Qué es
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) es la ley que fija cómo actúa Hacienda frente al contribuyente: qué obligaciones tiene quien paga impuestos, cuánto tarda en prescribir una deuda, cómo se inspecciona, qué recargos y sanciones se aplican, cómo se recurre y qué pasa cuando el fraude llega a delito. No crea ningún impuesto: es el reglamento común de todos ellos, estatales, autonómicos y locales, que luego desarrolla cada ley particular (IRPF, IVA, Sociedades).
Se publicó en el BOE el 18 de diciembre de 2003 y entró en vigor el 1 de julio de 2004. La aprobaron las Cortes de la VII Legislatura con el Gobierno de José María Aznar y Cristóbal Montoro en Hacienda, y derogó la Ley General Tributaria de 1963 y la Ley 1/1998 de derechos y garantías de los contribuyentes. Su versión vigente es la de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre; en 2025 y 2026 no ha tenido modificaciones. Las dos grandes reformas fueron la Ley 34/2015, con Montoro de nuevo en Hacienda, que creó la lista de morosos, y la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude, del Gobierno de Pedro Sánchez, que prohibió las amnistías fiscales.
La aplica la Agencia Tributaria y, en sus tributos, las comunidades y los ayuntamientos.
Qué dice
La ley tiene siete títulos: principios (I), tributos y deuda (II), aplicación (III), sanciones (IV), revisión (V) y, desde 2015, delito fiscal (VI) y recuperación de ayudas de Estado (VII). Los artículos más buscados:
- Prohibición de amnistías (artículo 3.1). Desde 2021 «se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal» que reduzca la deuda devengada.
- Recargos por presentar tarde sin requerimiento (artículo 27). Un 1 % más otro 1 % por cada mes completo de retraso; pasados doce meses, el 15 % más intereses de demora. Excluyen la sanción.
- Prescripción (artículos 66 y 67). Cuatro años para que Hacienda liquide o cobre y para que el contribuyente pida devoluciones, desde el fin del plazo de declaración; cualquier actuación notificada interrumpe el plazo. El artículo 66 bis permite comprobar durante diez años las bases, cuotas y deducciones pendientes de compensar.
- Secreto fiscal y lista de morosos (artículos 95 y 95 bis). Los datos tributarios son reservados, pero la Agencia Tributaria publica cada año la lista de deudores con más de 600.000 euros pendientes, no aplazados ni suspendidos, a 31 de diciembre del año anterior, incluidos los responsables solidarios.
- Inspección (artículo 150). Las actuaciones deben concluir en 18 meses (27 en empresas auditadas o grupos consolidados).
- Infracciones (artículos 191 a 206). Dejar de ingresar, obtener devoluciones indebidas o no declarar es infracción leve, grave o muy grave según la cuantía, la ocultación y los medios fraudulentos; la multa por dejar de ingresar va del 50 % al 150 %.
- Delito fiscal (artículos 250 y siguientes). Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros del Código Penal, Hacienda pasa el tanto de culpa al juez pero sigue liquidando y cobrando la deuda.
Marco legal
La ley desarrolla el artículo 31 de la Constitución (todos contribuyen según su capacidad económica, con un sistema progresivo y no confiscatorio) al amparo del artículo 149.1.14.ª. Es ley ordinaria: cualquier mayoría simple puede reformarla, y se retoca casi cada año en las leyes de presupuestos o de medidas fiscales. Las reformas principales:
| Norma | Qué cambió |
|---|---|
| Ley 7/2012, de 29 de octubre | Límite a los pagos en efectivo y declaración de bienes en el extranjero (modelo 720) |
| Ley 34/2015, de 21 de septiembre | Lista de morosos, comprobación de diez años, títulos VI y VII |
| Ley 11/2021, de 9 de julio | Prohibición de amnistías, umbral de la lista a 600.000 euros, recargos del 1 % mensual, software de doble uso, efectivo limitado a 1.000 euros |
| Ley 5/2022, de 9 de marzo | Suaviza el modelo 720 tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 27 de enero de 2022 |
| Ley 7/2024, de 20 de diciembre | Plazo de inspección de 27 meses para el Impuesto Complementario |
El Tribunal Constitucional, en la STC 73/2017, de 8 de junio, declaró inconstitucional la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, la «declaración tributaria especial» del Gobierno de Mariano Rajoy conocida como amnistía fiscal, por aprobar por decreto-ley una medida que afectaba al deber de contribuir, con el alcance limitado de su fundamento jurídico 6. La respuesta legislativa fue el artículo 3.1 de 2021.
Aplicación práctica
La lista de morosos publicada el 30 de junio de 2026, con datos a 31 de diciembre de 2025, recogió 5.853 deudores con 15.432 millones de euros pendientes: 1.111 personas físicas (1.680 millones) y 4.742 empresas (13.752 millones), un 2,4 % menos de deudores y un 4,4 % menos de deuda que la lista de 2025.
El caso más político de 2026 afecta al ministro que firmó la ley. Un juzgado de instrucción de Tarragona investiga desde 2018 (el secreto se levantó en julio de 2025) si el despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro antes de volver al Gobierno, cobró de cinco empresas de gases industriales 779.705 euros entre 2011 y 2019 a cambio de rebajas fiscales, entre ellas en el Impuesto Especial sobre la Electricidad; en febrero de 2026 la Agencia Tributaria elevó esos pagos a un millón. Hay una treintena de investigados, entre ellos el exsecretario de Estado Miguel Ferré, por presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad. En agosto de 2026 el juez prorrogó la instrucción hasta julio de 2027 sin haber citado al exministro, y el 22 de septiembre la Audiencia de Tarragona señaló que un traslado de la causa a Madrid lo decidiría el Tribunal Supremo. Todos mantienen la presunción de inocencia.
También está pendiente de juicio, sin fecha en julio de 2026 según El País, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal: la causa es penal, pero nació de un procedimiento de esta ley.
Críticas y debates
El debate más duradero es el de las amnistías. El Gobierno de Rajoy defendió en 2012 la declaración especial como medida excepcional contra el déficit; el Constitucional la tumbó en 2017 y la Ley 11/2021, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cerró la puerta por ley: repetirla exigiría derogar antes el artículo 3.1.
El segundo es el equilibrio entre prescripción y comprobación: los cuatro años del artículo 66 conviven desde 2015 con los diez del 66 bis, lo que permite revisar deducciones de ejercicios muy antiguos. El tercero es la lista de morosos, que desde 2021 incluye a los responsables solidarios pero deja fuera las deudas recurridas y suspendidas, de modo que los grandes litigios no aparecen.
Y el cuarto es el control informático del fraude: el artículo 201 bis y el reglamento Verifactu (Real Decreto 1007/2023) obligan a usar programas de facturación certificados, pero el Real Decreto-ley 15/2025 retrasó su exigencia a 2027.
Preguntas frecuentes
¿Qué regula la Ley 58/2003? Las reglas comunes de todos los impuestos: obligaciones del contribuyente, prescripción, gestión, inspección, recaudación, sanciones, recursos y actuación de Hacienda cuando hay delito fiscal.
¿Cuándo prescribe una deuda con Hacienda? A los cuatro años desde el fin del plazo de declaración; cualquier actuación notificada lo interrumpe y las deducciones pueden comprobarse durante diez años.
¿Quién sale en la lista de morosos? Quien deba más de 600.000 euros a 31 de diciembre sin aplazar ni suspender, incluidos los responsables solidarios; la lista de 2026 tenía 5.853 nombres.
¿Puede un Gobierno aprobar otra amnistía fiscal? No sin cambiar la ley: desde 2021 el artículo 3.1 prohíbe cualquier regularización extraordinaria, después de que el Constitucional anulara la de 2012.
¿Cuánto es la sanción por no ingresar un impuesto? Del 50 % al 150 % de lo no ingresado según la gravedad; quien regulariza antes de que Hacienda actúe paga solo recargos.