Los debates abiertos
¿Desmilitarizar la Guardia Civil?
La naturaleza militar de la Guardia Civil, fijada en el artículo 9 de la ley de 1986, explica que sus agentes no puedan sindicarse ni hacer huelga (artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 11/2007) y que el Código Penal Militar se les aplique también en algunos servicios ordinarios. A favor de cambiarlo están la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que lo reclama desde hace dos décadas, y Sumar, cuyo programa de 2023 proponía desmilitarizar el cuerpo; el 30 de enero de 2025 Sumar registró una proposición de ley para que el Código Penal Militar deje de aplicarse a la Guardia Civil en tiempo de paz (BOCG, serie B, núm. 177-1), que decayó con la legislatura.
En contra están el Ministerio del Interior, que en junio de 2020 respondió a Pablo Iglesias que «no existe ningún plan en ese sentido», el PP y Vox, y asociaciones como APROGC, para la que desmilitarizar supondría «desnaturalizar la institución más valorada por los ciudadanos» (Moncloa.com, 9 de junio de 2020).
Tráfico y la Guardia Civil en Navarra
Navarra es la única comunidad donde Tráfico ha pasado de la Guardia Civil a la policía autonómica en los últimos años. El Gobierno lo pactó con el PNV en diciembre de 2019 y le puso fecha en noviembre de 2022 en su acuerdo presupuestario con EH Bildu (Vozpópuli, 23 de noviembre de 2022). El Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, hizo el traspaso, pero el Tribunal Supremo lo anuló en febrero de 2024 porque un real decreto no bastaba para atribuir una competencia que la LORAFNA no reconocía. Tras reformar esa ley, la Junta de Transferencias cerró el acuerdo el 25 de marzo de 2025 y un nuevo real decreto, publicado el 15 de abril, reconoció a Navarra la competencia exclusiva: la comunidad gestiona las multas desde el 1 de julio de 2026 y la Policía Foral asume la vigilancia de las carreteras de forma progresiva en un máximo de tres años, con una «pasarela» voluntaria para los guardias civiles (LegalToday/Europa Press; Orain).
El Gobierno navarro de María Chivite lo presenta como la recuperación de una competencia que «fue arrebatada durante los años de la dictadura», en palabras del ministro Ángel Víctor Torres. La asociación JUCIL lo denuncia como un «desmantelamiento» de la Guardia Civil y el PP intentó frenarlo en el Senado. La «retirada» total de la Guardia Civil de Navarra no está en ninguna norma: el cuerpo conserva allí el resto de sus funciones, aunque EH Bildu incluye en su programa el «repliegue» de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Cataluña y País Vasco: la policía integral
ERC y Junts piden que los Mossos sean la «policía integral» de Cataluña y asuman lo que todavía hace el Estado (puertos y aeropuertos, control de armas y explosivos, el Seprona de la Guardia Civil). El PNV quiere lo mismo para la Ertzaintza, que asumió en febrero de 2025 la seguridad de los puertos vascos tras el acuerdo de la Junta de Seguridad de julio de 2024, con extranjería, fronteras y contrabando reservados al Estado. En el otro extremo, Vox propone devolver al Estado las competencias de Interior, Tráfico y prisiones y suprimir de forma progresiva las policías autonómicas (programas de 2023 y comparador de politicaelectoral.com, octubre de 2026).
La reforma de la «ley mordaza», 2023-2026
La Ley Orgánica 4/2015 sigue en vigor tal como la aprobó el PP, salvo el inciso que anuló el Constitucional en 2020. El intento de 2023 cayó en la Comisión de Interior el 14 de marzo de ese año, cuando ERC y EH Bildu votaron con PP, Vox y Ciudadanos porque mantenía las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. El de la legislatura siguiente, pactado por PSOE, Sumar, EH Bildu y PNV en octubre de 2024, nunca salió de la ponencia y decayó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026. El detalle está en el evento sobre la ley mordaza.