Quién hace qué: Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales
El reparto entre los dos cuerpos estatales es a la vez territorial y por materias (artículos 11 y 12 de la Ley 2/1986). Territorialmente, la Policía Nacional actúa en las capitales de provincia y en los municipios y núcleos urbanos que determine el Gobierno; la Guardia Civil, «en el resto del territorio nacional y su mar territorial». Por materias, cada cuerpo tiene tareas exclusivas en toda España, y los dos pueden investigar fuera de su zona si avisan al otro o lo ordena un juez o un fiscal.
| Cuerpo | De quién depende | Dónde actúa | Tareas exclusivas o principales |
|---|---|---|---|
| Policía Nacional | Ministerio del Interior | Capitales de provincia y grandes núcleos urbanos | DNI y pasaportes; control de entrada y salida de España; extranjería, asilo, expulsiones; juego; delitos de drogas; cooperación con policías extranjeras; control de la seguridad privada |
| Guardia Civil | Ministerio del Interior; Ministerio de Defensa en misiones militares | Resto del territorio y mar territorial | Armas y explosivos; resguardo fiscal y contrabando; tráfico en vías interurbanas; custodia de costas, fronteras, puertos, aeropuertos y vías de comunicación; medio ambiente, caza y pesca; traslado de presos entre ciudades |
| Mossos d'Esquadra | Generalitat de Catalunya | Cataluña | Policía integral: seguridad ciudadana, orden público, investigación y tráfico |
| Ertzaintza | Gobierno Vasco | País Vasco | Policía integral, con tráfico |
| Policía Foral | Gobierno de Navarra | Navarra | Policía de la comunidad, con tráfico en exclusiva desde 2025 (despliegue gradual) |
| Policía Canaria | Gobierno de Canarias | Canarias | Vigilancia de edificios autonómicos, inspección de normas autonómicas, apoyo en emergencias |
| Policía local | Ayuntamientos | Su término municipal | Tráfico urbano, ordenanzas, protección de autoridades locales, colaboración en seguridad ciudadana y policía judicial |
Fuente: Ley Orgánica 2/1986, artículos 11, 12, 38 y 53 (BOE, texto consolidado), y Real Decreto 252/2023 y su ampliación de abril de 2025 (Navarra).
Policía Nacional: un cuerpo civil para las ciudades
La ley la define como «un Instituto Armado de naturaleza civil» dependiente del ministro del Interior (artículo 9). Nació en 1986 de la fusión del Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional, cuya historia cuenta la segunda parte de esta página, y su estatuto de personal está desde 2015 en la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Además de patrullar las ciudades, tiene en exclusiva documentos y fronteras: expide el DNI y el pasaporte, controla los puestos fronterizos de aeropuertos y puertos, tramita la extranjería y el asilo y persigue los delitos de drogas. Sus unidades de investigación más conocidas, como la UDEF en delitos económicos, actúan como policía judicial a las órdenes de jueces y fiscales.
Guardia Civil: naturaleza militar, campo, carreteras, costas y fronteras
La Guardia Civil es «un Instituto Armado de naturaleza militar». Depende del ministro del Interior en sus funciones policiales y del de Defensa en las misiones militares que le encargue el Gobierno; en tiempo de guerra y en estado de sitio, solo de Defensa (artículo 9). Interior decide sobre servicios, sueldos, destinos y cuarteles; Defensa, sobre ascensos y situaciones del personal; y los dos ministerios, juntos, sobre selección, formación, armamento y despliegue, y proponen al director general (artículo 14). Su régimen disciplinario es propio, militar en origen, y sus miembros «no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos» (artículo 15).
Como cubre todo lo que no son ciudades grandes, es la policía de los pueblos y del campo, pero también la de las carreteras (su Agrupación de Tráfico, salvo en Cataluña, el País Vasco y, en transición, Navarra), las costas y fronteras (con su Servicio Marítimo y su participación en la agencia europea Frontex), las armas y explosivos, el contrabando y la naturaleza (el Seprona). Su unidad de investigación más mediática es la UCO.
Las policías autonómicas: Mossos, Ertzaintza, Policía Foral y Policía Canaria
La Ley 2/1986 permite crear policía propia a las comunidades cuyo Estatuto lo prevea (artículo 37), con funciones propias (proteger sus edificios y autoridades, hacer cumplir sus normas), otras en colaboración con el Estado (vigilar espacios públicos y manifestaciones, policía judicial) y otras compartidas (catástrofes, medio ambiente). Tres cuerpos se rigen sobre todo por su Estatuto, y para ellos la ley estatal es supletoria (disposiciones finales primera a tercera):
- La Ertzaintza (País Vasco), creada en 1982 al amparo del artículo 17 del Estatuto de Gernika, y los Mossos d'Esquadra (Cataluña), cuyo despliegue entre 1994 y 2008 cuenta la segunda parte, son policías integrales: seguridad ciudadana, orden público, investigación y tráfico. Policía Nacional y Guardia Civil se quedan allí con lo que la ley llama funciones «supracomunitarias»: DNI y pasaportes, fronteras, puertos y aeropuertos, extranjería, armas y explosivos, contrabando y resguardo fiscal.
- La Policía Foral de Navarra, regida por la Ley de Amejoramiento del Fuero de 1982, convive con una presencia mayor de los cuerpos estatales, un equilibrio que la segunda parte repasa.
- La Policía Canaria, creada por la Ley 2/2008, de 28 de mayo, es un cuerpo pequeño de policía autonómica sin seguridad ciudadana integral.
Las comunidades sin policía propia pueden pedir unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía (artículo 47): policías nacionales que dependen funcionalmente de la comunidad y orgánicamente de Interior. Las tienen, al menos, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana y Aragón, cuyos Gobiernos se quejaron juntos al ministro del Interior en diciembre de 2023 de que sus plantillas nunca se habían cubierto (Valencia Plaza). Un convenio de noviembre de 2025 prevé pasar la de Aragón de 99 a 150 agentes en cuatro años (Europa Press).
Policía local: qué puede hacer y qué se discute
Los municipios pueden crear policía propia (artículo 51), que solo actúa en su término municipal, salvo emergencias o escoltas. El artículo 53 fija sus funciones: proteger a las autoridades y edificios municipales; ordenar el tráfico en el casco urbano e instruir los atestados de sus accidentes; hacer cumplir ordenanzas y bandos; participar en funciones de policía judicial; auxiliar en catástrofes; prevenir delitos «en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad»; vigilar espacios públicos y mediar en conflictos privados. Las comunidades coordinan a las policías locales y fijan su formación y selección (artículo 39), dentro de la Ley de Bases del Régimen Local. No existe una estadística nacional publicada: la central sindical CSIF los cifraba en unos 70.000 en 2017 (El Faro de Ceuta).
Lo que cada policía local hace más allá de ese listado depende de lo que se pacte en su Junta Local de Seguridad, y sus sindicatos piden que la ley lo reconozca. La federación de servicios públicos de UGT, en un plenario de octubre de 2025, describía la Ley 2/1986 como «una norma con casi cuarenta años de vigencia» que ya no refleja lo que hacen ayuntamientos y policías locales en seguridad ciudadana, movilidad y protección civil, y pedía reformarla con una ley estatal de coordinación de las policías locales.