La seguridad pública en España la prestan dos cuerpos estatales, la Policía Nacional, civil y urbana, y la Guardia Civil, de naturaleza militar y presente en el resto del territorio, junto a las policías autonómicas del País Vasco, Cataluña, Navarra y Canarias y las policías locales de los ayuntamientos. La Policía Nacional y la Guardia Civil sumaban 159.075 agentes en diciembre de 2025, según el Gobierno, y Eurostat contaba 379 policías por cada 100.000 habitantes en 2024, por encima de la mediana europea. La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reparte entre ellos las competencias y fija sus reglas comunes.
Esta página explica quién hace qué y cómo se coordinan, cuántos policías hay, las escalas y rangos de cada cuerpo, cuánto cobran y la equiparación salarial, los sindicatos y por qué la Guardia Civil no puede sindicarse ni hacer huelga. Repasa la historia desde la Policía Armada, la lucha contra ETA y los GAL, las leyes con sus votaciones, los casos judiciales que han marcado a la policía con su situación procesal, los debates abiertos y lo que propone cada partido ante las elecciones generales del 29 de noviembre. La última parte es una guía práctica: cómo opositar a cada cuerpo, a qué teléfono llamar, cómo denunciar y cómo funcionan las policías de otros países. El departamento del que dependen los cuerpos estatales tiene su ficha: el Ministerio del Interior. Todas las cifras llevan su fecha.
Qué son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
La Constitución dedica a la policía un artículo corto. El artículo 104 dice que «las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana», y encarga a una ley orgánica fijar sus funciones, sus principios de actuación y sus estatutos. El reparto territorial está en otros dos preceptos: el artículo 149.1.29 reserva al Estado la «seguridad pública», «sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas» en la forma que digan sus Estatutos, y el artículo 148.1.22 permite a las comunidades vigilar sus edificios y coordinar a las policías locales.
Esa ley orgánica es la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en vigor desde el 3 de abril de 1986 y vigente cuarenta años después con pocos retoques. Su artículo 1 parte de una idea: la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y la dirige el Gobierno, pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos «participan» en ella. Por eso el artículo 2 distingue tres niveles:
- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que dependen del Gobierno central: la Policía Nacional y la Guardia Civil;
- los cuerpos de policía de las comunidades autónomas: los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y la Policía Canaria;
- los cuerpos de policía de los ayuntamientos: la policía local o municipal.
La expresión que más se busca, «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», se refiere en sentido estricto solo a los dos primeros. El conjunto, con autonómicas y locales, son las «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». No forman parte de ellos el Centro Nacional de Inteligencia, que es un servicio de inteligencia sin funciones policiales, ni las Fuerzas Armadas, que se explican en la página sobre defensa y Fuerzas Armadas, ni la seguridad privada, que la ley obliga a colaborar con la policía (artículo 4).
Las reglas comunes a todos los cuerpos
La ley fija principios comunes a cualquier agente, sea guardia civil, mosso o policía municipal (artículos 5 a 8): «absoluta neutralidad política e imparcialidad», rechazo de la corrupción y de las órdenes que constituyan delito, uso de las armas solo ante «un riesgo racionalmente grave» para la vida propia o ajena, identificarse al detener y velar por los detenidos, y juramento o promesa de acatar la Constitución. Sus miembros son agentes de la autoridad.
Dos reglas los separan del resto de funcionarios: ningún policía puede hacer huelga ni «acciones sustitutivas» que alteren el servicio (artículo 6.8), y el cargo es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada. A cambio, el artículo 6.4 les reconoce «una remuneración justa» que tenga en cuenta su formación, su dedicación y «el riesgo que comporta su misión», un artículo que los sindicatos citan en el debate de la equiparación salarial.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre la Policía Nacional y la Guardia Civil? La Policía Nacional es civil y actúa en las ciudades; la Guardia Civil es militar y cubre el resto del territorio, tráfico, costas y fronteras.
¿Cuántos policías hay en España? La Policía Nacional y la Guardia Civil sumaban 159.075 agentes en diciembre de 2025, según el Gobierno, sin contar autonómicas ni locales.
¿Por qué la Guardia Civil no puede hacer huelga? Por su naturaleza militar: la ley le prohíbe la huelga y la sindicación, aunque admite asociaciones profesionales.
¿A qué número hay que llamar en una emergencia? Al 112, el teléfono único de emergencias; el 091 es la Policía Nacional y el 062, la Guardia Civil.
¿Qué es la equiparación salarial? El acuerdo de 2018 para acercar el sueldo de policías y guardias civiles al de las policías autonómicas, pagado en tres tramos.
¿Qué es la ley mordaza? El nombre que dan sus críticos a la Ley Orgánica 4/2015 de seguridad ciudadana; su reforma se debatió sin aprobarse entre 2023 y 2026.