2012: los recortes y su reversión
El Real Decreto-ley 16/2012
En plena crisis financiera, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el 20 de abril de 2012 el Real Decreto-ley 16/2012, «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud». La ministra Ana Mato defendió que era «un momento excepcional y de urgencia» y que la deuda sanitaria se había vuelto «insostenible» (Orain, 17 de mayo de 2012). El decreto hizo tres cosas de largo alcance: ligó otra vez la asistencia a la condición de «asegurado» y dejó a los inmigrantes en situación irregular solo con urgencias, embarazo y atención a menores; dividió la cartera común de servicios en básica, suplementaria y accesoria, y extendió el copago farmacéutico a los pensionistas con porcentajes según la renta. El Congreso lo convalidó el 17 de mayo de 2012 por 178 votos a favor y 137 en contra, con el PP y UPN solos frente al resto de la Cámara, y rechazó tramitarlo como proyecto de ley, lo que habría permitido enmendarlo, por 139 votos a favor y 176 en contra (Diario de Sesiones del Congreso, 17 de mayo de 2012). El Parlamento de Navarra, entre otros, lo recurrió ante el Tribunal Constitucional.
Las mareas blancas (2012-2014)
La protesta más duradera no fue contra el decreto estatal, sino contra un plan autonómico. El 1 de noviembre de 2012 el consejero madrileño Javier Fernández-Lasquetty presentó el Plan de Sostenibilidad del sistema sanitario de Madrid, que encargaba a empresas la gestión sanitaria de seis hospitales públicos (Infanta Leonor, Sureste, Tajo, Infanta Cristina, Henares e Infanta Sofía). Profesionales y pacientes salieron a la calle cada mes durante más de un año con batas blancas (la marea blanca), y los sindicatos AMYTS y AFEM recurrieron los pliegos: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió el proceso. El 27 de enero de 2014 el presidente Ignacio González renunció a la externalización «para evitar la incertidumbre de los profesionales», aunque sostuvo que el proceso no había sido «en absoluto» un fracaso, y Lasquetty dimitió ese mismo día (Redacción Médica, 27 de enero de 2014). Una de las coportavoces de AFEM en aquellas protestas era Mónica García, ministra de Sanidad desde noviembre de 2023.
2018: la vuelta a la universalidad
Tras la moción de censura, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto-ley 7/2018, de acceso universal, con Carmen Montón como ministra. El Congreso lo convalidó el 6 de septiembre de 2018 por 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones (Diario de Sesiones del Congreso), con el PP en contra y Ciudadanos abstenido; la portavoz popular Teresa Angulo lo calificó de «irresponsable» y avisó de un «efecto llamada» (Redacción Médica, 15 de noviembre de 2018). Como cada comunidad fijaba el procedimiento para los extranjeros sin residencia legal, la aplicación fue desigual; el proyecto de ley de universalidad enviado al Congreso en mayo de 2024 se atascó, y en marzo de 2026 el Gobierno recurrió a un decreto: el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, unifica en todo el país el acceso mediante una declaración responsable y un código de identificación propio (BOE, 12 de marzo de 2026). Vox pidió en abril derogarlo; la ministra lo defendió en el Congreso con un argumento económico: atender pronto «es más barato que intervenir cuando ya es tarde» (Redacción Médica, 18 de marzo de 2026).
La pandemia
La pandemia de COVID-19, con Salvador Illa y después Carolina Darias al frente del ministerio, puso a prueba ese reparto: el primer estado de alarma concentró el mando en el Gobierno central y la «cogobernanza» posterior devolvió las decisiones a las comunidades. La página del evento cuenta la secuencia y las dos sentencias del Constitucional de 2021.