Qué es
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) es la ley que organiza los ayuntamientos, las diputaciones y los cabildos y consejos insulares: qué son el municipio, la provincia y la isla, qué órganos los gobiernan, qué competencias tienen, qué servicios deben prestar y cómo se relacionan con el Estado y las comunidades autónomas. Rige en los 8.132 municipios que contaba el INE en 2025.
Se publicó en el BOE el 3 de abril de 1985 y entró en vigor el 23 de abril. La aprobaron las Cortes de la II Legislatura, con mayoría absoluta del PSOE y Felipe González en el Gobierno, para desarrollar la autonomía local de los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución. Sus reformas de fondo son la Ley 11/1999 (Pacto Local, con José María Aznar), la Ley 57/2003, que creó el régimen de los municipios de gran población, y la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la reforma de Cristóbal Montoro que el Tribunal Constitucional recortó en nueve sentencias. La última modificación es la Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada el 3 de octubre de 2026.
Las elecciones municipales y la moción de censura al alcalde están en la LOREG; esta ley fija qué puede hacer un alcalde sin pasar por el pleno y qué servicios puede exigir un vecino.
Cómo funciona
La ley tiene once títulos: el II (artículos 11 a 30) regula el municipio, el III la provincia y el X (121 a 138), añadido en 2003, los municipios de gran población. Lo más consultado:
- Órganos (artículos 19 a 23). En todos los municipios existen el alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno; la Junta de Gobierno Local es obligatoria por encima de 5.000 habitantes. El pleno controla al gobierno municipal y aprueba el presupuesto, las ordenanzas, el planeamiento y la plantilla; el alcalde dirige el gobierno, preside el pleno, es jefe del personal y de la policía local, dicta bandos y concede licencias.
- Cuántos concejales tiene un municipio. Lo fija el artículo 179 de la LOREG: 3 hasta 100 residentes, 5 hasta 250, 7 hasta 1.000, 9 hasta 2.000, 11 hasta 5.000, 13 hasta 10.000, 17 hasta 20.000, 21 hasta 50.000, 25 hasta 100.000 y, a partir de ahí, uno más por cada 100.000 residentes o fracción, sumando otro si el total sale par.
- Cómo se elige el alcalde. Según el artículo 196 de la LOREG, son candidatos los cabezas de lista; es alcalde quien logra la mayoría absoluta de los concejales y, si nadie la alcanza, el de la lista más votada. Se le destituye por moción de censura (artículo 197), firmada por la mayoría absoluta de los concejales con un candidato alternativo.
- Competencias propias (artículo 25). Urbanismo, medio ambiente urbano, agua, vías públicas, exclusión social, policía local, tráfico y transporte urbano, turismo, mercados, cementerios, deporte, cultura, igualdad y, desde 2026, comunidades energéticas y accesibilidad. Solo una ley puede atribuirlas (artículo 7.2); cualquier otra exige informes de que no hay duplicidad ni riesgo financiero (artículo 7.4).
- Servicios obligatorios (artículo 26). En todos los municipios: alumbrado, cementerio, residuos, limpieza viaria, agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación. Más de 5.000 habitantes: parque, biblioteca y tratamiento de residuos; más de 20.000: protección civil, servicios sociales, bomberos e instalaciones deportivas; más de 50.000: transporte urbano y medio ambiente urbano.
- Gran población (artículo 121). El Título X rige en los municipios de más de 250.000 habitantes, las capitales de provincia de más de 175.000, las capitales autonómicas y, si lo decide el parlamento autonómico, los de más de 75.000 con circunstancias especiales. Secretaría, intervención y tesorería están reservadas a funcionarios con habilitación nacional (artículo 92 bis).
Marco legal
Es una ley ordinaria dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución; las comunidades la desarrollan con sus leyes de régimen local y las haciendas locales tienen texto refundido propio (Real Decreto Legislativo 2/2004). Además de las reformas de 1999, 2003 y 2013, la han retocado el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre (disposición adicional 18: facultades de Cataluña sobre los habilitados nacionales), el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo (comunidades energéticas), el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, y la Ley 4/2026 (accesibilidad).
De la reforma de 2013, el Constitucional anuló en la STC 41/2016, de 3 de marzo, el artículo 57 bis (retención de ingresos a las comunidades morosas con los ayuntamientos) y el traspaso forzoso a las comunidades de la sanidad, la educación y los servicios sociales municipales; en la STC 111/2016, que Hacienda decidiera cómo prestar los servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes; y en la STC 54/2017, el tope al personal eventual. En noviembre de 2026 siguen abiertos el recurso 1586/2026 del PP contra la disposición adicional 18 (admitido el 25 de marzo de 2026) y el 2440/2025 sobre los habilitados nacionales en el País Vasco, cuya redacción de 2021 ya anuló la STC 67/2024.
Aplicación práctica
La ley se ve en cada cambio de alcalde fuera de las urnas. El 2 de junio de 2026 fracasó en Cartagena la moción de censura contra Noelia Arroyo (PP) promovida por Movimiento Ciudadano, el PSOE, Sí Cartagena y dos concejales que habían dejado Vox: tenía las 14 firmas de la mayoría absoluta, pero los exconcejales de Vox las retiraron y el pleno la rechazó por 13 votos a 12. El 28 de octubre de 2026, en Algeciras, doce concejales del PP y tres de Vox destituyeron al alcalde José Ignacio Landaluce (PP), investigado por presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos militantes, y eligieron a Jacinto Muñoz (PP) con 15 votos, 7 abstenciones del PSOE y 2 en contra. Que concejales del grupo del alcalde firmen sin mayoría reforzada es posible desde la STC 134/2025, de 10 de junio.
El Real Decreto-ley 15/2025 permitió además gastar el superávit de 2024 en inversiones financieramente sostenibles hasta 2027. Las próximas municipales, en mayo de 2027, renovarán todos los plenos.
Críticas y debates
El primero es el de las competencias impropias: los ayuntamientos prestan servicios (escuelas infantiles, empleo, vivienda) que la ley no les atribuye. La Ley 27/2013 quiso cerrar la lista con el principio «una Administración, una competencia»; el Constitucional mantuvo el esquema pero anuló las piezas que vaciaban la autonomía local, y quién financia lo que los municipios ya hacen sigue sin respuesta.
El segundo son los habilitados nacionales: cada vez que una norma traslada sus facultades a una comunidad (País Vasco en 2021 y 2025, Cataluña en 2025), el PP acude al Constitucional.
El tercero es el transfuguismo: la LOREG endureció en 2011 las mociones firmadas por concejales del grupo del alcalde, pero el Constitucional desmontó ese blindaje en las STC 151/2017 y 134/2025, y la estabilidad local vuelve a depender de los pactos antitransfuguismo entre partidos.
Preguntas frecuentes
¿Qué regula la Ley 7/1985? La organización, las competencias y los servicios obligatorios de municipios, provincias e islas, incluido el régimen de gran población.
¿Cuántos concejales tiene un municipio? Lo fija el artículo 179 de la LOREG: de 3 concejales hasta 100 residentes a 25 hasta 100.000, y uno más por cada 100.000 adicionales.
¿Cómo se elige y se destituye al alcalde? Lo eligen los concejales entre los cabezas de lista por mayoría absoluta, o es el más votado; lo destituye una moción de censura.
¿Qué servicios está obligado a prestar un ayuntamiento? Alumbrado, cementerio, residuos, limpieza, agua, alcantarillado y pavimentación en todos; biblioteca, servicios sociales, bomberos o transporte urbano según supere 5.000, 20.000 o 50.000 habitantes.
¿Qué quedó de la reforma Montoro de 2013? Las competencias tasadas y la sostenibilidad financiera; el Constitucional anuló el artículo 57 bis, el traspaso forzoso de servicios y la tutela de Hacienda.