El Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones son los tres tributos españoles que gravan la riqueza en vez de la renta. Los tres están cedidos a las comunidades autónomas, que pueden rebajarlos casi hasta cero, y de ahí sale la pelea política más repetida de la fiscalidad española: Madrid, Andalucía y otras cuatro comunidades no cobran Patrimonio y bonifican el 99 % de las herencias entre padres e hijos, mientras Asturias o Cataluña mantienen tarifas que llegan al 36,5 % y al 3,48 %. El Gobierno llama a eso «dumping fiscal» y quiere topes; las comunidades del PP lo llaman autonomía y compiten por atraer contribuyentes. El conjunto del sistema, de quién cobra cada impuesto a cuánto se recauda y cómo se compara España con otros países, se explica en la página sobre los impuestos en España.
En 2026 importa por dos razones. El impuesto estatal a las grandes fortunas, creado en diciembre de 2022 para esquivar las bonificaciones autonómicas, casi ha dejado de recaudar (de 623 millones de euros en su primer año a poco más de 35 en el segundo) porque las comunidades reaccionaron para quedarse con el dinero. Y el nuevo modelo de financiación autonómica que Hacienda quiere llevar al próximo Congreso incluye «mecanismos» contra los «vaciados fiscales», lo que reabre el debate de la armonización antes de las elecciones del 29-N.
Patrimonio: un impuesto de 1991 que solo paga quien vive en la comunidad equivocada
El Impuesto sobre el Patrimonio (Ley 19/1991) grava el valor neto de los bienes de una persona a 31 de diciembre, menos las deudas. En la normativa estatal, que rige donde la comunidad no dice otra cosa, los primeros 700.000 euros están exentos y la vivienda habitual lo está hasta 300.000 euros más, así que un contribuyente con casa propia empieza a pagar a partir del millón de euros. La escala estatal va del 0,2 % al 3,5 % en ocho tramos, y el último tipo se aplica por encima de 10,7 millones.
El impuesto fue suprimido en la práctica en 2008 (bonificación del 100 %) por el Gobierno de Zapatero y restablecido en 2011 como medida «temporal» de crisis; se prorrogó año a año hasta que la Ley 38/2022 lo hizo indefinido. Este es el mapa autonómico de 2026:
| Comunidad | Situación en 2026 | Efecto |
|---|---|---|
| Madrid | Bonificación del 100 % desde 2008; desde 2023 (Ley 12/2023) solo cubre lo que no absorbería el impuesto estatal a las grandes fortunas | Nadie paga por debajo de 3,7 millones; por encima, la cuota se queda en Madrid |
| Andalucía | Bonificación del 100 % desde 2022 (Decreto-ley 7/2022), «variable» desde el ejercicio 2024 | Igual que Madrid |
| Extremadura, Cantabria, Murcia, La Rioja | Bonificaciones del 100 % con la misma fórmula variable, aprobadas entre 2023 y 2025 | Igual que Madrid |
| Galicia | Bonificación del 50 % (Ley 10/2023) | Se paga la mitad |
| Comunidad Valenciana y Baleares | Mínimos exentos altos: 1 millón en Valencia (2 millones desde el devengo de 2026, Ley 5/2026) y 3 millones en Baleares desde 2024 | Pagan solo los patrimonios grandes |
| Cataluña | Sin bonificación; mínimo exento de 500.000 euros y tarifa propia hasta el 3,48 % por encima de 20 millones | Se paga desde 800.000 euros con vivienda |
| Asturias | Sin bonificación; tarifa propia hasta el 3 % | Se paga con la escala autonómica |
Fuente: normativa autonómica vigente para el ejercicio 2026 según la guía de Patrimonio por comunidades de GuíaFiscal (actualizada el 17 de mayo de 2026) y la nota de Cuatrecasas sobre el Impuesto de Solidaridad (26 de marzo de 2026).
La consecuencia es la que cabe esperar: el Patrimonio recauda en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares o Asturias y nada en Madrid. En el ejercicio 2022, el 89 % de lo que pagó el impuesto estatal a las grandes fortunas salió de contribuyentes madrileños, según Hacienda.
Grandes fortunas: el «suelo» estatal de 2022 y por qué ya no recauda
Para saltar las bonificaciones autonómicas, el Gobierno de Pedro Sánchez creó a finales de 2022 (Ley 38/2022) el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF). Es un calco del Patrimonio: grava los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros (3,7 con el mínimo exento) al 1,7 % hasta 5,35 millones, al 2,1 % hasta 10,7 millones y al 3,5 % por encima, y permite deducir lo pagado por Patrimonio en la comunidad. Nació para 2022 y 2023, y el Real Decreto-ley 8/2023 lo prorrogó sin fecha hasta que se reforme la financiación autonómica.
Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia lo recurrieron ante el Tribunal Constitucional. La sentencia 149/2023, del 7 de noviembre de 2023, desestimó el recurso madrileño: el Estado puede crear un impuesto nuevo que se solape con uno cedido y su aplicación al ejercicio 2022 no era inconstitucional. Los demás recursos corrieron la misma suerte.
Lo que no resolvió el tribunal lo resolvieron las comunidades: Madrid aprobó en 2023 que su bonificación del 100 % se reduce en lo que el contribuyente pagaría al Estado, y Andalucía, Extremadura, Cantabria, Murcia y La Rioja copiaron la fórmula. El resultado está en los números: el impuesto recaudó 623 millones de euros de 12.010 contribuyentes en su primer ejercicio (2022), según Hacienda, y poco más de 35 millones en el ejercicio 2023, según el balance de Cuatrecasas de marzo de 2026, una caída del 94 %. Fedea lo había anticipado en noviembre de 2022 (Apuntes 2022/29, de Diego Martínez, Manuel Díaz y Carmen Marín): las comunidades que bonificaban el Patrimonio «podrían aspirar a recaudar la totalidad de lo tributado por sus contribuyentes» antes de que el dinero acabara en el Estado. El ITSGF fue menos un impuesto a los ricos que un cambio de caja, y ni siquiera eso duró un año.
Sucesiones y Donaciones: heredar en Asturias o en Madrid
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987) lo paga quien recibe la herencia o la donación, y su cuota depende de cuánto se recibe, del parentesco (descendientes, ascendientes y cónyuges tienen reducciones y tipos más suaves que sobrinos o amigos) y del patrimonio previo del heredero. En la práctica el impuesto es casi todo autonómico y las diferencias llegaron a ser enormes. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) las medía con el mismo ejemplo, un soltero de 30 años que hereda 800.000 euros de su padre:
| Comunidad | Cuota a pagar (ejercicio 2020) |
|---|---|
| Asturias | 103.135,48 € |
| Castilla y León | 81.018,76 € |
| Comunidad Valenciana | 63.193,76 € |
| Aragón | 55.466,81 € |
| Cataluña | 9.796,89 € |
| Madrid | 1.586,04 € |
| Andalucía, Cantabria y Galicia | 0 € |
Fuente: REAF-Consejo General de Economistas, «Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020», recogido por Europa Press y Valencia Plaza el 29 de noviembre de 2020; herencia de 800.000 euros (incluida una vivienda de 200.000) de padre a hijo soltero de 30 años.
Ese cuadro muestra el mapa antes de la ola de rebajas. Desde entonces Castilla y León, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Aragón y Canarias han aprobado bonificaciones del 99 % o superiores para padres, hijos y cónyuges, y en 2026 una herencia de 200.000 euros de un padre a un hijo no paga nada en casi ninguna comunidad: Madrid la bonifica al 99 % (quedan 63,89 euros, según GuíaFiscal), Andalucía y Galicia aplican una reducción de un millón de euros por heredero, Extremadura y Aragón de 500.000 y Navarra y el País Vasco tienen mínimos de 250.000 y 400.000 euros. Las excepciones son Asturias, que mantiene su tarifa (hasta el 36,5 %) con una reducción de 300.000 euros por heredero, y Cataluña, con una bonificación que baja a medida que crece la herencia.
El debate del «dumping fiscal»: lo que dice cada parte
La expresión la usa el Gobierno. María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda, dijo en enero de 2026 (entrevista en Ara) que «es importante poner topes y [aprobar] mecanismos para que no se produzcan vaciados fiscales» y puso sobre la mesa dos vías: un mínimo estatal en los impuestos cedidos, con el modelo del ITSGF, o un tope legal a las bonificaciones. Es la pieza fiscal del nuevo modelo de financiación, que daría a las comunidades unos 21.000 millones más al año, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera votó el 4 de septiembre de 2026 solo con el apoyo de Cataluña y Canarias y que necesitará mayoría absoluta en el próximo Congreso. El argumento del PSOE y de Sumar es que una comunidad que renuncia a sus impuestos y después pide más financiación del fondo común traslada el coste a las demás.
Madrid responde en dos planos. El jurídico lo resumió la consejera de Hacienda, Rocío Albert, en enero de 2026 (Vozpópuli): bajar impuestos es «una competencia reconocida por la Constitución», el Gobierno «dice que hacemos dumping fiscal» para justificar que «seremos castigados». El político lo fijó Isabel Díaz Ayuso en 2023, al calificar de «catetada» la armonización. Andalucía va por el mismo camino: su consejera, Carolina España, dijo en enero de 2026 (The Objective) que el plan de Hacienda «huele a humo, a promesa electoral negociada de manera unilateral». El PP de Alberto Núñez Feijóo prometió en su programa de 2023 suprimir el impuesto a las grandes fortunas.
Los economistas no se alinean con nadie del todo. Fedea avisó en 2022 de que un impuesto estatal sin más no frena la competencia entre comunidades. El catedrático César García Novoa (Universidad de Santiago) recuerda que los cedidos sobre la riqueza recaudan poco y que la financiación se juega en el IRPF y el IVA. En el otro extremo, los Técnicos de Hacienda (Gestha) y Oxfam Intermón llevan años pidiendo un Patrimonio armonizado, y la plataforma Stop Sucesiones, con Eligio Taboada, denuncia «otra vuelta de tuerca fiscal».
Una lectura con sentido común: las dos partes tienen un trozo de razón. Las comunidades pueden rebajar estos impuestos por ley, pero una cesión que permite llevar un impuesto a cero convierte la residencia fiscal en un instrumento, y lo que recaudan estos impuestos (algo menos de 1.900 millones entre Patrimonio y grandes fortunas en 2023, según Hacienda, frente a los 129.000 del IRPF) es demasiado poco para resolver la financiación autonómica, pero demasiado simbólico para que ningún partido lo deje en paz.
Fuera de España: Europa casi lo abandonó y América Latina lo discute
España es una rareza. Según el repaso de la Tax Foundation (2024), solo tres países europeos mantienen un impuesto sobre el patrimonio neto: Noruega (1 % a partir de 1,7 millones de coronas y 1,1 % por encima de 20 millones), Suiza (cantonal) y España. Francia lo redujo en 2018 a un impuesto sobre la riqueza inmobiliaria (IFI, a partir de 1,3 millones de euros, hasta el 1,5 %), y Alemania, Suecia, Dinamarca o Austria suprimieron el suyo entre 1994 y 2007. En Sucesiones ocurre lo contrario: la mayoría de los países de la OCDE lo mantienen, con tipos de hasta el 45 % en Francia o el 40 % en el Reino Unido, aunque Portugal, Suecia o Austria lo abolieron.
En América Latina el impuesto a la riqueza es materia de ciclo político. Argentina tiene Bienes Personales desde 1991; el Gobierno de Javier Milei lo está desmontando con la Ley 27.743 (2024), que baja la alícuota máxima del 1,5 % de 2023 a una única del 0,25 % en 2027. Colombia hizo lo contrario: la reforma de Gustavo Petro (Ley 2277 de 2022) convirtió en permanente un impuesto al patrimonio del 0,5 % al 1,5 % a partir de 72.000 UVT, y el decreto de emergencia económica 1474 de diciembre de 2025 lo endureció para 2026, con el umbral en 40.000 UVT y un tipo máximo del 5 % por encima de 2 millones de UVT, pendiente del examen de la Corte Constitucional. México y Chile no tienen impuesto al patrimonio; Chile sí grava las herencias (hasta el 25 %) y México no.
Preguntas frecuentes
¿Quién paga el Impuesto sobre el Patrimonio en 2026? Quien supera el mínimo exento de su comunidad (700.000 euros más 300.000 de vivienda en la norma estatal) y vive donde no está bonificado.
¿En qué comunidades no se paga Patrimonio? Madrid, Andalucía, Extremadura, Cantabria, Murcia y La Rioja lo bonifican al 100 % hasta el umbral del impuesto estatal; Galicia, al 50 %.
¿Qué es el Impuesto a las Grandes Fortunas? Un impuesto estatal de 2022 sobre patrimonios de más de 3 millones de euros que cobra lo que las comunidades bonifican del Patrimonio.
¿Cuánto recauda el impuesto a las grandes fortunas? 623 millones de euros en el ejercicio 2022 y poco más de 35 en el de 2023, cuando Madrid y otras comunidades cambiaron sus bonificaciones.
¿Dónde se paga más por una herencia? En Asturias y, para herencias grandes, en Cataluña; en Madrid, Andalucía, Galicia o Baleares una herencia de padres a hijos queda casi exenta.
¿Qué es el «dumping fiscal»? La expresión del Gobierno para las rebajas autonómicas de Patrimonio y Sucesiones; Madrid y Andalucía la rechazan y la llaman competencia fiscal legítima.