Qué hace falta para construir más viviendas: industria, energía e infraestructuras
Que haya suelo calificado no basta para que se construya. El Banco de España señaló en junio de 2026 los cuellos de botella de la oferta: la productividad de la construcción ha caído más de un 20 % desde 1995, casi no se usa la construcción industrializada, al 63 % de las empresas del sector le faltaba mano de obra a finales de 2025 y la falta de coordinación e inversión «dificulta la conexión a la red eléctrica de nuevas promociones». En 2025 se visaron 139.016 viviendas de obra nueva, según el Ministerio de Transportes, lejos de los hogares que se crean cada año.
Industria y mano de obra
La construcción empleaba en 2025 a 1.530.002 personas de media, el 6,9 % de los ocupados, según la Fundación Laboral de la Construcción con datos de la EPA. Es una plantilla envejecida y poco diversa: solo el 10,8 % tenía menos de 30 años y el 9,9 % eran mujeres, mientras que el 25,3 % eran extranjeros. La patronal CNC calculó en 2024 que faltan unos 700.000 trabajadores para construir la vivienda necesaria, una estimación gruesa de cuatro trabajadores por vivienda sin metodología publicada.
La respuesta del Gobierno es la construcción industrializada: fabricar en taller módulos, paneles o baños completos que luego se montan en la obra, con plazos más cortos, menos mano de obra en el tajo y menos residuos. El PERTE de industrialización de la vivienda, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025, prevé 1.300 millones de euros públicos en diez años y el objetivo de fabricar 15.000 viviendas industrializadas al año, hasta 20.000. Las licitaciones de vivienda pública del Estado puntúan hasta un 10 % el uso de elementos industrializados. Sus críticos recuerdan que la industria necesita pedidos grandes y estables para invertir en fábricas, y que las normas de cada comunidad dificultan producir un mismo modelo para todo el país.
Los costes de construcción subieron con la inflación de 2021 a 2023; las tasadoras y los promotores calculan alzas del 25 % al 32 % desde 2019 o 2020, según la fuente.
Energía: lo que exige el Código Técnico y lo que viene de Europa
Desde la reforma del Código Técnico de 2019, toda vivienda nueva debe ser un edificio de consumo de energía casi nulo: el Real Decreto 732/2019 limita su consumo de energía primaria no renovable a entre 20 y 43 kilovatios hora por metro cuadrado y año, según la zona climática, lo que obliga a aislar bien y a usar renovables o bombas de calor. Desde 2022 (Real Decreto 450/2022), los edificios residenciales nuevos con aparcamiento deben dejar canalizado el cableado para cargar coches eléctricos en todas las plazas, y los de más de 1.000 metros cuadrados deben producir algo de electricidad renovable.
La directiva europea de eficiencia energética de los edificios de 2024 (Directiva 2024/1275) va más allá: los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones desde 2028 si son públicos y desde 2030 todos; los residenciales nuevos tendrán que llevar energía solar a más tardar a finales de 2029, y las viviendas nuevas con más de tres plazas de garaje, precableado en al menos la mitad de las plazas y un punto de recarga. El plazo para incorporarla vencía el 29 de mayo de 2026; la reforma del Código Técnico que debe hacerlo pasó por audiencia pública en noviembre de 2025.
La red eléctrica, el nuevo cuello de botella
Un barrio nuevo necesita potencia eléctrica, y en muchas zonas la red de distribución no la tiene. La CNMC reguló por primera vez el acceso de la demanda a la red en su Circular 1/2024; las distribuidoras publicaron en septiembre de 2025 sus mapas de capacidad y la CNMC uno unificado en abril de 2026. BBVA Research estimó en agosto de 2026 que más de 80.000 viviendas previstas dependen de nuevas infraestructuras eléctricas, que ampliar la red para un gran desarrollo lleva de cinco a ocho años y que en la Comunidad de Madrid hay suelo para unas 126.000 viviendas pero capacidad para unas 40.000. Los promotores, con ASPRIMA, se quejan de que el coste de reforzar la red recae sobre ellos.
En julio de 2026 el Gobierno permitió, por el Real Decreto 640/2026, hasta 17.900 millones de euros de inversión adicional en redes hasta 2030 (10.200 en distribución), destinada entre otras cosas a la demanda residencial. El problema y sus soluciones se explican en la monografía sobre la regulación energética en España.
Agua, transporte y suelo público
- Agua. Ningún plan con nueva población se aprueba sin el informe de la confederación hidrográfica sobre si hay recursos suficientes. La nueva directiva europea de aguas residuales urbanas de 2024 obliga a mejorar las depuradoras y debe incorporarse antes de julio de 2027.
- Transporte. Un barrio sin transporte público condena a sus vecinos al coche. La ley estatal del suelo permite a las comunidades exigir al promotor que contribuya al transporte público del nuevo barrio, y en diciembre de 2025 se aprobó la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible.
- Suelo público. El Estado ha traspasado a CASA 47 suelos de la Sareb y de Defensa para construir vivienda asequible, y el Plan Estatal 2026-2030 financia la compra y la promoción de vivienda pública por las comunidades y los ayuntamientos. Si esos suelos se convierten en viviendas depende, de nuevo, de que tengan plan, urbanización, red eléctrica, agua y transporte.