Qué es
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana regula qué puede hacer la policía en la calle y qué conductas se sancionan por la vía administrativa, sin pasar por un juez: identificaciones, cacheos, manifestaciones, consumo de drogas en la vía pública, desobediencia a los agentes o faltas de respeto. Sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992 (la «ley Corcuera») y está en vigor desde el 1 de julio de 2015. Sus detractores (PSOE, Podemos, ERC, EH Bildu, Amnistía Internacional y la plataforma No Somos Delito) la bautizaron como «ley mordaza»; sus defensores la llaman por su nombre.
La aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy con la mayoría absoluta del PP: el Congreso de los Diputados la votó el 11 de diciembre de 2014 por 181 votos a favor y 141 en contra, el Senado introdujo retoques y el Congreso la ratificó el 26 de marzo de 2015 con los mismos 181 votos, los del PP, frente a toda la oposición. Once años después sigue íntegra, salvo un retoque del DNI y una expresión anulada por el Tribunal Constitucional; tres intentos de reformarla han fracasado, el último al disolverse las Cortes el 6 de octubre de 2026.
Qué dice
La ley tiene cinco capítulos. Los artículos que más se consultan están en el régimen sancionador (capítulo V):
- Infracciones muy graves (artículo 35, multa de 30.001 a 600.000 euros): manifestaciones no comunicadas en infraestructuras críticas, explosivos, espectáculos prohibidos, deslumbrar con láser a pilotos o conductores.
- Infracciones graves (artículo 36, 23 supuestos, de 601 a 30.000 euros): manifestaciones ante el Congreso, el Senado o las asambleas autonómicas que perturben su funcionamiento (36.2); desobediencia o resistencia a la autoridad, negativa a identificarse o dar datos falsos (36.6); consumo o tenencia de drogas en lugares públicos (36.16); uso de imágenes o datos de los agentes que pueda poner en peligro su seguridad o una operación, «con respeto al derecho fundamental a la información» (36.23).
- Infracciones leves (artículo 37, 17 supuestos, de 100 a 600 euros): manifestaciones sin comunicar (37.1), incumplir las restricciones de circulación en actos públicos (37.3), faltas de respeto y consideración a un agente (37.4), ocupación de inmuebles (37.7), animales peligrosos sueltos, consumo de alcohol en la vía pública cuando perturbe la tranquilidad.
- Potestades policiales (capítulos II y III): obligación de llevar el DNI y de identificarse, traslado a comisaría para identificar hasta seis horas (artículo 16), registros corporales externos (artículo 20).
- Devoluciones en caliente: la disposición final primera añadió a la Ley de Extranjería un régimen especial para Ceuta y Melilla que permite «rechazar en frontera» a quien sea detectado intentando superar las vallas. Entró en vigor el 1 de abril de 2015.
Marco legal
La ley es orgánica porque afecta a derechos fundamentales de la Constitución: reunión y manifestación (artículo 21), intimidad (18), información (20) y legalidad sancionadora (25). Según la ficha consolidada del BOE, solo se ha modificado una vez, el artículo 8.1 sobre el DNI, por el Real Decreto-ley 14/2019.
La STC 172/2020, de 19 de noviembre, resolvió el recurso de 97 diputados del PSOE, 11 de La Izquierda Plural, 4 de UPyD y 2 del Grupo Mixto: anuló la expresión «no autorizado» del artículo 36.23 (grabar a un policía no requiere permiso; solo se sanciona el uso que ponga en peligro su seguridad), dio interpretaciones conformes a los artículos 36.23, 37.3 y 37.7 y avaló el rechazo en frontera a condición de que se aplique a entradas individualizadas, con control judicial pleno y respeto a las obligaciones internacionales. Desestimó el resto, incluidos los artículos 36.6 y 37.4. La magistrada María Luisa Balaguer discrepó en voto particular sobre las devoluciones en caliente. La STC 13/2021, de 28 de enero, resolvió un segundo recurso con el mismo criterio.
La reforma de la ley exige mayoría absoluta del Congreso, y ahí han encallado todos los intentos:
| Legislatura | Iniciativa | Desenlace |
|---|---|---|
| 2016-2019 | Proposiciones del PNV y del PSOE admitidas a trámite el 21 de marzo de 2017 con el voto en contra del PP | Caducaron con la disolución de 2019. |
| 2019-2023 | Proposición del PNV negociada por PSOE y Unidas Podemos | Rechazada en la Comisión de Interior el 14 de marzo de 2023 por 19 votos (PP, Vox, Cs, ERC, Junts, UPN y EH Bildu) contra 18 (PSOE, UP y PNV). |
| 2023-2026 | Proposición de PSOE, Sumar, EH Bildu y PNV registrada el 4 de octubre de 2024 | Enmiendas cerradas el 19 de diciembre de 2024; la ponencia nunca se reunió; decayó el 6 de octubre de 2026. |
Aplicación práctica
Las cifras oficiales son las del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. Según los datos de 2023 publicados por Europa Press en agosto de 2024, ese año se impusieron 284.512 sanciones por 174 millones de euros: 130 millones por drogas (el 74 %), 20 por armas y explosivos y 23 por seguridad ciudadana en sentido estricto. El artículo 36.6 (desobediencia) generó 18.893 multas por 12,3 millones, y el 37.4 (faltas de respeto), 22.260 multas por 4,3 millones. Amnistía Internacional calculaba en marzo de 2025 más de 429.000 sanciones de seguridad ciudadana entre 2015 y 2023, sin contar drogas y armas, más del 76 % de ellas por los artículos 36.6 y 37.4.
El acuerdo que debía acabar con la ley lo anunció EH Bildu el 3 de octubre de 2024: sustitución progresiva de las pelotas de goma, desobediencia y faltas de respeto rebajadas a infracción leve y una reforma de la Ley de Extranjería para acabar con las devoluciones en caliente. Dieciocho sindicatos y asociaciones policiales, Jupol entre ellos, convocaron una concentración ante el Congreso para el 6 de noviembre de 2024. El texto no salió de la Comisión de Interior: en febrero de 2026 Público contaba más de 500 días con la proposición en el cajón, y Moncloa.com daba la reforma por muerta el 28 de octubre de 2026 porque los siete grupos necesarios nunca coincidieron en un texto. Tras las generales del 29 de noviembre de 2026, cualquier reforma deberá empezar de cero.
Críticas y debates
Quienes la llaman «mordaza» sostienen que los artículos 36.6 y 37.4 son tan vagos que permiten sancionar la protesta pacífica y que el 36.23 disuade de grabar actuaciones policiales. Amnistía Internacional, Greenpeace, CGT, Irídia, Rights International Spain y Red Acoge reclamaron en marzo de 2025 prohibir el perfilado racial en las identificaciones, eliminar el rechazo en frontera, reformar el 36.6 y el 37.4, suprimir el 36.23 y regular el material antidisturbios. ERC y EH Bildu tumbaron la reforma de 2023 porque, en palabras de Jon Iñarritu, no serían «responsables de una "ley mordaza light"» que mantenía las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.
Sus defensores niegan que haya recortado libertades. El PP votó contra las reformas de 2017 y 2023 porque, según su portavoz Rafael Hernando, la ley «no ha generado problemas», y en octubre de 2024 Borja Sémper calificó el pacto con EH Bildu como «la línea que le faltaba por cruzar al Gobierno de Sánchez», Ana Vázquez lo llamó «ley de la impunidad» y prometió derogar la reforma si el PP gobierna. Vox votó también contra la reforma de 2023. Los sindicatos policiales son el otro gran apoyo: Jupol sostiene que el acuerdo con Bildu «pone en riesgo la seguridad de los policías y dinamita el principio de autoridad».
Preguntas frecuentes
¿Qué es la «ley mordaza»? El nombre que oposición y ONG dan a la Ley Orgánica 4/2015, que regula la actuación policial y las multas por protestas, desobediencia o drogas.
¿Cuánto son las multas de la ley de seguridad ciudadana? De 100 a 600 euros las leves, de 601 a 30.000 las graves y de 30.001 a 600.000 las muy graves.
¿Es legal grabar a la policía? Sí: el Constitucional anuló en 2020 la expresión «no autorizado»; solo se sanciona el uso de imágenes que ponga en peligro a los agentes.
¿Se ha reformado la ley mordaza? No: solo cambió el artículo del DNI en 2019; las reformas de 2017, 2023 y 2024 fracasaron, la última al disolverse las Cortes.
¿Qué dijo el Tribunal Constitucional de las devoluciones en caliente? Las avaló en la STC 172/2020 si se aplican de forma individualizada, con control judicial y respeto a las obligaciones internacionales.