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía, en vigor desde el 11 de junio de 2024, abrió una batalla judicial de más de dos años sobre su constitucionalidad y su alcance. El Tribunal Constitucional la avaló en junio de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la respaldó en julio de 2026 y el 6 de octubre de 2026 el Constitucional resolvió el último gran escollo: que la malversación del procés también es amnistiable, lo que despeja el regreso de Carles Puigdemont. El 14 de octubre el Tribunal de Cuentas aplicó la ley en la causa contable del procés y absolvió a Puigdemont y a otros 34 ex altos cargos, en una sentencia que no es firme.

La ley y los recursos

La amnistía, pactada por el PSOE con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, cubre los delitos vinculados al proceso independentista catalán entre 2011 y 2023. El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad y se sumaron los gobiernos de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Aragón, además de numerosas cuestiones planteadas por los tribunales.

El primer choque llegó del Tribunal Supremo. El 1 de julio de 2024 su Sala Segunda, con Pablo Llarena como instructor de la causa del procés, se negó a aplicar la amnistía al delito de malversación de Puigdemont y de otros dirigentes, al entender que hubo beneficio patrimonial personal, uno de los supuestos que la propia ley excluye. Las órdenes de detención contra el expresident siguieron en vigor.

El aval del Constitucional

El 26 de junio de 2025 el pleno del Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, desestimó por seis votos a cuatro el recurso del PP, salvo en aspectos de menor entidad. La sentencia, con ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, concluyó que la norma persigue un objetivo legítimo y no es una autoamnistía, y descartó elevar la cuestión al tribunal europeo. Los cuatro magistrados conservadores firmaron votos discrepantes. El fallo no resolvió la aplicación concreta a la malversación, que quedó pendiente de los recursos de amparo de los condenados.

El Tribunal de Justicia de la UE

El 16 de julio de 2026 el TJUE avaló la ley al responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles: consideró que no menoscaba la directiva antiterrorista, aceptó el plazo de dos meses para aplicarla y no apreció perjuicio para los intereses financieros de la Unión en los casos de malversación.

La malversación y el caso Puigdemont

El 22 de septiembre de 2026 la mayoría progresista del Constitucional rechazó la ponencia del magistrado conservador José María Macías sobre el amparo de Jordi Turull y fijó su criterio favorable a amnistiar la malversación. El PSOE y Junts celebraron la decisión y el PP la atribuyó a la composición del tribunal.

El 6 de octubre el pleno dictó las sentencias de Turull, con ponencia de Macías, y de la exconsejera de ERC Dolors Bassa, redactada por Conde-Pumpido, por siete votos a cinco. El tribunal sostuvo que el Supremo hizo una interpretación extensiva de la excepción, anuló sus resoluciones y le ordenó declarar amnistiada la malversación. Los cinco magistrados discrepantes reprocharon a la mayoría haber invadido la función del Supremo.

Ese mismo día Llarena retiró las órdenes de detención contra Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, vigentes desde 2017, aunque "hasta nueva resolución judicial", y el Supremo dio cinco días a las partes para presentar alegaciones. La doctrina abre también la vía para levantar la inhabilitación de Oriol Junqueras, Turull, Bassa y Raül Romeva. La decisión llegó un día después de la disolución de las Cortes y a menos de dos meses de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La causa del Tribunal de Cuentas

La amnistía alcanzó también a la vía contable. El 14 de octubre de 2026 la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas aplicó la ley y absolvió de responsabilidad contable a Carles Puigdemont y a otros 34 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa y Artur Mas. La causa examinaba los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.

La Fiscalía reclamaba unos 3,1 millones de euros y Sociedad Civil Catalana, personada como acusación, alrededor de 5 millones. La sentencia concluye que no se acreditó que esos gastos se financiaran con fondos del presupuesto de la Unión Europea y, sobre esa base, considera aplicable la amnistía. Ordena además levantar las fianzas de más de 4 millones de euros que los encausados habían depositado para evitar el embargo de sus bienes.

La resolución no es firme: puede recurrirse en apelación ante la Sala del propio Tribunal de Cuentas y, después, en casación ante el Tribunal Supremo.

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional la Ley de Amnistía? Sí. El Tribunal Constitucional la avaló el 26 de junio de 2025 por seis votos a cuatro, salvo aspectos menores.

¿Se puede amnistiar la malversación del procés? Según las sentencias del Constitucional del 6 de octubre de 2026, sí: anuló las decisiones del Supremo que la excluían y le ordenó aplicarla.

¿Puede volver Puigdemont a España? El juez Pablo Llarena retiró el 6 de octubre de 2026 la orden de detención en su contra, aunque de forma provisional y a la espera de que el Supremo resuelva tras las alegaciones.

¿Qué decidió el Tribunal de Cuentas sobre la amnistía? El 14 de octubre de 2026 absolvió a Puigdemont y a otros 34 ex altos cargos por los gastos del procés, en una sentencia recurrible.

Legislación relacionada

Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía 11/06/2024
recurrida ante el TC por PP, Vox y varias CCAA

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Los datos y cifras se basan en fuentes oficiales y hemeroteca. El análisis busca la objetividad pero puede contener interpretaciones. Las leyes citadas remiten al boletín oficial de cada país.