Quién pone las reglas de la electricidad en España
La factura de la luz la escriben cuatro manos. El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y del Consejo de Ministros, aprueba los reales decretos, la planificación de la red, los objetivos de renovables, los impuestos (con Hacienda) y los cargos, la parte de la factura que paga políticas: las primas de las renovables antiguas, la deuda del déficit de tarifa y el sobrecoste de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La CNMC, el regulador independiente, fija desde 2019 los peajes que pagan las redes de transporte y distribución y la rentabilidad que cobran sus dueños; para el periodo 2026-2031 la fijó en el 6,58 %, cien puntos básicos más que en el periodo anterior (CNMC, 22 de diciembre de 2025). Las Cortes aprueban las leyes y convalidan o tumban los decretos-ley que el Gobierno usa a menudo en energía (véase decreto-ley y convalidación). Bruselas fija el marco común: directivas de mercado interior, ayudas de Estado y derechos de emisión. Y los jueces, del Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la UE y los arbitrajes internacionales, han corregido una y otra vez a los Gobiernos. Más en peajes y cargos.
Esta sección cuenta cómo se hicieron esas reglas desde 1987, quién las firmó y quién las votó, y los debates abiertos ante las elecciones del 29 de noviembre de 2026.
Del Marco Legal Estable a la Ley 54/1997: el paso al mercado
Hasta finales de los noventa la electricidad era un servicio público con precio fijado por el Estado. El Marco Legal Estable, que el Gobierno de Felipe González puso en marcha con el Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, y que se aplicó desde 1988, calculaba una tarifa única para todo el país a partir de los costes estándar de cada central y de cada red, y repartía los ingresos entre las eléctricas para que todas recuperasen su inversión. Era un sistema de rentabilidad garantizada que no premiaba al que producía más barato. La Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, con Juan Manuel Eguiagaray como ministro de Industria y Energía, cerró además la moratoria nuclear: declaró paralizados de forma definitiva los proyectos de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II y pagó a sus dueños una compensación en la factura.
El cambio llegó con José María Aznar. Su ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, firmó el 11 de diciembre de 1996 el Protocolo Eléctrico con las grandes eléctricas, el «diseño complejo y global de transición de un sistema intervenido y burocratizado a un sistema más libre», en palabras de la ley que lo convirtió en norma. La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico abandonó «la noción de servicio público», abrió la generación a la libre instalación, creó un mercado mayorista con un operador del mercado y otro del sistema, y dio a todos los consumidores diez años para poder elegir comercializadora. A cambio, reconoció a las eléctricas unos costes de transición a la competencia (CTC) por las centrales construidas con las reglas antiguas, con un tope de 1,99 billones de pesetas (unos 11.950 millones de euros) a cobrar en la factura. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen el 9 de octubre de 1997 en varios bloques, el último por 164 votos frente a 138; el PSOE e Izquierda Unida, cuyas enmiendas fueron rechazadas, presentaron vetos en el Senado (Diario de Sesiones del Congreso, núm. 107; BOCG Senado, serie II, núm. 55). Los Gobiernos de Aznar adelantaron después la libertad de elección a 2003, completaron la privatización de Endesa y, con Rodrigo Rato como vicepresidente de Economía (que asumió la energía en 2000), limitaron en 2002 las subidas de la tarifa al 2 % anual hasta 2010.