Caso Begoña Gómez: instrucción del juez Peinado y apertura de juicio oral (2024-2026)

El caso Begoña Gómez es el procedimiento penal abierto en abril de 2024 por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras más de dos años de instrucción, marcada por sucesivas ampliaciones, recursos y choques con la Fiscalía, el 21 de septiembre de 2026 Peinado dictó el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, por presuntos tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y contra su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación como cooperadora necesaria. Ambas serán juzgadas por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. La acusación popular pide 13 años de prisión para Gómez; la Fiscalía y las defensas piden la absolución. Rige la presunción de inocencia.

Antecedentes y origen de la causa

El 23 de abril de 2024 el juzgado admitió a trámite una denuncia de la organización Manos Limpias contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia se apoyaba principalmente en informaciones periodísticas sobre su relación con empresarios que habían obtenido contratos o ayudas públicas, como el empresario Juan Carlos Barrabés, y sobre su actividad al frente de un centro vinculado al IE y de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

La apertura de diligencias tuvo un impacto político inmediato. El 24 de abril de 2024 Pedro Sánchez publicó una carta a la ciudadanía en la que anunciaba que suspendía su agenda para reflexionar sobre si merecía la pena seguir al frente del Gobierno. Tras cinco días de incertidumbre, el 29 de abril compareció para anunciar que continuaba en el cargo. Pronto se sumaron a la causa otras acusaciones populares, entre ellas HazteOír, Vox e Iustitia Europa.

Desarrollo de la instrucción

La investigación se fue ampliando por capítulos. Peinado citó a Begoña Gómez como investigada en julio de 2024, cuando se acogió a su derecho a no declarar, e imputó al empresario Juan Carlos Barrabés. El 30 de julio de 2024 el juez se desplazó al Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno, que se acogió a su derecho a no declarar contra su cónyuge; la diligencia fue duramente criticada por el Gobierno.

A partir de septiembre de 2024 la instrucción se centró en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Complutense, cuya renovación no se produjo, y en el software desarrollado en torno a ella con el patrocinio de varias empresas. En octubre de 2024 el juez añadió los presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional. En paralelo, la investigación se extendió a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que en febrero de 2025 pasó de testigo a investigada por presunta malversación: las acusaciones sostienen que, siendo personal eventual pagado con fondos públicos, se dedicó a gestiones de la actividad privada de Gómez. La pesquisa alcanzó también a otros altos cargos de la Presidencia en relación con la contratación de la asesora, un extremo que llevó a Peinado a dirigirse al Tribunal Supremo respecto del ministro Félix Bolaños, aforado.

La defensa de Begoña Gómez, al igual que la Fiscalía, recurrió de forma reiterada las decisiones del instructor ante la Audiencia Provincial de Madrid, que dio la razón a unas partes y a otras en distintos momentos: avaló la continuidad de la investigación, pero también limitó varias de sus ampliaciones.

Procedimiento del jurado y apertura de juicio oral

En abril de 2026 Peinado acordó continuar la causa por los trámites de la Ley del Tribunal del Jurado, al entender que los hechos incluían delitos de su competencia, y propuso juzgar a Gómez y a Álvarez por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En julio de 2026 la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el juicio con jurado para Begoña Gómez solo por tráfico de influencias y malversación, revocó la continuación del procedimiento por corrupción en los negocios y apropiación indebida, limitó la acusación contra Álvarez a la malversación vinculada al software y levantó las medidas cautelares (retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas). También revocó la continuación del procedimiento con jurado respecto de Barrabés.

El 21 de septiembre de 2026 Peinado dictó el auto de apertura de juicio oral. Begoña Gómez se sentará en el banquillo por presuntos tráfico de influencias y malversación, y Cristina Álvarez por presunta malversación en calidad de cooperadora necesaria. El juez rechazó los argumentos de las defensas sobre la ineficacia del escrito de acusación de HazteOír y ordenó averiguar la capacidad económica de Gómez, recabando sus últimas declaraciones tributarias, a efectos de la posible responsabilidad civil.

Las peticiones son muy dispares: la acusación popular de HazteOír solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis años para Cristina Álvarez, mientras que el Ministerio Fiscal pide la absolución de ambas y las defensas reclaman lo mismo. El juicio se celebrará ante un jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, en una fecha aún por señalar. Peinado, que ha dirigido toda la instrucción, se jubila el 27 de septiembre de 2026.

Reacciones y consecuencias políticas

La causa ha sido uno de los ejes de la confrontación política de la legislatura. El Gobierno y el PSOE la han calificado reiteradamente de investigación prospectiva basada en recortes de prensa y han defendido la inocencia de Begoña Gómez, subrayando que la Fiscalía nunca ha apoyado las acusaciones. El Partido Popular y Vox, por el contrario, la han utilizado para exigir responsabilidades políticas al presidente y han reclamado su dimisión o la convocatoria de elecciones.

La apertura de juicio oral convierte a Begoña Gómez en la primera esposa de un presidente del Gobierno en ejercicio que se sentará en el banquillo, lo que previsiblemente mantendrá el caso en el centro del debate público durante los próximos meses. El resultado dependerá ahora de la valoración de la prueba por el jurado; la apertura de juicio oral no prejuzga la culpabilidad de las acusadas.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el caso Begoña Gómez? Es la causa penal abierta en abril de 2024 por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno tras una denuncia de Manos Limpias, que ha terminado con la apertura de juicio oral en septiembre de 2026.

¿Por qué delitos será juzgada Begoña Gómez? Por presuntos tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial de Madrid descartó en julio de 2026 los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

¿Quién más se sentará en el banquillo? Su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, acusada de presunta malversación como cooperadora necesaria.

¿Qué penas se piden? La acusación popular de HazteOír pide 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis para Cristina Álvarez; la Fiscalía y las defensas piden la absolución.

¿Quién la juzgará? Un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha aún por fijar.

¿Qué pasa con el juez Peinado? Se jubila el 27 de septiembre de 2026, pocos días después de dictar el auto de apertura de juicio oral.