Decretos de vivienda de 2026: del rechazo del Congreso a la Diputación Permanente
El 2 de octubre de 2026 el Congreso derogó los dos decretos de vivienda del Gobierno (172-178 y 166-184) con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Sánchez disolvió las Cortes el día 5 y el 6 el Consejo de Ministros reaprobó las medidas con retoques en los Reales Decretos-leyes 28/2026 y 29/2026 (escudo antidesahucios hasta 2030, prórroga de dos años, tope a las rentas, deducción del 10 % a inquilinos, préstamos «Tu Casa» de 10.000 millones y renovación automática de los contratos) para que los convalidara la Diputación Permanente. El 12 de noviembre esta convalidó el decreto principal (29/2026) por 35 votos a 34 y derogó el de renovación automática de los alquileres (28/2026) por 34 a 35, con el voto en contra del PNV. Abascal habla de «ilegalidad manifiesta», Nogueras admite que «es legal» y el Constitucional ampara el procedimiento.
Cifras clave
Los decretos de vivienda son la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a la crisis del alquiler tras el desahucio y la muerte de Maricarmen Abascal, y la pieza que precipitó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. El 2 de octubre de 2026 el Congreso derogó los dos reales decretos-leyes aprobados el 29 de septiembre, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN; el 5 de octubre Sánchez disolvió las Cortes y, un día después, el Consejo de Ministros volvió a aprobar las mismas medidas con retoques en dos nuevos decretos, los Reales Decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, para que los convalidara la Diputación Permanente, el órgano reducido que sustituye al Pleno con las cámaras disueltas y donde el bloque del Gobierno tiene un voto de ventaja. El 12 de noviembre, el día después de la huelga general y la víspera del arranque de la campaña, esta convalidó el decreto principal por 35 votos a 34 y derogó, por 34 a 35, el de renovación automática de los alquileres, al que se opuso el PNV. La oposición habla de «ilegalidad manifiesta» y de «fraude de ley»; la jurisprudencia constitucional ampara el procedimiento, con condiciones.
Qué incluyen los decretos
El decreto principal (RDL 26/2026, reaprobado como RDL 29/2026) reúne la política de vivienda del Gobierno:
- Escudo frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 para inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional; la administración autonómica debe cubrir la deuda en dos meses si no ofrece una vivienda, y los pequeños propietarios en situación de vulnerabilidad, con dos viviendas o menos, quedan fuera de la suspensión.
- Límites a la compra especulativa hasta 2030: los fondos y los grandes tenedores (más de diez viviendas) solo pueden comprar carteras de hipotecas impagadas y pisos ejecutados por debajo del 70 % de su valor de mercado.
- Alquiler de temporada y por habitaciones: el propietario debe justificar la temporalidad, más de dos contratos encadenados se convierten en alquiler de vivienda habitual y la suma de las habitaciones no puede superar la renta del piso entero en zonas tensionadas.
- Fiscalidad: IVA del 10 % para los pisos turísticos con servicios hoteleros o estancias de hasta 30 noches, recargo del IBI de hasta el 150 % para los pisos turísticos y las viviendas vacías de quien tiene cuatro o más, deducción estatal del 10 % del alquiler en el IRPF para inquilinos con ingresos inferiores a 33.007 euros, bonificaciones de hasta el 100 % para los caseros que bajen la renta más de un 5 %, IVA del 4 % para la vivienda protegida y tributación del 25 % para las socimis.
- Prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que venzan antes de 2029 y tope a la actualización anual de las rentas (2 % por defecto, cero si la renta supera el índice de referencia) hasta 2027.
- «Tu Casa»: préstamos del ICO al 0 % de hasta el 20 % del valor de la primera vivienda, con un máximo de 50.000 euros, dotados con 10.000 millones de euros.
El segundo decreto (RDL 27/2026, reaprobado como RDL 28/2026) tiene un solo objeto: la renovación automática de los contratos de alquiler al cabo de cinco años (siete si el casero es una empresa). El propietario que no renueve debe avisar con seis meses e indemnizar al inquilino con al menos doce mensualidades, salvo que necesite la vivienda para sí o su familia, el inquilino tenga otra en el mismo municipio o rechace una nueva oferta.
La votación del 2 de octubre
Los decretos-leyes deben convalidarse en el Congreso en un plazo de 30 días. El principal cayó por 172 votos a favor y 178 en contra, sin abstenciones: lo apoyaron PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís, y lo rechazaron PP, Vox, Junts y UPN. El de renovación automática cayó por 166 a 184, porque el PNV y Coalición Canaria, que apoyaban el escudo social, rechazaron la renovación forzosa de los contratos.
PP, Vox y Junts coincidieron en que los decretos no resolvían el problema de la vivienda ni impedían que los fondos siguieran haciendo negocio; Junts había avisado de que votaría en contra salvo cambios sustanciales. Coalición Canaria había pedido a Sánchez que disolviera las Cortes si el decreto principal no salía adelante. Tres días después, el presidente convocó elecciones alegando la necesidad de «una mayoría parlamentaria más amplia».
La reaprobación por decreto
El 6 de octubre, con las Cortes ya disueltas, el Consejo de Ministros aprobó los dos nuevos decretos, publicados en el BOE del día 7. Sánchez defendió que las medidas «mantienen la esencia» de las derogadas y que no son «una cuestión ideológica, sino de humanidad, de puro sentido común». Para evitar que se votara un texto idéntico al rechazado, el Gobierno introdujo cambios: el límite a las compras de los fondos se alarga de 2028 a 2030, la definición de gran tenedor pasa a más de diez viviendas, se añaden 280 millones en avales para la construcción industrializada y 400 millones para promotores de vivienda social, y el decreto de renovación automática no entra en vigor al publicarse, sino el 15 de noviembre y solo si la Diputación Permanente lo convalida. El decreto principal, en cambio, está en vigor desde el 7 de octubre y decaería si no se convalida en plazo.
¿Es legal? El debate constitucional
El artículo 78.2 de la Constitución atribuye a la Diputación Permanente, cuando las cámaras están disueltas, las facultades del artículo 86 sobre los decretos-leyes, y la sentencia 40/2025 del Tribunal Constitucional confirmó que convalidarlos en ese periodo le corresponde a ella. Lo que la doctrina discute es si el Gobierno puede reproducir un decreto que el Pleno acaba de rechazar. El criterio mayoritario es que no puede someter de nuevo el mismo texto, pero sí aprobar un decreto nuevo que repita buena parte de las medidas si justifica otra vez la «extraordinaria y urgente necesidad», que es lo que el Ejecutivo ha hecho con los retoques.
El catedrático de Derecho Constitucional Javier Tajadura avisó de que aprobar un texto idéntico sería un «fraude de ley» y, aun admitiendo que el procedimiento es legal, sostuvo que «no concurre la extraordinaria y urgente necesidad» y que las medidas son «manifiestamente inconstitucionales». Santiago Abascal calificó la maniobra de «ilegalidad manifiesta»: «no puede uno reunir una pequeña comisión, una parte pequeña del Congreso, para torcer esa decisión», y anunció que Vox acudirá al Constitucional. Míriam Nogueras (Junts) admitió que «es legal», pero lo considera «mal» porque se recurre a un órgano «donde no está representada la mayoría social». Un eventual recurso de inconstitucionalidad, que PP y Vox pueden presentar con 50 diputados o senadores, no suspendería los decretos mientras el Tribunal decide.
La Diputación Permanente: la aritmética del 12-N
La Diputación Permanente del Congreso tiene 69 miembros repartidos en proporción a los grupos: 27 del PP, 25 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar y uno de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto, que representa Podemos. El bloque que apoyó el decreto principal suma 35 votos frente a los 34 de PP, Vox y Junts, de modo que el voto de Junts, decisivo en el Pleno, deja de serlo. El decreto de renovación automática, en cambio, pierde el voto del PNV y se da por perdido, 34 a 35.
El Gobierno fijó la sesión para el 12 de noviembre, al día siguiente de la huelga general convocada por CCOO y UGT por la vivienda y la víspera del inicio de la campaña, dentro del plazo de 30 días que marca la Constitución. El PP ha pedido además que Sánchez comparezca ante la Diputación Permanente por la entrada de buques marroquíes en aguas españolas el 30 de julio.
El 12 de noviembre la Diputación Permanente convalidó el Real Decreto-ley 29/2026 por 35 votos a 34: a favor, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos; en contra, PP, Vox y Junts. El Real Decreto-ley 28/2026, de renovación automática de los contratos, quedó derogado por 34 a 35 al sumarse el PNV al no: su diputada Maribel Vaquero rechazó que «para proteger a unos haya que quitar los derechos a otros». Como su entrada en vigor estaba prevista para el 15 de noviembre, ese decreto no llegó a aplicarse. Siguen vigentes las medidas del decreto principal: la suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables hasta 2030, la prórroga extraordinaria de hasta dos años, el tope del 2 % a la actualización de las rentas hasta el final de 2027, la deducción del 10 % para inquilinos y los préstamos «Tu Casa». Sergio Sayas (PP) habló de «un fraude a la democracia» y Josep Maria Cruset (Junts), de «estafa política y electoralista»; la ministra Isabel Rodríguez defendió que «proteger al inquilino y dar seguridad al pequeño propietario no es contradictorio, sino una necesidad».
Posición de los partidos
- PSOE y Sumar presentan los decretos como la prueba de que el Gobierno «no tira la toalla» ante la crisis de la vivienda y como el eje de su campaña; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendieron que la oposición eligió «a los especuladores» frente a los inquilinos. Podemos, ERC, EH Bildu y BNG apoyan los dos textos.
- PNV, con Aitor Esteban, apoya el escudo social y los incentivos fiscales, pero rechaza la renovación automática de los contratos por invadir la libertad contractual y las competencias vascas en vivienda.
- PP: Alberto Núñez Feijóo celebró el adelanto electoral con un «¡Por fin!», sostiene que los decretos no construyen ni una vivienda y que el Gobierno convierte «su impotencia parlamentaria» en argumento electoral; el partido ha registrado en el Senado su propia Ley del Suelo y propone bajar impuestos y liberar suelo en lugar de intervenir el alquiler.
- Vox considera los decretos un ataque a la propiedad privada y la convalidación en la Diputación Permanente, una «ilegalidad manifiesta».
- Junts votó en contra de los dos, pide un texto nuevo que incluya medidas contra la ocupación y una rebaja del IVA de la primera vivienda, y afirma que «con nuestros votos no gobernarán PP y Vox».
Lo dicho frente a lo hecho
El Gobierno justificó los decretos por la «extraordinaria y urgente necesidad» tras el desahucio de Maricarmen, pero aplazó su convalidación más de cinco semanas, hasta la víspera de la campaña, y modificó los textos para esquivar la objeción del fraude de ley: la urgencia convive con el cálculo electoral. La oposición, por su parte, sostiene que los decretos no resuelven la vivienda, pero no ha ofrecido una alternativa votable antes del 29-N, y Junts reconoce que el procedimiento que critica es legal. Las medidas más populares, el escudo frente a los desahucios y las deducciones a los inquilinos, están en vigor desde el 7 de octubre pase lo que pase en el Pleno de la nueva legislatura.
Impacto político y social
Los decretos han convertido la vivienda en el tema central de las generales: la Puerta del Sol sigue acampada, los sindicatos llaman a la huelga general del 11-N por primera vez juntos desde 2012 y los partidos miden sus programas por este asunto. Para inquilinos y caseros, la incertidumbre jurídica es inmediata: las prórrogas y los topes se aplican ya, la renovación automática ha decaído sin llegar a entrar en vigor, y un recurso de inconstitucionalidad podría dejar sin efecto parte del paquete meses después de las elecciones. El 29-N decidirá, además, si el Congreso que salga de las urnas convierte los decretos en ley o los deroga.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasó con los decretos de vivienda en el Congreso? El 2 de octubre de 2026 el Pleno los derogó, por 172-178 el principal y 166-184 el de renovación de alquileres, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
¿Por qué volvió a aprobarlos el Gobierno? Con las Cortes disueltas, la convalidación pasa a la Diputación Permanente, donde el bloque del Gobierno tiene 35 votos frente a 34; los textos se retocaron para no repetir el rechazado.
¿Es legal reaprobar un decreto rechazado? La Constitución (artículos 78.2 y 86) y el Tribunal Constitucional permiten que la Diputación Permanente convalide decretos nuevos; lo discutido es la urgencia y que el contenido repita el texto derogado.
¿Qué medidas están ya en vigor? Las del RDL 29/2026 desde el 7 de octubre: escudo antidesahucios hasta 2030, prórroga de dos años, tope del 2 % a las rentas, deducción del 10 % para inquilinos y los préstamos «Tu Casa».
¿Qué votó la Diputación Permanente el 12 de noviembre? Convalidó el decreto principal de vivienda por 35 votos a 34 y derogó el de renovación automática de los alquileres por 34 a 35.
Historial cronológico del evento
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La Diputación Permanente del Congreso convalida por 35 votos a 34 el decreto de medidas de vivienda y deroga, con el voto en contra del PNV, el de renovación automática de los alquileres
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