Monografía Capítulo 2 de 5

Ley de Vivienda de 2023: zonas tensionadas, alquiler y grandes tenedores

Capítulo de la monografía Vivienda y urbanismo en España: quién decide y cómo funciona

La Ley de Vivienda de 2023: zonas tensionadas, alquiler y vivienda protegida

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda fue la primera ley estatal dedicada a la vivienda desde la Constitución. Pactada por el PSOE y Unidas Podemos con ERC y EH Bildu, salió adelante con el voto en contra, entre otros, del PP y Vox. Sus defensores la presentaron como la herramienta para contener los alquileres; sus críticos, con el PP y las asociaciones de propietarios a la cabeza, sostuvieron que invade competencias autonómicas y que reduciría la oferta de alquiler. Fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por varios gobiernos y parlamentos autonómicos y por el Grupo Popular.

Las zonas de mercado residencial tensionado

Es la pieza central. Según el artículo 18, una zona puede declararse tensionada cuando se cumple uno de dos criterios:

  1. la cuota de la hipoteca o el alquiler, más los gastos y suministros básicos, supera el 30 % de los ingresos medios de los hogares de la zona;
  2. el precio de compra o de alquiler ha subido, en los cinco años anteriores, al menos tres puntos más que el IPC de la comunidad.

La declaración la hace la administración competente en vivienda, normalmente la comunidad, a petición propia o de los ayuntamientos, tras un procedimiento con datos y con información pública. Dura tres años, se puede prorrogar año a año y obliga a aprobar un plan de medidas para corregir la situación. Surte efecto cuando el Ministerio la publica en el BOE, cosa que hace cada trimestre.

Declarar una zona es voluntario, y la geografía de las declaraciones refleja el desacuerdo político sobre la ley. Según el Real Decreto 851/2026, de 21 de octubre, que repartió 180 millones de euros entre las comunidades que las tenían, a esa fecha había zonas tensionadas en cinco comunidades: Cataluña (271 municipios, la primera desde marzo de 2024), País Vasco (18 municipios y un distrito), Navarra (21 municipios), Galicia (A Coruña y Santiago de Compostela) y Asturias (varios concejos y barrios, desde julio de 2026). En noviembre de 2026 se publicaron Sopela, Urduliz y Bergara.

Qué cambia en el alquiler

En una zona tensionada, la ley modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos para que:

  • el inquilino pueda pedir, al acabar el contrato, una prórroga extraordinaria de hasta tres años, año a año, en las mismas condiciones;
  • en un contrato nuevo, la renta no pueda superar la del contrato anterior de esa vivienda, actualizada;
  • si el propietario es un gran tenedor, o la vivienda no se había alquilado en los últimos cinco años, la renta tenga como tope el índice de referencia de precios del Ministerio.

Fuera de las zonas tensionadas, la ley trasladó al propietario los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, y encargó al INE un índice nuevo para la actualización anual de las rentas de los contratos firmados desde la ley, el IRAV, que se publica desde 2025.

Gran tenedor, vivienda vacía y vivienda protegida

La ley define al gran tenedor como quien posee más de diez viviendas o más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, sin contar garajes ni trasteros; en una zona tensionada la comunidad puede rebajar el umbral, de forma motivada, a cinco viviendas. Los grandes tenedores en zona tensionada tienen además deberes de información sobre su parque.

Para la vivienda vacía, permite a los ayuntamientos elevar el recargo del IBI, que era del 50 %, hasta el 150 % cuando una vivienda lleva más de dos años desocupada sin causa justificada y su dueño tiene al menos cuatro.

Para la vivienda protegida, la ley elevó las reservas mínimas de suelo que el texto refundido de la Ley de Suelo obliga a destinar a ella: del 30 % al 40 % de la edificabilidad residencial en los terrenos que se urbanizan por primera vez, y del 10 % al 20 % en las operaciones de reforma de suelo ya urbano. Las comunidades pueden fijar otros porcentajes o eximir a algunos municipios, con justificación. La ley también prohíbe, salvo excepciones, recalificar el suelo reservado a vivienda protegida.

Desahucios

La ley amplió la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables, de uno a dos meses si el propietario es una persona física y de tres a cuatro si es una empresa, y obligó a un intento de conciliación o intermediación cuando el demandante es un gran tenedor y el ocupante vulnerable. La suspensión ya no es automática: la decide el juez tras valorar el caso.

Qué anuló el Tribunal Constitucional

  • La STC 79/2024, de 21 de mayo, sobre el recurso de la Junta de Andalucía, anuló el artículo 16 (las reglas estatales de la vivienda protegida, entre ellas la calificación permanente), parte del deber de información de los grandes tenedores, varias reglas sobre los parques públicos y una disposición transitoria, por invadir competencias autonómicas. Mantuvo las zonas tensionadas y los límites al alquiler.
  • La STC 26/2025, de 29 de enero, sobre el recurso del Grupo Popular, anuló varios cambios de la ley de enjuiciamiento civil que condicionaban la admisión de las demandas de desahucio.
  • Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 el Tribunal resolvió los recursos de Baleares, Madrid, Cataluña, el País Vasco y Galicia; en los del Gobierno Vasco y la Xunta desestimó lo que seguía vivo tras las sentencias anteriores.

2026: los decretos y la huelga

En 2026 la vivienda pasó al centro del calendario político. El Congreso derogó en enero y febrero dos decretos que prorrogaban la suspensión de desahucios de hogares vulnerables, y el 2 de octubre rechazó otros dos decretos de vivienda; el Gobierno aprobó cuatro días después dos nuevos con el contenido ajustado, y el 12 de noviembre, con las Cortes ya disueltas, la Diputación Permanente convalidó el principal por 35 votos a 34 y derogó el de renovación automática de los alquileres (decretos de vivienda de 2026). El 11 de noviembre CCOO, UGT y otros sindicatos, con los sindicatos de inquilinas, convocaron una huelga general por la vivienda y el coste de la vida.

Fuentes oficiales