Qué es
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) fija las reglas del trato entre cualquier persona y cualquier Administración: cómo se presenta una solicitud, qué plazo tiene el Estado, una comunidad o un ayuntamiento para contestar, qué pasa si no contesta (el silencio administrativo), cómo se recurre una decisión y cuándo un acto es nulo. Rige desde la multa de tráfico hasta la beca, y también la forma en que el Gobierno prepara sus leyes y reglamentos.
La aprobaron las Cortes Generales en la X Legislatura, con la mayoría absoluta del PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, junto con la Ley 40/2015, que regula la organización del sector público; las dos sustituyeron a la Ley 30/1992. El proyecto entró en el Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 2015; el Pleno rechazó el 25 de junio las enmiendas de devolución del PSOE, La Izquierda Plural y CiU por 174 votos frente a 135, y la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas lo aprobó con competencia legislativa plena el 16 de julio. Se publicó en el BOE el 2 de octubre de 2015 y entró en vigor un año después. Su parte más ambiciosa, la administración electrónica, se aplazó tres veces y solo produce efectos desde el 2 de abril de 2021.
Cómo funciona
La ley tiene 133 artículos en un título preliminar y seis títulos:
| Título | Artículos | Qué regula |
|---|---|---|
| I. Interesados | 3-12 | Capacidad, interesado, representación, identificación electrónica |
| II. Actividad de las Administraciones | 13-33 | Derechos, registros, obligación de resolver, silencio, plazos |
| III. Actos administrativos | 34-52 | Motivación, notificaciones, nulidad y anulabilidad |
| IV. Procedimiento común | 53-105 | Iniciación, instrucción, prueba, audiencia, finalización |
| V. Revisión en vía administrativa | 106-126 | Revisión de oficio y recursos |
| VI. Iniciativa legislativa y reglamentos | 127-133 | Buena regulación y consulta pública |
Los artículos que más se consultan:
- Plazo para resolver (art. 21). El que fije la norma de cada procedimiento, nunca superior a seis meses salvo ley o norma europea; si no fija ninguno, tres meses.
- Cómputo (art. 30). Los plazos en días son hábiles y excluyen sábados, domingos y festivos; los de meses se cuentan de fecha a fecha desde el día siguiente a la notificación. La ley no declara inhábil agosto.
- Silencio administrativo (arts. 24-25). Si el interesado inició el procedimiento y no hay respuesta en plazo, la solicitud se entiende estimada, salvo que una ley o una norma europea digan lo contrario. Es desestimatorio en el derecho de petición, en la cesión de facultades sobre el dominio o el servicio público, en el medio ambiente, en la responsabilidad patrimonial, en los recursos y en la revisión de oficio; si tampoco se resuelve la alzada contra una desestimación presunta, el recurso se entiende estimado. En los sancionadores el silencio produce la caducidad.
- Nulidad y anulabilidad (arts. 47-48). Son nulos de pleno derecho los actos que lesionan derechos fundamentales, los de órgano manifiestamente incompetente, los de contenido imposible, los constitutivos de delito, los que prescinden por completo del procedimiento y los reglamentos contrarios a la Constitución o a las leyes; cualquier otra infracción hace el acto anulable.
- Recursos (arts. 112-126). El recurso de alzada se interpone en un mes ante el superior jerárquico y se resuelve en tres meses; el recurso de reposición es potestativo, se presenta en un mes ante el mismo órgano y se resuelve en un mes; después queda el contencioso-administrativo. La revisión de oficio (art. 106) anula en cualquier momento los actos nulos, con dictamen del Consejo de Estado.
- Hacer leyes (arts. 127-133). Principios de buena regulación (art. 129) y consulta pública previa en la web antes de redactar cada anteproyecto o reglamento (art. 133).
Marco legal
La Constitución reserva al Estado el procedimiento administrativo común (art. 149.1.18.ª), por lo que esta ley ordinaria vincula a todas las Administraciones. Derogó la Ley 30/1992, la Ley 11/2007 de acceso electrónico y los reglamentos de responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora de 1993.
La Generalitat de Cataluña la recurrió por invasión de competencias. La STC 55/2018, de 24 de mayo, anuló el párrafo segundo del artículo 6.4, dos incisos del artículo 129.4 y el apartado segundo de la disposición final primera, y declaró que los artículos 129 (salvo dos párrafos), 130, 132 y 133 no se aplican a las iniciativas normativas de las comunidades autónomas. La STC 110/2018 desestimó un segundo recurso contra los artículos 1 y 127 a 133.
Según la ficha consolidada del BOE (última actualización, 6 de noviembre de 2024; sin cambios en 2025 ni 2026), las reformas han sido: el Real Decreto-ley 11/2018, el Real Decreto-ley 28/2020 y la Ley 10/2021, que aplazaron la administración electrónica; la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos (art. 28); el Real Decreto-ley 14/2019 (arts. 9 y 10, identificación electrónica); el Real Decreto-ley 6/2022 (art. 32); las leyes 11/2022 y 15/2022; el Real Decreto-ley 18/2022, y el Real Decreto-ley 6/2024. El Real Decreto 203/2021 aprobó el reglamento de actuación por medios electrónicos.
Aplicación práctica
- Dana de Valencia. El Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, añadió la disposición adicional novena: el Consejo de Ministros puede suspender los plazos administrativos de los vecinos de una zona afectada gravemente por una emergencia.
- El silencio como arma. La Fundación Civio pidió en 2018 el código fuente de BOSCO, el programa que decide quién cobra el bono social eléctrico; la petición fue denegada por silencio, la Audiencia Nacional la rechazó en abril de 2024 y el Tribunal Supremo (sentencia 1119/2025, de septiembre de 2025) ordenó entregarlo. En agosto de 2026 el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación R/0896/2026 sobre el expediente desclasificado del espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez, en la que Defensa tampoco había respondido en plazo.
- Reforma caducada. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de junio de 2022 (asunto C-278/20) obligó a revisar la responsabilidad del Estado legislador. El Gobierno presentó el 9 de octubre de 2025 el proyecto de modificación parcial de las leyes 39/2015 y 40/2015 (121/000071), que caducó el 6 de octubre de 2026 con la disolución de las Cortes.
- Consulta pública. El anteproyecto de Ley de Administración Abierta, aprobado el 7 de octubre de 2025, estuvo en audiencia pública hasta el 17 de noviembre de 2025, como manda el artículo 133.
Críticas y debates
El primer debate fue competencial: PSOE, La Izquierda Plural y CiU pidieron en 2015 la devolución del proyecto, y la Generalitat de Cataluña logró en 2018 que el Tribunal Constitucional dejara fuera de las comunidades buena parte del título VI.
El segundo es la administración electrónica: la obligación de relacionarse por medios electrónicos entró en vigor en 2016, pero las herramientas que debían hacerla posible se aplazaron hasta 2021.
El tercero es el silencio: la regla general favorece al ciudadano, pero otras leyes la invierten, empezando por la de transparencia. En la consulta sobre la Ley de Administración Abierta, Civio y Access Info Europe pidieron en 2025 que el acceso a la información fuera un derecho fundamental; el anteproyecto mantuvo el silencio negativo. El cuarto es el coste de los errores del legislador: la reforma exigida por el Tribunal de Justicia de la UE en 2022 lleva cuatro años pendiente.
Preguntas frecuentes
¿Qué regula la Ley 39/2015? El procedimiento administrativo común: la relación de los ciudadanos con cualquier Administración, los plazos, el silencio, las notificaciones, la nulidad y los recursos.
¿Qué plazo tiene la Administración para resolver según la Ley 39/2015? El que fije la norma de cada procedimiento, con un máximo de seis meses; si no fija ninguno, tres meses.
¿Es agosto inhábil en el procedimiento administrativo? No: la Ley 39/2015 solo excluye del cómputo los sábados, los domingos y los festivos del calendario oficial.
¿Qué es el silencio administrativo positivo? Que una solicitud no contestada en plazo se entiende concedida; es la regla general, salvo que una ley o una norma europea fijen el silencio negativo.
¿Cuánto tiempo hay para recurrir una resolución administrativa? Un mes para el recurso de alzada o el de reposición si el acto es expreso; contra un acto presunto puede recurrirse en cualquier momento.