Procedimiento parlamentario desde 1978

Decreto-ley y convalidación parlamentaria

Qué es

El decreto-ley (formalmente, real decreto-ley) es una norma con rango de ley que el Gobierno de España aprueba por sí solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad, sin pasar antes por las Cortes, y que el Congreso de los Diputados debe convalidar o derogar en los treinta días siguientes a su publicación. Lo regula el artículo 86 de la Constitución. Es la vía por la que se aprobaron, por ejemplo, las medidas de la pandemia, los escudos sociales o, en 2026, los decretos de vivienda que el Congreso tumbó el 2 de octubre y que precipitaron la disolución de las Cortes.

La figura permite al Ejecutivo legislar de forma inmediata, pero bajo dos condiciones: que exista una urgencia que no pueda esperar al procedimiento legislativo ordinario y que el Congreso, a posteriori, dé su visto bueno. Si no lo hace, la norma desaparece. Por eso cada convalidación es una prueba de la mayoría parlamentaria del Gobierno, y en legislaturas sin mayoría absoluta se convierte en uno de los momentos políticos más tensos.

Cómo funciona

El procedimiento se desarrolla en cuatro pasos:

  1. Aprobación por el Consejo de Ministros. El decreto-ley se publica en el BOE y entra en vigor, normalmente, al día siguiente o en la fecha que él mismo fija. Desde ese momento produce efectos como cualquier ley.
  2. Debate de totalidad en el Congreso. En el plazo de treinta días desde la promulgación, el Pleno del Congreso (o la Diputación Permanente, si las Cortes están disueltas) debate y vota el texto en bloque, sin enmiendas: solo cabe convalidar o derogar. El Senado no interviene.
  3. Resultado. Si se convalida, el decreto-ley sigue en vigor de forma definitiva. Si se deroga, deja de aplicarse desde ese momento, aunque los efectos producidos mientras estuvo vigente se mantienen (la derogación no es una anulación). El acuerdo se publica en el BOE.
  4. Tramitación como proyecto de ley. Tras la convalidación, el Congreso puede acordar tramitar el decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permite introducir enmiendas. Muchas veces esa tramitación nunca llega a terminar.

El Gobierno puede dictar decretos-leyes también con las Cortes disueltas o en funciones, con la limitación de que entonces es la Diputación Permanente del Congreso la que convalida o deroga, con la composición proporcional de la Cámara disuelta.

Marco legal

El artículo 86 de la Constitución fija los límites materiales: el decreto-ley no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Tampoco puede regular materias reservadas a ley orgánica. El Tribunal Constitucional controla además el presupuesto habilitante de la urgencia, y ha anulado decretos-leyes por falta de justificación de la urgencia o por tocar materias vedadas (como ocurrió en 2007 con la reforma del desempleo de 2002 o en 2017 con la amnistía fiscal de 2012).

Los artículos 151 y 152 del Reglamento del Congreso regulan el debate de convalidación: intervención de un miembro del Gobierno, turnos de los grupos y votación. El artículo 78.2 de la Constitución atribuye a la Diputación Permanente las facultades del artículo 86 cuando el Congreso está disuelto. Las comunidades autónomas tienen figuras equivalentes (los decretos-leyes autonómicos) desde las reformas estatutarias de 2006 y 2007.

Aplicación práctica

El decreto-ley ha dejado de ser excepcional. En la primera legislatura completa de Pedro Sánchez (2019-2023) se aprobaron más de un centenar, cifra récord, y en la XV legislatura el ritmo se mantuvo: solo en 2026 el Gobierno había dictado 29 decretos-leyes a principios de octubre. Las convalidaciones, con una mayoría fragmentada y sin Junts desde octubre de 2025, se convirtieron en votaciones de resultado incierto. La Diputación Permanente convalidó el 16 de octubre de 2026 los Reales Decretos-ley 24/2026 (devolución de anticipos de las ayudas por la DANA) y 25/2026 (prórroga de las rebajas fiscales a los carburantes por la crisis de Oriente Medio) por 61 y 62 votos a favor.

La derogación de un decreto-ley sigue siendo rara, pero en los últimos años ha ocurrido varias veces: la reforma laboral de 2022 se convalidó por un voto, el decreto ómnibus de enero de 2025 fue derogado y el Gobierno recuperó parte de su contenido días después en un nuevo decreto-ley, y en octubre de 2026 cayeron los dos decretos de vivienda.

Los decretos de vivienda de octubre de 2026

El 29 de septiembre de 2026, tras el desahucio y la muerte de Maricarmen y las protestas por la vivienda, el Consejo de Ministros aprobó dos normas: el Real Decreto-ley 26/2026, con la suspensión hasta 2030 de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, límites a la compra especulativa de vivienda, un tope a la subida de las rentas y la regulación del alquiler de temporada, y el Real Decreto-ley 27/2026, con la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual. El primero entró en vigor el 1 de octubre; el segundo, el 2.

El Gobierno llevó la convalidación al Pleno del 2 de octubre, solo tres días después, para forzar el posicionamiento de los grupos. Ambos fueron derogados: el 26/2026 por 172 votos a favor y 178 en contra, con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, y el 27/2026 por 166 a 184. Tres días después, el 5 de octubre, Sánchez disolvió las Cortes.

El 6 de octubre, ya con las Cámaras disueltas, el Consejo de Ministros volvió a aprobar las medidas como Reales Decretos-ley 28/2026 y 29/2026, publicados en el BOE el 7 de octubre. El 29/2026 (límites a la compra especulativa, protección frente a desahucios y préstamos del programa Tu Casa) está en vigor desde el 8 de octubre; el 28/2026 (prórroga automática de contratos e indemnización por no renovación) difiere su entrada en vigor al 15 de noviembre. Ambos deben votarse por separado en la Diputación Permanente antes de que venza el plazo de treinta días, en plena precampaña; el PNV ha anunciado que apoya el 29/2026 y rechaza el 28/2026, y el propio Gobierno ha admitido que no tiene asegurada la mayoría para el segundo. Juristas han discutido la validez de reaprobar un texto recién derogado: la Constitución no lo prohíbe, y hay precedente en el Real Decreto-ley 1/2025, pero exige justificar de nuevo la urgencia, algo difícil de sostener para una norma que pospone su propia entrada en vigor más de un mes.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un decreto-ley en España? Una norma con rango de ley que aprueba el Gobierno por extraordinaria y urgente necesidad, según el artículo 86 de la Constitución, y que entra en vigor sin pasar antes por las Cortes.

¿Cuánto tiempo tiene el Congreso para convalidar un decreto-ley? Treinta días desde su promulgación; si las Cortes están disueltas, vota la Diputación Permanente, como ocurre con los decretos de vivienda 28/2026 y 29/2026 en noviembre de 2026.

¿Qué pasa si el Congreso no convalida un decreto-ley? Queda derogado y deja de aplicarse, aunque los efectos producidos mientras estuvo en vigor se mantienen; así cayeron los decretos de vivienda 26/2026 y 27/2026 el 2 de octubre de 2026.

¿Puede un decreto-ley modificar cualquier ley? No: no puede regular derechos fundamentales, el régimen de las comunidades autónomas, las instituciones básicas del Estado ni el derecho electoral, y el Tribunal Constitucional controla que exista verdadera urgencia.

¿Puede el Gobierno volver a aprobar un decreto-ley derogado? La Constitución no lo impide y hay precedentes, pero debe justificar de nuevo la urgencia; el Gobierno lo hizo el 6 de octubre de 2026 con los decretos de vivienda, y la Diputación Permanente decidirá su suerte.

Fuentes oficiales