Monografía Capítulo 3 de 5

Suelo y planeamiento urbanístico: plan general, licencias y edificación

Capítulo de la monografía Vivienda y urbanismo en España: quién decide y cómo funciona

Suelo y planeamiento: cómo se decide dónde y cómo se construye

Suelo rural y suelo urbanizado

La ley estatal del suelo vigente es el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Recoge la historia de leyes que lo precedieron: la de 1956, la primera ley del suelo moderna; el texto refundido de 1976; la reforma de 1990 y su texto de 1992, anulado casi entero en 1997; la ley de 1998, que convirtió en urbanizable todo el suelo que no estuviera protegido, y la de 2007, que lo revirtió.

Desde 2007 todo el suelo está en una de dos situaciones básicas: rural o urbanizado. El valor de un terreno se calcula por lo que es, no por lo que un plan dice que podría llegar a ser, para que la mera expectativa de recalificación no dispare los precios ni las indemnizaciones. Las leyes autonómicas añaden sus propias clases de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable o rústico, con nombres distintos en cada comunidad.

Lo que paga quien urbaniza

Convertir un terreno rústico en barrio tiene obligaciones fijadas por el artículo 18 de la ley estatal. El promotor debe:

  • ceder al ayuntamiento gratis el suelo para calles, zonas verdes y equipamientos públicos;
  • ceder entre el 5 % y el 15 % de la edificabilidad media de la actuación, y hasta el 20 % en casos justificados: es la participación de la comunidad en las plusvalías que pide el artículo 47 de la Constitución;
  • costear las obras de urbanización y las conexiones con las redes generales de agua, saneamiento, electricidad y accesos, y reforzarlas si hace falta;
  • reservar suelo para vivienda protegida: el 40 % de la edificabilidad residencial en suelo nuevo y el 20 % en reforma urbana desde 2023.

Cómo se aprueba un plan general

El plan general de ordenación urbana (PGOU; POUM en Cataluña) es la norma que decide qué se puede construir en cada parcela de un municipio: dónde va la vivienda, la industria, los parques y los colegios, cuántas plantas y qué usos. En la mayoría de comunidades lo redacta el ayuntamiento, que lo aprueba inicialmente, lo somete a información pública para que vecinos y empresas presenten alegaciones, lo aprueba provisionalmente y lo envía a la comunidad, que da la aprobación definitiva. Antes debe pasar la evaluación ambiental estratégica y recoger los informes sectoriales: carreteras, costas, patrimonio y, si el plan prevé nueva población, el de la confederación hidrográfica sobre si hay agua suficiente, que si no llega a tiempo se entiende desfavorable.

Un plan general tarda años en aprobarse y los tribunales anulan con frecuencia planes enteros por defectos de tramitación, lo que devuelve al municipio al plan anterior. Muchas ciudades trabajan con planes de hace más de veinte años, modificados por partes. El plan general se desarrolla después con planes parciales (suelo nuevo) y planes especiales (reforma, protección), y la reparcelación reparte entre los propietarios los beneficios y las cargas.

De la licencia de obra a la primera ocupación

Con el suelo urbanizado, cada edificio necesita una licencia de obra del ayuntamiento, que comprueba que el proyecto cumple el plan. El sector y los colegios de aparejadores calculan que su plazo medio ronda el año en las grandes ciudades; la patronal madrileña ASPRIMA y la consultora EY estimaron en 2025 un sobrecoste de 12.802 euros por vivienda por los retrasos. El Ministerio publicó una guía de buenas prácticas, sin carácter obligatorio, y algunas comunidades han sustituido licencias por declaraciones responsables. Al acabar la obra, la licencia de primera ocupación o la cédula de habitabilidad, según la comunidad, acredita que la vivienda se puede habitar.

Rehabilitar lo que ya está construido

La mayor parte de la vivienda de 2040 ya existe. El preámbulo del Plan Estatal 2026-2030 recuerda que más del 30 % de las viviendas supera los treinta años y un tercio los cincuenta, y que el 22,9 % de los hogares vive en edificios con deficiencias graves, como mal aislamiento o humedades, según el INE. Por eso la ley estatal del suelo regula, desde la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las actuaciones sobre el medio urbano: rehabilitar edificios, regenerar barrios enteros o sustituir los que no tienen arreglo, con reglas especiales para repartir cargas entre los propietarios y con la posibilidad de ocupar espacio público, por ejemplo para instalar un ascensor por fuera de la fachada.

Las comunidades de propietarios deciden las obras por las mayorías de la Ley de Propiedad Horizontal, y la falta de acuerdo o de dinero de los vecinos es el principal freno. Los planes estatales y los fondos europeos de recuperación financiaron desde 2021 la rehabilitación energética de edificios, y el plan 2026-2030 dedica a la rehabilitación y la regeneración urbana una de sus grandes líneas. La inspección técnica de edificios, obligatoria a partir de cierta antigüedad según la comunidad o el ayuntamiento, detecta los edificios que necesitan obras.

Las normas de la edificación

  • La Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999) fija quién responde de qué: promotor, proyectista, constructor, director de obra y director de la ejecución. Establece plazos de responsabilidad de diez años para los daños en la estructura, tres para los que afectan a la habitabilidad y uno para los acabados, y obliga al promotor a contratar un seguro decenal en la vivienda.
  • El Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006) fija las exigencias técnicas que cumple todo edificio nuevo: seguridad estructural, en caso de incendio y de utilización, salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía.
  • Las condiciones mínimas de habitabilidad son autonómicas: superficies mínimas, número y tamaño de las habitaciones, ventilación, luz natural. Es en estas normas, y en las leyes de urbanismo, donde algunas comunidades han incorporado criterios de perspectiva de género, que explica el capítulo siguiente.

Fuentes oficiales