Monografía Capítulo 1 de 5

Vivienda y urbanismo en España: quién decide y cómo funciona

La vivienda es en 2026 la mayor preocupación política de España y también uno de los asuntos con el reparto de poder más enredado: la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, pero la vivienda y el urbanismo son competencia de las comunidades autónomas, los ayuntamientos aprueban los planes y conceden las licencias, y el Estado legisla sobre el suelo, el alquiler, la edificación y la financiación. Según el Banco de España, entre 2021 y 2025 se crearon unas 750.000 familias más que viviendas nuevas, y en el segundo trimestre de 2026 el precio de la vivienda subía un 12,2 % en un año, según el INE.

Esta página explica cómo funciona el sistema por capítulos: quién decide qué, qué cambió la Ley de Vivienda de 2023, cómo se decide dónde y cómo se construye, qué exige la ley sobre la perspectiva de género en las viviendas y las ciudades, y qué hace falta, en industria, energía e infraestructuras, para construir más. Las cifras llevan su fecha: sirven para entender el sistema, no como dato del día.

Quién decide sobre la vivienda: Estado, comunidades y ayuntamientos

Lo que dice la Constitución

El artículo 47 de la Constitución reconoce a todos los españoles el derecho a «disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y encarga a los poderes públicos regular el suelo «para impedir la especulación». Añade que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística: por eso quien urbaniza un terreno debe ceder una parte de lo que se puede construir en él. El artículo 47 es un principio rector de la política social y económica, no un derecho fundamental: no se puede reclamar ante un juez una vivienda concreta invocándolo, pero obliga a legisladores y gobiernos a orientar sus políticas.

El artículo 148.1.3.ª permite a las comunidades asumir la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, y todas lo hicieron en sus estatutos. El Estado conserva títulos que le dejan intervenir: las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles (artículo 149.1.1.ª), las bases de la planificación de la economía (149.1.13.ª), la legislación civil, que incluye los contratos de alquiler, y la procesal, que incluye los desahucios.

La sentencia de 1997 que fijó la frontera

El reparto se decidió en los tribunales. La sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, de 20 de marzo de 1997, anuló la mayor parte del texto refundido de la Ley del Suelo de 1992. Dijo que el Estado no puede dictar normas urbanísticas ni siquiera como derecho supletorio para las comunidades que no legislen, y que sus competencias no pueden vaciar las autonómicas. Desde entonces el Estado regula las condiciones básicas de la propiedad del suelo, las valoraciones y las reservas mínimas, y cada comunidad tiene su propia ley de urbanismo: por eso los planes, los plazos y las licencias cambian de una comunidad a otra.

Qué hace cada administración

  • El Estado legisla sobre el suelo (texto refundido de la Ley de Suelo de 2015), el alquiler (Ley de Arrendamientos Urbanos), la edificación (Ley de Ordenación de la Edificación y Código Técnico), los desahucios y los impuestos; aprueba el Plan Estatal de Vivienda, que reparte dinero a las comunidades, y desde 2025 tiene su propia empresa de vivienda, CASA 47.
  • Las comunidades aprueban la ley de urbanismo y la de vivienda, las condiciones mínimas de habitabilidad, la vivienda protegida (precios, requisitos y adjudicación), gestionan las ayudas del plan estatal y, en la mayoría, dan la aprobación definitiva a los planes generales de los municipios. Con la Ley de Vivienda de 2023, son también las que declaran las zonas tensionadas.
  • Los ayuntamientos tienen competencia propia, según el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, en planeamiento, gestión y disciplina urbanística, en la promoción de vivienda pública y en la conservación de los edificios. Redactan el plan general, conceden las licencias de obra y de primera ocupación y cobran el IBI y el impuesto de construcciones.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se creó el 21 de noviembre de 2023, con Isabel Rodríguez como ministra. Es la tercera vez que España tiene un ministerio dedicado a la vivienda: hubo uno entre 1957 y 1977, en el franquismo y la Transición, y otro entre 2004 y 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero. Gestiona el Plan Estatal de Vivienda, la Agenda Urbana y la empresa pública CASA 47, y publica cada trimestre la relación de zonas tensionadas.

El problema en cifras

  • Déficit. El Banco de España estimó en su Informe Anual 2025, presentado el 18 de junio de 2026, que entre 2021 y 2025 se formaron unos 750.000 hogares más que viviendas terminadas, un 3,9 % de los hogares. Solo en 2025, unos 240.000 hogares nuevos frente a unas 92.000 viviendas acabadas. Más de la mitad del déficit se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga.
  • Hogares. El INE proyecta, en junio de 2026, que España pasará de 19,76 millones de hogares en 2026 a 21,94 millones en 2041: unos 2,2 millones más en quince años.
  • Precios. El índice de precios de vivienda del INE subió un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026: un 7,4 % la nueva y un 12,9 % la de segunda mano.
  • Vivienda pública. Una de cada 65 viviendas es pública, según el Banco de España. La Comisión Europea comparó en 2025 el alquiler social español, en torno al 1,5 % de las viviendas principales, con una media cercana al 9 % en la Unión Europea.
  • Propiedad. En torno al 73 % de los hogares vive en una vivienda en propiedad y un 20 % de alquiler, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE; la proporción de propietarios es la más baja desde 2004.

Los planes estatales de vivienda

El Estado no construye casi viviendas: financia. Desde los años ochenta aprueba planes plurianuales que reparten dinero a las comunidades a cambio de que ellas lo completen y gestionen. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, dispone de 7.000 millones de euros: 4.200 del Estado (el 60 %) y 2.800 de las comunidades. Reserva el 40 % del dinero para aumentar la vivienda pública, protegida y asequible, exige que lo que financie tenga protección permanente y que las viviendas del parque público se destinen al alquiler durante al menos 50 años. Lo anterior, el plan 2022-2025, incluía el Bono Alquiler Joven.

En diciembre de 2025 la antigua sociedad estatal de suelo SEPES se convirtió en CASA 47, entidad pública empresarial de vivienda (Real Decreto 1123/2025). El Gobierno le traspasó viviendas y suelos de la Sareb, el «banco malo» de 2012 (más de 40.000 inmuebles y 2.400 suelos, según anunció en julio de 2025), y suelos de Defensa, y anunció en febrero de 2026 una inversión de 13.000 millones en diez años.

Preguntas frecuentes

¿Quién tiene la competencia en vivienda en España? Las comunidades autónomas, según el artículo 148 de la Constitución; el Estado regula el suelo, el alquiler y la edificación y financia el Plan Estatal.

¿Qué es una zona tensionada? Una zona donde la vivienda cuesta más del 30 % de los ingresos medios o los precios subieron tres puntos más que el IPC en cinco años.

¿Qué es un gran tenedor según la Ley de Vivienda? Quien tiene más de diez viviendas o más de 1.500 metros cuadrados residenciales; en zona tensionada la comunidad puede bajar el umbral a cinco.

¿Cuántas viviendas faltan en España? El Banco de España estimó en junio de 2026 un déficit de unas 750.000 viviendas acumulado entre 2021 y 2025.

¿Es obligatoria la perspectiva de género en los planes urbanísticos? Como principio, sí, por la ley de igualdad; un informe formal solo donde lo exige la ley autonómica, como en el País Vasco o Baleares.

¿Qué exige la perspectiva de género en el diseño de una vivienda? Depende de la comunidad; en el País Vasco, dormitorios de al menos 10 metros cuadrados, cocina abierta o visible desde el estar y zonas comunes sin rincones oscuros.

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Fuentes oficiales