Qué es
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el servicio de inteligencia de España: el organismo público, adscrito al Ministerio de Defensa, que obtiene, analiza y entrega al Gobierno la información necesaria para prevenir y evitar amenazas contra la seguridad del Estado, dentro y fuera del país. Lo dirige Esperanza Casteleiro Llamazares, secretaria de Estado directora desde el 10 de mayo de 2022, funcionaria de la casa con más de cuatro décadas de carrera que ya había sido su secretaria general. Su sede está en la avenida Padre Huidobro de Madrid, junto a la A-6.
El CNI equivale a lo que en otros países son la CIA y la NSA estadounidenses, el MI6 británico o la DGSE francesa, con una diferencia: en España un único centro reúne la inteligencia exterior, la contrainteligencia y la seguridad de la información clasificada. Su plantilla, su estructura interna y su presupuesto detallado tienen la clasificación de secreto; las estimaciones periodísticas hablan de unos 3.000 empleados y de un presupuesto de 337 millones de euros en los Presupuestos de 2023, prorrogados desde entonces, reforzado con 106 millones adicionales dentro del paquete de seguridad y defensa aprobado por el Gobierno en 2025.
Funciones y competencias
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, le encarga obtener, evaluar e interpretar información de inteligencia para proteger los intereses de España; prevenir y neutralizar el espionaje, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y las actividades de servicios extranjeros o de grupos que amenacen el orden constitucional; promover la cooperación con servicios aliados; velar por la seguridad de la información clasificada y coordinar la seguridad de los sistemas de comunicación del Estado.
De esa última función deriva el Centro Criptológico Nacional (CCN), integrado en el CNI, que certifica sistemas, emite las guías de seguridad de la Administración y gestiona el CCN-CERT, el equipo de respuesta a ciberincidentes del sector público. El CNI también acredita, a través de la Oficina Nacional de Seguridad, a las empresas y personas que manejan información clasificada de la OTAN y la UE.
Composición
Al frente del centro está la secretaria de Estado directora, asistida por un secretario general con rango de subsecretario, Luis García Terán, nombrado el 17 de diciembre de 2024. Por debajo se despliegan las direcciones de inteligencia, contrainteligencia, apoyo operativo, recursos y el CCN, aunque el organigrama detallado no es público. El personal es estatutario propio y se rige por un estatuto específico; una parte procede de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Gobierno fija cada año, mediante la Directiva de Inteligencia, los objetivos que el centro debe cubrir. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, presidida por un vicepresidente del Gobierno, prepara esa directiva y supervisa su cumplimiento.
Cómo se elige o nombra
El director del CNI es nombrado por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Defensa, con rango de secretario de Estado y un mandato de cinco años renovable, aunque el Gobierno puede cesarlo antes. Ese mandato tasado pretendía dar continuidad al centro al margen de los cambios de Gobierno, pero en la práctica los relevos han coincidido con crisis políticas: Alberto Saiz fue cesado en 2009, y Paz Esteban, la primera mujer en el puesto, fue destituida el 10 de mayo de 2022 tras el caso Pegasus.
Casteleiro, que había sido secretaria general con Félix Sanz Roldán y después secretaria de Estado de Defensa, fue nombrada ese mismo día. Su mandato ordinario de cinco años termina en mayo de 2027, por lo que corresponderá al Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre de 2026 decidir su renovación o relevo.
Marco legal
Tres normas vertebran el CNI. La Ley 11/2002 fija su naturaleza, funciones, principios y el sistema de control. La Ley Orgánica 2/2002, aprobada el mismo día, establece el control judicial previo: cualquier medida que afecte a la inviolabilidad del domicilio o al secreto de las comunicaciones debe autorizarla un magistrado del Tribunal Supremo designado para ello, por un plazo máximo de 24 horas en el domicilio y tres meses en las comunicaciones, prorrogables. Y la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, todavía vigente, ampara la clasificación de su actividad.
El control parlamentario corre a cargo de la comisión del Congreso que controla los créditos destinados a gastos reservados, conocida como comisión de secretos oficiales, ante la que comparece el director a puerta cerrada. El Tribunal de Cuentas fiscaliza sus cuentas y el Defensor del Pueblo puede supervisar su actuación.
Historia y evolución
El origen del servicio está en el SECED, creado en 1972 por Carrero Blanco, y en el CESID, que lo sustituyó en 1977 ya en la Transición. El CESID arrastró escándalos como el de los papeles sobre los GAL y las escuchas ilegales de 1995, que forzaron la dimisión de su director, Emilio Alonso Manglano, y del vicepresidente Narcís Serra. La reforma de 2002, impulsada por el Gobierno de José María Aznar tras el 11-S, convirtió el CESID en el CNI con una ley propia y control judicial.
Desde entonces el centro ha estado marcado por la lucha antiterrorista (11-M, yihadismo), el espionaje ruso y chino y, en 2022, por el caso Pegasus: el espionaje con ese programa a dirigentes independentistas catalanes, parte de él con autorización judicial, y la infección de los móviles del presidente Sánchez y la ministra Robles costaron el puesto a Paz Esteban. En marzo de 2026 un juzgado de instrucción de Barcelona que investiga el espionaje a tres exdiputados de la CUP pidió al Consejo de Ministros desclasificar documentos y anunció que tomaría declaración a Casteleiro.
El CNI en 2026: la crisis de Ceuta y la ley de secretos pendiente
El episodio que ha puesto al CNI en el centro del debate en 2026 es la crisis de Ceuta. Entre el 30 y el 31 de julio unas 72.000 personas entraron de forma irregular en la ciudad desde Marruecos, el mayor episodio registrado en esa frontera. En agosto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó en el Congreso que el centro "hizo el trabajo" y compartió sus análisis con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno, mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no existió ningún "informe" que anticipara una entrada masiva. El choque obligó a Moncloa a mediar.
En septiembre el Gobierno desclasificó cuarenta documentos de julio, tres de ellos del CNI. Muestran que el 27 de julio el centro advirtió del aumento de la presión migratoria y que el 29 de julio, por mensaje y llamada a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, alertó de convocatorias en redes para un "asalto" por la valla y a nado, con unos 180.000 seguidores en dos grupos. Ningún documento cifró la magnitud final. El 16 de septiembre el Congreso reprobó a Grande-Marlaska. El 14 de octubre el CNI remitió a la Audiencia Nacional un informe de 22 páginas que la jueza María Tardón ha incorporado a la instrucción sobre la entrada masiva; según ese informe, las autoridades marroquíes conocían la operación.
En paralelo, el proyecto de Ley de Información Clasificada, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2025 para sustituir la ley de 1968 (con plazos máximos de clasificación de 45 años, ampliables a 60, y una Autoridad Nacional dependiente del Ministerio de la Presidencia), no llegó a aprobarse: la disolución de las Cortes del 6 de octubre de 2026 hizo caducar su tramitación. La reforma del control del CNI, prometida por Sánchez tras Pegasus en 2022, queda también para la próxima legislatura.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el CNI y qué hace? Es el servicio de inteligencia de España, dependiente del Ministerio de Defensa, que obtiene y analiza información para prevenir amenazas contra la seguridad del Estado y protege la información clasificada y las comunicaciones oficiales.
¿Quién dirige el CNI en 2026? Esperanza Casteleiro, secretaria de Estado directora desde el 10 de mayo de 2022, cuyo mandato de cinco años vence en mayo de 2027.
¿Puede el CNI pinchar teléfonos? Solo con autorización previa de un magistrado del Tribunal Supremo, según la Ley Orgánica 2/2002, por plazos tasados y prorrogables.
¿Cuánto cuesta y cuántos agentes tiene? Las cifras exactas son secretas; las estimaciones hablan de unos 3.000 empleados y un presupuesto de 337 millones de euros en 2023, reforzado con 106 millones más en 2025.
¿Qué ha pasado con el CNI y Ceuta? Los documentos desclasificados en septiembre de 2026 muestran que avisó el 29 de julio de convocatorias para una entrada masiva, un día antes de que unas 72.000 personas cruzaran la frontera; el 14 de octubre entregó un informe a la Audiencia Nacional.