Pandemia de COVID-19 en España (2020-2023)

Contexto previo

A finales de 2019 se detectaron en Wuhan (China) los primeros casos de una nueva enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, la COVID-19. España confirmó su primer caso el 31 de enero de 2020, un turista alemán en La Gomera. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, había tomado posesión en enero de 2020, con Salvador Illa Roca como ministro de Sanidad y Pablo Iglesias Turrión como vicepresidente segundo. A comienzos de marzo, la transmisión comunitaria en Madrid y otras regiones desbordó la capacidad de los hospitales y llevó al Ejecutivo a recurrir al estado de alarma.

Qué ocurrió

El 14 de marzo de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020, que declaró el primer estado de alarma y un confinamiento domiciliario general con restricciones a la movilidad y a la actividad económica. Se prorrogó seis veces con autorización del Congreso y terminó el 21 de junio de 2020, tras 98 días. Según los registros del Ministerio de Sanidad, la pandemia causó en España más de 121.000 muertes confirmadas (121.760 a finales de 2023), una crisis de salud pública sin precedentes recientes, con un golpe especialmente duro en las residencias de mayores.

El impacto económico fue inmediato: el PIB cayó en torno a un 11 % en 2020 (el INE ha revisado varias veces la estimación, que ha oscilado entre el -10,8 % y el -11,3 %), la mayor caída desde la Guerra Civil. En el pico de la primavera de 2020, unos 3,6 millones de trabajadores llegaron a estar incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Respuesta del Gobierno central

El Gobierno legisló sobre todo por decreto-ley. El Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el 17 de marzo de 2020, facilitó los ERTE por fuerza mayor, moratorias hipotecarias, avales públicos a empresas y el teletrabajo. Tras una desescalada por fases y un verano de rebrotes, el 25 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 926/2020, un segundo estado de alarma con toque de queda nocturno y gestión delegada en las comunidades autónomas, prorrogado por seis meses hasta el 9 de mayo de 2021.

El Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional el primer estado de alarma el 14 de julio de 2021 (sentencia 148/2021, por seis votos a cinco), al entender que el confinamiento general exigía un estado de excepción. El 27 de octubre de 2021 hizo lo mismo con aspectos del segundo, por la prórroga de seis meses con escaso control parlamentario y la delegación en los presidentes autonómicos.

La vacunación comenzó el 27 de diciembre de 2020; en enero de 2021 Carolina Darias San Sebastián sustituyó a Illa en Sanidad. La Unión Europea asignó a España unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación Next Generation EU, entre transferencias y préstamos, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Posición de los partidos y debate parlamentario

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos defendió las medidas de emergencia como necesarias para contener el virus. El Partido Popular, liderado por Pablo Casado Blanco, apoyó las primeras prórrogas, pero después votó en contra o se abstuvo y reclamó una alternativa jurídica al estado de alarma. Vox votó en contra de las prórrogas a partir de la primavera de 2020 y recurrió ante el Constitucional el primer estado de alarma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), se enfrentó al Gobierno por las restricciones en Madrid, incluido el estado de alarma específico para la capital de octubre de 2020.

El debate parlamentario giró en torno a la proporcionalidad de las limitaciones de derechos fundamentales, el papel de las comunidades autónomas en la cogestión de la crisis y las cifras oficiales de fallecidos, cuestionadas por la oposición durante la primera ola.

Lo dicho frente a lo hecho

El Gobierno insistió en que su prioridad era proteger la salud pública y prometió no dejar a nadie atrás en la recuperación. La escasez inicial de mascarillas, test y equipos de protección y la compra de material en mercados desbordados generaron críticas, y algunas de aquellas contrataciones acabaron después en los tribunales. La campaña de vacunación, en cambio, alcanzó altas coberturas en 2021.

En lo económico, los ERTE y los avales del ICO sostuvieron buena parte del empleo y del tejido empresarial. La ejecución de los fondos europeos fue más lenta de lo anunciado y recibió críticas de la oposición y de sectores empresariales por la complejidad administrativa.

Impacto económico y social

Además de la pérdida de vidas, el cierre de comercios, hostelería y ocio afectó a millones de personas, y el desempleo y la desigualdad aumentaron durante 2020. El turismo, uno de los motores de la economía española, se hundió con el cierre de fronteras y las restricciones de viaje, y no recuperó los niveles previos hasta 2023.

La crisis dejó también un debate sobre el sistema sanitario y de cuidados: la falta de personal, la mortalidad en residencias y la coordinación entre el Estado y las comunidades. Los fondos Next Generation EU se plantearon como palanca para la digitalización y la transición ecológica en los años posteriores.

Conclusiones

La pandemia de COVID-19 fue la mayor crisis sanitaria en España en un siglo y obligó a usar el estado de alarma de forma inédita. Su gestión dividió a Gobierno y oposición, dejó dos sentencias del Constitucional que delimitan el uso de este instrumento y abrió un debate duradero sobre la preparación del sistema sanitario. La crisis sanitaria se dio formalmente por finalizada en julio de 2023, tras el fin de la emergencia internacional declarado por la OMS el 5 de mayo de ese año.

Preguntas frecuentes

¿Qué legislación se aprobó para afrontar la pandemia en España? El Real Decreto 463/2020 del primer estado de alarma, el Real Decreto-ley 8/2020 de los ERTE y el Real Decreto 926/2020 del segundo.

¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de la pandemia en España? El PIB cayó en torno a un 11 % en 2020 y unos 3,6 millones de trabajadores llegaron a estar en ERTE.

¿Cuántos fondos europeos se asignaron a España para la recuperación? Unos 140.000 millones de euros del fondo Next Generation EU, entre transferencias y préstamos.

¿Qué dijo el Tribunal Constitucional sobre los estados de alarma? En 2021 declaró parcialmente inconstitucionales ambos: el confinamiento del primero y la prórroga de seis meses del segundo.

¿Quiénes fueron los principales responsables políticos de la gestión? Pedro Sánchez, los ministros de Sanidad Salvador Illa y Carolina Darias, y los presidentes autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso.