La electricidad es uno de los mercados más regulados de España. El Gobierno decide los cargos, los impuestos y las reglas del bono social, la CNMC fija los peajes de las redes, Red Eléctrica opera el sistema y el precio de la energía se forma cada día en un mercado mayorista europeo en el que la última central necesaria, a menudo una de gas, marca el precio de todas. Por eso la factura de un hogar mezcla tres cosas: lo que cuesta la energía en el mercado, lo que cuestan las redes y las políticas públicas, y los impuestos; y por eso casi cada Gobierno desde 1997 ha cambiado sus reglas por decreto.
Esta página explica, desde el punto de vista de la regulación y del Gobierno, cómo funciona el sistema eléctrico, cómo se forma el precio de la luz con un ejemplo hora a hora, qué es el PVPC, cómo se compone la factura línea a línea, qué impuestos gravan la generación, cómo funcionan el gas, la mezcla de generación y el calendario nuclear. Repasa las grandes decisiones políticas, del Protocolo Eléctrico de 1996 al déficit de tarifa, la reforma de 2013, el «impuesto al sol», la excepción ibérica, el gravamen a las energéticas y el apagón de 2025, con los debates abiertos y lo que propone cada partido ante las elecciones generales del 29 de noviembre. La última parte es una guía práctica: dónde consultar el precio oficial de la luz, PVPC o mercado libre, el bono social, el autoconsumo, el butano y una comparación con otros países. Esta página no publica el precio diario: indica dónde lo publican cada día OMIE y Red Eléctrica. Todas las cifras llevan su fecha.
Cómo funciona el sistema eléctrico: generación, transporte, distribución y comercialización
La electricidad que llega a un enchufe pasa por cuatro negocios, y la ley trata a cada uno de forma distinta. La generación (las centrales) y la comercialización (la empresa que firma el contrato y emite la factura) están liberalizadas y compiten en precio. El transporte (las líneas de alta tensión) y la distribución (las redes que llegan a cada calle) son monopolios naturales: una sola empresa opera cada tramo y el regulador le fija cuánto cobra.
Esa separación nació con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, aprobada con el Gobierno de José María Aznar, que creó un mercado mayorista y abrió la venta al por menor a la competencia. La norma vigente es la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Gobierno de Mariano Rajoy, que mantuvo ese esquema y lo reordenó para acabar con el déficit de tarifa; su historia se cuenta en la segunda parte.
| Actividad | Régimen | Quién la ejerce | Quién fija lo que cobra |
|---|---|---|---|
| Generación | Libre, en competencia | Eléctricas, petroleras, fondos, cooperativas, autoconsumidores | El mercado mayorista (OMIE) |
| Transporte en alta tensión y operación del sistema | Monopolio regulado | Red Eléctrica de España (grupo Redeia), transportista único por ley | La CNMC, que fija su retribución |
| Distribución en media y baja tensión | Monopolios regulados por zonas | Las filiales de distribución de los grandes grupos y pequeñas distribuidoras locales | La CNMC |
| Comercialización | Libre; con una tarifa regulada (PVPC) que solo pueden ofrecer las comercializadoras de referencia | Comercializadoras libres y de referencia | Cada empresa en el mercado libre; el Gobierno, la fórmula del PVPC |
Fuente: Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (artículos 13 y 34) y Real Decreto 216/2014 (BOE).
Red Eléctrica es la pieza central. Es por ley el «transportista único» (artículo 34.2 de la Ley 24/2013), dueña de los 46.155 kilómetros de líneas de alta tensión que tenía la red a finales de 2025, y además el operador del sistema: prevé la demanda, programa cada día qué centrales funcionan y equilibra en tiempo real lo que se produce y lo que se consume, porque la electricidad no se almacena en la red y un desajuste de segundos puede tirar el sistema. Pertenece a Redeia, una empresa cotizada en la que el Estado conserva el 20 % a través de la SEPI. El apagón del 28 de abril de 2025, cuando la península perdió unos 15 gigavatios en segundos, puso a prueba precisamente esa función de operador; sus causas y las responsabilidades que se discuten están en su página propia.
La distribución está en manos, sobre todo, de filiales de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Cada una tiene su zona y el cliente no la elige: lee el contador y repara las averías aunque la factura la emita otra empresa.
La comercialización es la parte que ve el consumidor. Hay centenares de comercializadoras en el mercado libre y un pequeño grupo de comercializadoras de referencia, ligadas a los grandes grupos, las únicas que pueden ofrecer la tarifa regulada (el PVPC) y aplicar el bono social: las más conocidas son Energía XXI (grupo Endesa) y Curenergía (Iberdrola).
Encima de todos están los dos reguladores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), creada por la Ley 3/2013, fija desde 2019 los peajes que pagan las redes, después de que el Real Decreto-ley 1/2019 le traspasara esa competencia para cumplir las directivas europeas que exigen un regulador independiente. El Ministerio para la Transición Ecológica fija los cargos, que pagan las políticas energéticas, la fórmula del PVPC, el bono social y el calendario nuclear. Desde 2018 lo han dirigido Teresa Ribera y, desde finales de 2024, Sara Aagesen.
Preguntas frecuentes
¿Quién decide el precio de la luz? La energía se casa cada día en el mercado mayorista (OMIE); la CNMC fija los peajes y el Gobierno los cargos y los impuestos.
¿Dónde se puede ver el precio oficial de la luz por horas? En la web e·sios y la aplicación de Red Eléctrica, que publican el PVPC del día siguiente cada tarde, y en OMIE.
¿Qué es el PVPC? La tarifa regulada de la luz, que solo venden las comercializadoras de referencia; desde 2024 combina el precio diario con el de los mercados a plazo.
¿Quién puede pedir el bono social de la luz? Los hogares con contrato PVPC que cumplan los umbrales de renta, las familias numerosas y los pensionistas con pensión mínima, entre otros.
¿Cuántas centrales nucleares hay en España? Siete reactores en cinco emplazamientos; el calendario pactado en 2019 prevé cerrarlos entre 2027 y 2035, y Almaraz tiene prórroga hasta 2030.
¿Qué fue la excepción ibérica? El tope al precio del gas usado para generar electricidad que España y Portugal aplicaron, con permiso de Bruselas, entre junio de 2022 y 2023.