2018-2026: la etapa de Ribera y Aagesen
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica de junio de 2018 a noviembre de 2024, y su sucesora, Sara Aagesen, que había sido su secretaria de Estado de Energía desde 2020, giraron la política energética hacia la descarbonización.
Plan de energía y clima, ley climática y fin del carbón
El Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón se firmó el 24 de octubre de 2018 con UGT, CCOO, USO y la patronal Carbunión y llevó al Real Decreto-ley 25/2018, convalidado en enero de 2019 con la abstención del PP y de Unidos Podemos (Congreso). El PNIEC 2021-2030, remitido a Bruselas en 2020, se actualizó en septiembre de 2024 con objetivos para 2030 de un 81 % de renovables en la generación eléctrica, un 48 % en el uso final de la energía, un 32 % menos de emisiones que en 1990 y una dependencia energética del 50 % (MITECO). La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, prohíbe nuevas exploraciones de hidrocarburos y fija la neutralidad climática en 2050; en la votación final de las enmiendas del Senado, el 13 de mayo de 2021, el PP y Vox se abstuvieron en casi todos los bloques y ninguno recibió votos en contra (Congreso).
La crisis de precios de 2021-2022: rebajas fiscales y excepción ibérica
Cuando el gas se disparó en 2021, el Gobierno respondió con tres tipos de medidas. Rebajó impuestos: el IVA de la luz bajó del 21 % al 10 % (Real Decreto-ley 12/2021, con la abstención de PP, Vox y EH Bildu) y después al 5 % desde julio de 2022 (Real Decreto-ley 11/2022); el impuesto especial sobre la electricidad pasó del 5,11 % al 0,5 % y se suspendió el IVPEE. Hasta noviembre de 2021 esas rebajas restaron 1.336 millones a la recaudación: 372 por el IVA, 204 por el impuesto especial y 760 por el IVPEE (Agencia Tributaria, vía Europa Press, 23 de diciembre de 2021). Recortó los ingresos de las centrales que cobraban el precio del gas sin consumirlo: el Real Decreto-ley 17/2021 creó una «minoración» de la retribución de nucleares, hidráulicas y renovables sin primas. Y topó el gas.
La excepción ibérica nació de una negociación de España y Portugal en Bruselas tras la invasión de Ucrania. El Real Decreto-ley 10/2022 limitó el precio del gas usado para producir electricidad a 40 euros/MWh durante seis meses, con subidas de 5 euros al mes hasta 70, y pagó la diferencia a las centrales de gas. La Comisión Europea lo autorizó el 8 de junio de 2022 como ayuda de Estado de 8.400 millones, 6.300 de ellos en España, financiada con parte de las rentas de congestión de la interconexión con Francia y con un cargo a los compradores que se beneficiaban de un precio mayorista más bajo (Comisión Europea, IP/22/3550); se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023. El balance depende de quién lo cuente: el Gobierno lo presentó como un abaratamiento del precio mayorista pagado en buena parte por los beneficios extraordinarios de otras tecnologías; el propio decreto reconocía que aumentaría las exportaciones a Francia, porque el precio español quedaría más bajo, y el coste del ajuste lo pagaban los compradores que se beneficiaban del precio mayorista rebajado, de modo que llegó a las facturas como un cargo propio; PP y Vox se abstuvieron en la convalidación.
El gravamen temporal energético y su final
La Ley 38/2022 creó un gravamen temporal energético del 1,2 % sobre la cifra de negocios en España de las energéticas con más de 1.000 millones de facturación, para 2023 y 2024, no repercutible a los clientes. Llegó como proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos; en el Pleno del 24 de noviembre de 2022 el bloque del Gobierno (unos 187 votos) rechazó las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos (Congreso). El intento de mantenerlo en 2025 por decreto cayó el 22 de enero de 2025 (véase la tabla de normas).
Apagón, decretos caídos y guerra de Irán (2025-2026)
El apagón del 28 de abril de 2025 dejó sin luz la península durante entre diez y doce horas; los informes del Gobierno y de la red europea de operadores (ENTSO-E) apuntaron a fallos en el control de tensión sin un único responsable. El decreto «antiapagones» (Real Decreto-ley 7/2025), con más supervisión de la CNMC, almacenamiento y control de tensión, cayó en julio de 2025, y el 27 de enero de 2026 cayó también el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba el bono social reforzado y la prohibición de cortar suministros a hogares vulnerables, por 178 votos de PP, Vox, Junts y UPN frente a 171 (Congreso).
La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero de 2026 (contexto en la guerra de Irán) devolvieron las rebajas fiscales. El Real Decreto-ley 7/2026 bajó otra vez el IVA de la luz al 10 % para contratos de hasta 10 kW, el impuesto especial al 0,5 %, suspendió el IVPEE y restableció los descuentos del bono social del 42,5 % y el 57,5 % para todo 2026; el PP se abstuvo y Vox votó en contra. La rebaja de la luz decayó sola el 1 de junio, porque la inflación eléctrica no superó el umbral del 15 % previsto en el decreto (OCU; Moncloa.com, 15 de junio de 2026). El 29 de junio el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 18/2026, que suprime de forma gradual el IVPEE creado en 2012: en torno al 5 % en la segunda mitad de 2026, al 3,5 % en 2027 y cero en 2028, con una pérdida de recaudación de unos 2.700 millones en 2027 y 2028; Carlos Cuerpo y Aagesen estimaron un abaratamiento de la factura de hasta el 6 % (Europa Press, 29 de junio de 2026). Podemos se abstuvo porque considera las rebajas fiscales la herramienta equivocada (Energías Renovables, 24 de julio de 2026). Un nuevo decreto de 29 de septiembre dejó la rebaja del IVA y del impuesto especial condicionada a que la inflación de la luz supere ese 15 % (Ministerio de Hacienda, 29 de septiembre de 2026). En agosto, la Orden TED/864/2026 prorrogó Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.