Los casos judiciales que han marcado a la policía
En todos los casos que siguen rige la presunción de inocencia: nadie es culpable hasta que lo declara una sentencia firme, y las peticiones de pena de la Fiscalía son solo eso.
La operación Kitchen
La operación Kitchen es, según la acusación, un «operativo parapolicial» montado desde la cúpula de Interior en 2013 para quitar al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para el partido, con un chófer de Bárcenas como confidente pagado. La investigó en la Audiencia Nacional el juez Manuel García-Castellón, que en 2021 dejó fuera de la causa a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. El juicio, ante la Sección Cuarta presidida por Teresa Palacios, empezó el 6 de abril de 2026 y quedó visto para sentencia a finales de julio tras más de un centenar de testigos.
La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo; 19 años para el excomisario José Manuel Villarejo; 12 años y medio para el chófer Sergio Ríos y 2 años y medio para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, por organización criminal, malversación y revelación de secretos, entre otros delitos (Moncloa.com, 2 de agosto de 2026). Fernández Díaz sostuvo en el juicio que «nunca» había oído hablar de Kitchen y su defensa pidió la absolución (El Español). En julio de 2026 el juez instructor Antonio Piña encargó a Asuntos Internos analizar si los audios de conversaciones entre Cospedal y Villarejo contienen indicios de delito (Ara, 10 de julio de 2026); Cospedal no está investigada. A 5 de noviembre de 2026 no constaba sentencia. El contexto del caso Bárcenas está en el evento sobre los papeles de Bárcenas.
La «policía patriótica» y la Operación Cataluña
Con el mismo equipo de Interior se investiga la llamada Operación Cataluña: presuntas investigaciones policiales sin control judicial contra dirigentes independentistas y de Podemos, que la prensa bautizó como «policía patriótica» o cloacas del Estado. En octubre de 2024 el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó como investigados a Francisco Martínez, Eugenio Pino y otros cuatro mandos policiales por la querella de Podemos, y dejó fuera a Fernández Díaz por falta de indicios (EFE). En la comisión de investigación del Congreso, Fernández Díaz la llamó «invento». La causa seguía en instrucción en las fuentes consultadas.
El 1-O y la Operación Copérnico
Para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el Gobierno de Rajoy desplegó en Cataluña a unos 4.500 policías nacionales y guardias civiles de forma estable, hasta 6.000 entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, alojados en tres ferris en los puertos de Barcelona y Tarragona: la Operación Copérnico. El ministro Zoido cifró en el Senado su coste en 87.103.355 euros, 26,6 millones solo por los barcos (NacióDigital, 18 de enero de 2018).
Sus consecuencias judiciales siguen abiertas:
- Los mandos de los Mossos. La Audiencia Nacional absolvió el 21 de octubre de 2020 al mayor Josep Lluís Trapero, a la intendenta Teresa Laplana y a los responsables políticos Pere Soler y César Puig de sedición y desobediencia, por dos votos contra uno: la mayoría concluyó que «no hay elemento incriminatorio alguno que revele un acuerdo» con el Govern, y la presidenta, Concepción Espejel, firmó un voto particular a favor de condenar (eldiario.es). La condena de los dirigentes políticos está en el evento sobre la sentencia del procés.
- Los policías de las cargas. El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona procesó a 46 policías nacionales, y la Audiencia de Barcelona confirmó en febrero de 2024 que fueran a juicio. El 2 de julio de 2024 el juez Francisco Miralles les aplicó la Ley de Amnistía, a petición de la Fiscalía, al considerar que los golpes no alcanzaban el umbral de gravedad de la tortura o los tratos inhumanos que la ley excluye; Irídia, Òmnium y la ANC anunciaron recurso (eldiario.es).
- El caso Roger Español. La Audiencia de Barcelona denegó la amnistía el 11 de marzo de 2025 a los cuatro policías acusados de dejar sin un ojo a Roger Español con una pelota de goma, porque la ley excluye las lesiones dolosas que causan la pérdida de un órgano principal, y en cambio amnistió al propio Español del delito de atentado del que se le acusaba. El juicio contra un inspector, dos subinspectores y el agente que disparó se celebró en septiembre y octubre de 2026; la Fiscalía pide la absolución porque sostiene que actuaron en cumplimiento del deber (Ara, 1 de octubre de 2026). No había sentencia a 5 de noviembre de 2026.
El caso Pérez de los Cobos
El conflicto más largo entre un ministro y un mando de la Guardia Civil empezó en mayo de 2020, en plena pandemia. Grande-Marlaska cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por «pérdida de confianza», después de que la policía judicial de esa comandancia entregara a la jueza Carmen Rodríguez-Medel un informe sobre la manifestación del 8 de marzo. Así se resolvió en los tribunales, siempre en la vía contencioso-administrativa:
| Fecha | Tribunal | Decisión |
|---|---|---|
| Mayo de 2020 | Ministerio del Interior | Cese por «pérdida de confianza» y «falta de neutralidad política» |
| 2021 | Juzgado central de lo contencioso-administrativo | Anula el cese y ordena reponerlo |
| 15 de septiembre de 2021 | Audiencia Nacional | Revoca al juzgado y avala el cese |
| 28 de marzo de 2023 | Tribunal Supremo (Sala Tercera) | Anula el cese; califica de «confusa» la justificación del Gobierno |
| Septiembre de 2023 | Tribunal Supremo | Anula tres reales decretos de ascenso a general de octubre de 2021 que lo habían postergado y ordena repetir el procedimiento |
| Noviembre de 2024 | — | Pérez de los Cobos renuncia a ejecutar esas sentencias para no perjudicar a los tres generales ascendidos |
| 13 de diciembre de 2024 | — | Pasa a la reserva sin haber ascendido a general |
Fuente: Economist & Jurist (28 de marzo de 2023), El Español (19 de septiembre de 2023), Escudo Digital/Europa Press (13 de diciembre de 2024).
Marlaska dijo que acataba la sentencia de 2023 aunque no compartía «algunos razonamientos», y PP, Vox y Ciudadanos pidieron su dimisión. Fue un pleito administrativo, sin condena penal de nadie.