Lo que se busca y lo que es cierto
Ocho afirmaciones que circulan sobre la policía en España, contrastadas con fuentes.
«La Guardia Civil cobra menos que los Mossos». Según los datos de JUCIL recogidos por Moncloa.com en diciembre de 2025, sí: un mosso cobraba 39.729 euros brutos al año y un policía nacional, 33.546, una diferencia de unos 600 euros al mes que la asociación eleva a 8.251 euros anuales en algunas categorías frente a un guardia civil. Es la cifra de una parte interesada en la negociación; el acuerdo de equiparación de 2018 y lo que queda pendiente están explicados en la primera parte de esta página. En mayo de 2024 la Comisión de Interior del Congreso aprobó una proposición del PP para ejecutarlo «íntegramente».
«España tiene más policías que la media europea». Cierto, con matices. Eurostat contaba en 2024 379 agentes por cada 100.000 habitantes en España, por encima de la media simple de los 24 países con dato (347) y en el octavo puesto. Grecia (559), Chipre (565), Croacia (522) o Portugal (438) tienen más; Alemania (320), Francia (361 en 2022) o Suecia (226), menos. La comparación depende de qué cuerpos cuenta cada Estado.
«La ley mordaza prohíbe grabar a policías». Falso. El artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015 sanciona el uso de imágenes de agentes que pueda poner en peligro su seguridad o la de sus familias o el éxito de una operación. La STC 172/2020, de 19 de noviembre, anuló la palabra «no autorizado» de ese artículo, de modo que grabar o difundir una actuación policial no requiere permiso; solo se sanciona el uso que ponga en riesgo a los agentes. Grabar es legal; publicar los datos de un agente para señalarlo puede no serlo.
«La Guardia Civil va a dejar Navarra». Falso tal como se formula. Lo que sale de Navarra es la Agrupación de Tráfico: el real decreto de abril de 2025 dio a Navarra la competencia exclusiva sobre tráfico, la comunidad cobra las multas desde el 1 de julio de 2026 y la Policía Foral asume la vigilancia de las carreteras en un máximo de tres años. La Guardia Civil conserva allí el resto de sus funciones (seguridad ciudadana en los pueblos donde la presta, armas, fronteras, Seprona). Su retirada completa la pide EH Bildu en su programa, pero ninguna norma la prevé.
«La inmigración dispara la delincuencia». Los datos permiten afirmar algo más limitado. Según el INE, el 70,2 % de los condenados por sentencia firme en 2025 tenía nacionalidad española; pero la tasa de condenados por cada 1.000 habitantes adultos fue de 15,3 entre los extranjeros y 6,1 entre los españoles, 2,5 veces mayor (Estadística de la Población Condenada, julio de 2026). El propio INE muestra que la tasa depende mucho del sexo (12,2 los hombres, 2,9 las mujeres) y de la edad (14,4 entre los 21 y los 30 años), y su dato no corrige esas diferencias de composición. Tampoco hay un «disparo» general: el número de adultos condenados bajó un 0,2 % en 2025, mientras los delitos inscritos subieron un 1,2 %. Vox vincula la seguridad ciudadana a la inmigración y propone expulsar a los extranjeros que delincan; Sumar sostiene en su programa de 2023 que la mejor respuesta a la inseguridad son las políticas sociales y la prevención.
«Los guardias civiles no pueden hacer huelga ni tener sindicatos». Cierto. La Ley Orgánica 11/2007 les prohíbe sindicarse (artículo 11) y hacer huelga o «acciones sustitutivas» (artículo 12), por la naturaleza militar del cuerpo; sí pueden crear asociaciones profesionales (artículo 9), como AUGC o JUCIL. Los policías nacionales sí pueden afiliarse a sindicatos como JUPOL o el SUP, pero tampoco pueden hacer huelga: el artículo 6.8 de la ley de 1986 lo prohíbe a todos los miembros de las fuerzas de seguridad.
«Marlaska fue condenado por el cese de Pérez de los Cobos». Falso. El Tribunal Supremo anuló el cese el 28 de marzo de 2023 en un pleito contencioso-administrativo, y en septiembre de 2023 anuló tres ascensos a general que habían postergado al coronel; ninguna de esas sentencias es penal ni condena al ministro, que dijo acatarlas sin compartir todos sus razonamientos. El recorrido completo está en la segunda parte de esta página.
«Una denuncia por internet vale sin ir a comisaría». Depende del cuerpo. Ante la Guardia Civil, sí, si se presenta con firma electrónica en su sede electrónica y es de uno de los siete tipos admitidos (daños, hurtos, documentación, vehículos, estafas informáticas). Ante la Policía Nacional, no: la Oficina Virtual de Denuncias solo prepara la denuncia, que hay que firmar en la comisaría elegida en un plazo máximo de 72 horas; si no se firma, «carecerá de validez jurídica».
Conclusiones: qué está en juego
El modelo policial español combina dos cuerpos estatales de naturaleza distinta, uno civil y otro militar, con policías autonómicas que en el País Vasco y Cataluña asumen casi toda la seguridad ciudadana, y con miles de policías locales. Ese reparto, fijado en 1986, se ha ido moviendo con traspasos como el de Tráfico en Navarra y con acuerdos de despliegue, y genera tensiones recurrentes sobre quién hace qué y cuánto cobra cada agente.
Los debates abiertos para el Gobierno que salga del 29-N son la equiparación salarial que reclaman policías y guardias civiles, la naturaleza militar de la Guardia Civil y sus derechos de asociación, la reforma de la ley de seguridad ciudadana, el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, la gestión de las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias y los procesos judiciales pendientes que afectan al Ministerio del Interior, todos ellos con posiciones distintas en cada partido.