La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) es la norma que dice cómo se investiga y se juzga un delito en España: quién abre la causa, quién reúne las pruebas, cuándo se puede detener o registrar a alguien, quién acusa y cómo se celebra el juicio. Fue aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, durante la Restauración, y sigue en vigor, con decenas de reformas parciales encima.
Es una de las leyes más antiguas del ordenamiento español y la única gran ley procesal que no se ha rehecho en democracia. Tres Gobiernos de distinto color han intentado sustituirla por un código nuevo y ninguno lo ha conseguido. El último intento, el proyecto de ley orgánica impulsado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, decayó el 4 de noviembre de 2026 con la disolución de las Cortes, sin haber llegado a debatirse en el Pleno del Congreso.
Esta página explica cómo funciona hoy el proceso penal, por qué la ley se considera desfasada y qué proponía la reforma frustrada. Los datos están fechados a 18 de noviembre de 2026.
Qué regula
La LECrim ordena el proceso penal de principio a fin. Para los delitos de cierta gravedad, ese proceso tiene dos fases:
- La instrucción, o investigación. La dirige un juez, el juez de instrucción, que recibe la denuncia o la querella, ordena diligencias (declaraciones, registros, intervenciones telefónicas, peritajes), decide sobre la prisión provisional y, al final, archiva el caso o lo envía a juicio.
- El juicio oral. Lo celebra otro órgano, un juzgado de lo penal o una Audiencia Provincial según la pena, que no ha participado en la investigación. Allí se practican las pruebas ante el tribunal y se dicta sentencia.
La ley regula también los derechos de la persona investigada, que desde 2015 ya no se llama «imputado» sino «investigado» (la diferencia está explicada en imputado frente a investigado), los derechos de las víctimas, los recursos y los procedimientos especiales: el abreviado, el de juicios rápidos y el de delitos leves. El juicio con jurado popular tiene su propia ley orgánica, de 1995, pero se apoya en la LECrim para todo lo demás.
Quién puede acusar
Una de las particularidades del sistema español es la variedad de partes que pueden sostener la acusación en un juicio penal:
| Acusación | Quién la ejerce | Base legal |
|---|---|---|
| Pública | El Ministerio Fiscal, en todos los delitos perseguibles de oficio | LECrim y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal |
| Particular | La víctima o perjudicado por el delito | LECrim, artículos 109 a 110 |
| Popular | Cualquier ciudadano español, aunque no haya sido perjudicado | Artículo 125 de la Constitución y LECrim, artículos 101 y 270 |
| Privada | La víctima, en los delitos que solo se persiguen a instancia suya (injurias y calumnias) | LECrim |
Fuente: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, texto consolidado en el BOE, y artículo 125 de la Constitución.
La acusación popular es casi una rareza en Europa. Permite a un particular, una asociación o un partido personarse en una causa en la que no es víctima. Sus defensores la ven como un control frente a un fiscal que no acusa; sus detractores, como una vía para llevar la lucha política a los juzgados. Asociaciones como Hazte Oír, Manos Limpias o Iustitia Europa y partidos como el PP y Vox han ejercido esta acusación en las causas abiertas a personas del entorno del Gobierno, como el caso de Begoña Gómez.
Por qué se considera una ley vieja
La LECrim de 1882 nació como una ley avanzada para su tiempo: introdujo el juicio oral y público y separó al juez que investiga del que juzga. El problema, según coinciden juristas de distintas posiciones, es que se escribió para otro mundo. No preveía teléfonos móviles, ordenadores, delitos económicos complejos ni crimen organizado internacional. Las normas sobre esos asuntos se han ido añadiendo con parches; la reforma de 2015, por ejemplo, reguló por fin la intervención de las comunicaciones electrónicas.
Hay además una crítica de fondo al modelo. En la mayoría de los países europeos, Alemania, Italia o Portugal entre ellos, la investigación la dirige el fiscal, bajo el control de un juez que vela por los derechos del investigado. España mantiene al juez instructor, que investiga y a la vez decide sobre medidas que afectan a derechos fundamentales. Sus críticos, entre ellos la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, sostienen que esa doble función compromete su imparcialidad y alarga las causas: instrucciones que duran años y sumarios de miles de folios.
Sus defensores replican que el juez de instrucción es independiente y el fiscal no lo es del todo, porque el fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno y la Fiscalía funciona de forma jerárquica. Ese es el nudo de todos los intentos de reforma.
Los intentos fallidos de reforma
- 2011. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2011 un anteproyecto de nueva LECrim que daba la instrucción al fiscal. Lo preparó el Ministerio de Justicia con Juan Carlos Campo como secretario de Estado. Decayó con la disolución de las Cortes para las elecciones de noviembre de ese año.
- 2013. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón, del Gobierno de Mariano Rajoy, encargó a una comisión de expertos una propuesta de Código Procesal Penal en la misma línea. No llegó a convertirse en proyecto de ley. Gallardón y su sucesor, Rafael Catalá, optaron por reformas parciales, como la de 2015.
- 2020. Con Juan Carlos Campo ya como ministro, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un nuevo anteproyecto a finales de 2020. El texto se envió a informe del Consejo General del Poder Judicial, pero quedó parado con la llegada de Pilar Llop al ministerio en 2021. El CGPJ no aprobó su informe hasta diciembre de 2024, por unanimidad, con una advertencia: antes de dar la instrucción a los fiscales había que reforzar la independencia de la Fiscalía.
La reforma de Bolaños (2025-2026)
El Consejo de Ministros aprobó el 28 de octubre de 2025 el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que llegó al Congreso de los Diputados dos días después. Bolaños lo presentó como «la primera ley procesal penal de la democracia» y dijo que se apoyaba en los textos de 2011 y 2013. Sus líneas principales:
- La investigación pasa al fiscal. El Ministerio Fiscal dirigiría las diligencias, y un «juez de garantías» autorizaría las medidas que afectan a derechos fundamentales (registros, escuchas, prisión provisional).
- Tres jueces distintos. Uno controla la investigación, otro decide si el caso va a juicio y un tercero lo juzga. Solo serían recurribles las decisiones que afectan a derechos fundamentales.
- Límites a la acusación popular. Quedarían excluidos las personas jurídicas públicas, los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones vinculadas a ellos, y se exigiría un «vínculo legítimo con el interés público».
- Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, para que el fiscal general tuviera un mandato de cinco años que no coincida con el del Gobierno, solo pudiera ser cesado por incumplimiento grave y con informe del CGPJ, y no pudiera recibir instrucciones del Ejecutivo.
- Más garantías para las víctimas y revisión de la prisión provisional cada seis meses.
La ley no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2028, para dar tiempo a la Fiscalía a dotarse de medios.
El nombre «ley Bolaños» se ha usado en la prensa para varias leyes del mismo ministro: esta reforma procesal, la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia de la justicia (ya en vigor) y el proyecto sobre el acceso a la carrera judicial. Conviene comprobar a cuál se refiere cada noticia.
Cómo terminó y quién dijo qué
El proyecto se tramitó por el procedimiento ordinario en la Comisión de Justicia, pero nunca pasó del plazo de enmiendas: la Mesa lo amplió semana tras semana durante casi un año, hasta octubre de 2026. El Gobierno no tenía asegurada la mayoría para aprobar una ley orgánica, que exige 176 votos. Con la disolución de las Cortes para las elecciones del 29 de noviembre, el registro del Congreso lo da por caducado desde el 4 de noviembre de 2026. Para retomarlo, el próximo Gobierno tendría que aprobar un proyecto nuevo (el trámite está explicado en cómo se tramita una ley).
Las posiciones, tal como las expresaron sus protagonistas:
- El Gobierno y el PSOE defendieron que la reforma acaba con «una anomalía histórica en Europa», en palabras del diputado socialista Francisco Aranda. Bolaños justificó el límite a la acusación popular al afirmar que es «una herramienta de las organizaciones ultras para perseguir a los que son progresistas».
- Sumar apoyó dar la instrucción a los fiscales, pero rechazó restringir la acusación popular.
- El PP habló de un «asalto a la Justicia», por boca de Cuca Gamarra, porque daría la investigación a una Fiscalía que considera dependiente del Ejecutivo. Vox criticó que se excluyera a partidos y sindicatos de la acusación popular, y Junts sostuvo que el texto «perpetúa la instrumentalización política de la Fiscalía».
- Las asociaciones de jueces y fiscales no se opusieron en bloque al modelo, pero pusieron condiciones. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria aceptó que investiguen los fiscales solo con una autonomía de la Fiscalía garantizada, «cosa que ahora no acontece», según su portavoz. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria, calificó la reforma del Estatuto Fiscal de «una operación más de maquillaje».
- La Fiscalía General la respaldó. Teresa Peramato la llamó «reivindicación histórica» y ha defendido que «el fiscal tiene que investigar y el juez juzgar».
El debate llegó marcado por las causas judiciales abiertas a personas próximas al Gobierno y por el caso del fiscal general Álvaro García Ortiz, que la oposición citó como prueba de que la Fiscalía no es independiente.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Es la ley de 1882 que regula cómo se investigan y juzgan los delitos en España, desde la denuncia hasta la sentencia y los recursos.
¿Quién investiga los delitos en España? El juez de instrucción, con la participación del fiscal y de las demás partes. La reforma de 2025 proponía dar esa tarea al fiscal.
¿En qué quedó la reforma de Bolaños? Caducó el 4 de noviembre de 2026 con la disolución de las Cortes, sin haber llegado al Pleno del Congreso.
¿Qué es la acusación popular? La posibilidad de que un ciudadano o una asociación acuse en un proceso penal sin ser víctima, reconocida en el artículo 125 de la Constitución.
¿Por qué no se ha cambiado antes? Los intentos de 2011, 2013 y 2020 decayeron por falta de tiempo o de acuerdo, sobre todo sobre la independencia de la Fiscalía.