Referéndum del 1-O y procés en Cataluña (2017)

Contexto previo

El referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, conocido como 1-O, fue el resultado de un proceso de creciente tensión política, social y territorial entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central de España. Desde 2012, el independentismo había cobrado fuerza, alimentado, entre otros factores, por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto, la crisis económica y las críticas al sistema de financiación autonómica. En enero de 2016, Carles Puigdemont i Casamajó fue investido presidente de la Generalitat con los votos de Junts pel Sí, la coalición independentista formada por Convergència, ERC y entidades soberanistas, y de la CUP. El 6 de septiembre de 2017, el Parlament aprobó la Ley 19/2017 del Referéndum, y dos días después la Ley 20/2017 de Transitoriedad Jurídica. El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ambas de inmediato y después las anuló.

Qué ocurrió

El 1 de octubre de 2017, la Generalitat celebró el referéndum pese a la suspensión judicial y sin reconocimiento internacional. Según los datos de la Generalitat, se contabilizaron 2.286.217 votos (una participación declarada del 43 %, con un 90 % a favor de la independencia), aunque la consulta se celebró sin censo verificable ni junta electoral. La jornada estuvo marcada por cargas policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en varios colegios: el Departamento de Salud de la Generalitat cifró en 1.066 las personas atendidas por heridas, una cifra que el Gobierno central cuestionó, y el Ministerio del Interior informó también de agentes heridos. El despliegue de policías y guardias civiles enviados a Cataluña, conocido como operación Copérnico, costó unos 87 millones de euros, según el Ministerio del Interior.

El 10 de octubre, Puigdemont proclamó la independencia en el Parlament y la dejó en suspenso segundos después para abrir un diálogo. El 27 de octubre de 2017 el Parlament aprobó una resolución que declaraba la independencia de Cataluña, con 70 votos a favor en una votación secreta de la que se ausentaron PSC, Ciudadanos y PP. La declaración no tuvo efectos jurídicos y ahondó las divisiones políticas en toda España.

Respuesta del Gobierno central

El Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy Brey, respondió aplicando por primera vez en la historia de la democracia española el artículo 155 de la Constitución Española. El 27 de octubre de 2017 el Senado autorizó las medidas, y el Consejo de Ministros destituyó ese mismo día al Govern de Puigdemont, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asumió la coordinación de la administración catalana. La intervención se mantuvo hasta el 2 de junio de 2018, cuando tomó posesión el nuevo Govern de Quim Torra. La Fiscalía presentó querellas contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, y Puigdemont se trasladó a Bélgica.

Respuesta del gobierno autonómico

El Govern defendió durante todo el proceso la legitimidad de sus decisiones, apelando al derecho a decidir y a la voluntad expresada en las urnas. Carles Puigdemont se erigió como la figura central del proceso y sostuvo que el resultado del 1-O daba un mandato para establecer una república independiente. Pese a las resoluciones del TC y a los requerimientos judiciales, el Govern mantuvo la vía unilateral, en abierta confrontación con las instituciones del Estado, mientras su vicepresidente, Oriol Junqueras i Vies, permaneció en Cataluña y fue encarcelado de forma provisional en noviembre de 2017.

Posición de los partidos y debate parlamentario

El 1-O provocó intensos debates que expusieron divisiones profundas, no solo en Cataluña, sino en toda España. El Partido Popular y Ciudadanos, con Albert Rivera e Inés Arrimadas al frente, defendieron la unidad de España y la aplicación de la ley; el PSOE de Pedro Sánchez apoyó la aplicación del artículo 155, mientras que Podemos se opuso a ella y a la vía unilateral, y defendió un referéndum pactado. ERC, el entorno de Junts y la CUP respaldaron la consulta y la declaración de independencia. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell i Lluís, permitió la tramitación de las leyes de desconexión pese a las advertencias del TC.

Lo dicho frente a lo hecho

Mariano Rajoy Brey sostuvo repetidamente que el referéndum no se celebraría y que haría «todo lo necesario» para mantener la unidad de España y el Estado de derecho, compromiso que se materializó con la aplicación del artículo 155, aunque la votación sí llegó a celebrarse. Sus críticos argumentaron que las cargas policiales del 1-O dañaron la imagen del Estado. Por su parte, Carles Puigdemont presentó el referéndum del 1-O como un ejercicio democrático cuyo resultado debía ser reconocido, pero la declaración del 27 de octubre no se tradujo en ningún control efectivo del territorio y el Govern fue destituido sin oposición material.

Impacto económico y social

El impacto del 1-O fue amplio en Cataluña y en el resto de España. En las semanas posteriores, más de 3.000 empresas trasladaron su sede social fuera de Cataluña, entre ellas CaixaBank y Banco Sabadell, ayudadas por un real decreto-ley del Gobierno que facilitó esos cambios. En el plano social, los datos reflejaron una sociedad dividida: en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, Ciudadanos, encabezado por Arrimadas, fue la fuerza más votada con 36 escaños, pero los partidos independentistas conservaron la mayoría absoluta con 70 de los 135 escaños y en torno al 47,5 % de los votos.

Conclusiones

El referéndum del 1-O y el posterior procés han dejado una herencia compleja para las instituciones españolas. La aplicación del artículo 155 estableció un precedente en el uso de instrumentos constitucionales excepcionales, y la causa judicial abierta ha seguido condicionando la política nacional durante casi una década: los indultos de 2021, la reforma del Código Penal de 2022 y la Ley de Amnistía de 2024 han estado ligados a los acuerdos parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC y Junts. El futuro de las relaciones entre Cataluña y el Estado depende de la voluntad política de buscar acuerdos dentro del marco constitucional.

Situación actual (octubre de 2026)

El Tribunal Supremo condenó en octubre de 2019 a nueve dirigentes a penas de 9 a 13 años por sedición, en algunos casos con malversación; fueron indultados en junio de 2021. La Ley Orgánica 1/2024 de amnistía fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2025 y por el TJUE en julio de 2026. Tras la doctrina del TC en el amparo de Dolors Bassa, el juez Pablo Llarena levantó en octubre de 2026 la orden de detención contra Puigdemont, aunque la extinción definitiva de su responsabilidad corresponde a la Sala de enjuiciamiento. Desde agosto de 2024 preside la Generalitat Salvador Illa (PSC).

Preguntas frecuentes:

¿Qué es el referéndum del 1-O? Fue una consulta de autodeterminación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, suspendida y declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

¿Qué consecuencias tuvo el referéndum del 1-O en Cataluña? Tras la declaración de independencia se aplicó el artículo 155, se destituyó al Govern y se convocaron elecciones para el 21 de diciembre.

¿Qué es el artículo 155 de la Constitución Española? Permite al Gobierno, con autorización del Senado, adoptar medidas contra una comunidad autónoma que incumpla gravemente la Constitución o las leyes.

¿Qué ocurrió después del referéndum del 1-O? El Parlament declaró la independencia el 27 de octubre; ese día se aplicó el 155 y Puigdemont se marchó a Bélgica.

¿Quiénes fueron condenados por el 'procés' y qué delitos se les imputaron? En 2019 el Supremo condenó a nueve dirigentes, como Oriol Junqueras i Vies y Carme Forcadell i Lluís, por sedición y, algunos, malversación.