MUFACE, ISFAS y MUGEJU: cómo funciona el mutualismo administrativo
Los funcionarios del Estado tienen un régimen sanitario propio, anterior al SNS: el mutualismo administrativo, creado por la Ley 29/1975. Lo gestionan tres organismos: MUFACE, para los funcionarios civiles de la Administración General del Estado; ISFAS, para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, y MUGEJU, para jueces, fiscales y personal de Justicia. Su peculiaridad es que cada mutualista elige cada año si recibe la asistencia en la sanidad pública, a través de un convenio con el INSS y las comunidades, o en una aseguradora privada concertada que paga el Estado con una prima por persona. Los cambios de entidad se hacen en enero y junio. Las prestaciones de MUFACE incluyen además el subsidio por incapacidad temporal, ayudas dentarias y ortoprotésicas y la receta propia, con un copago del 30 % para todos, activos o jubilados.
El coste público es pequeño frente al del SNS pero no despreciable: las mutualidades sumaron 2.461 millones de euros de gasto sanitario en 2024, el 2,4 % del total. En 2025, 991.978 mutualistas de MUFACE estaban adscritos a aseguradoras, un 4,43 % menos que un año antes, y 589.661 a la sanidad pública, un 16 % más, según los datos de ICEA publicados por El Español. La patronal de las aseguradoras, Unespa, eleva a 1,6 millones los funcionarios y familiares de las tres mutualidades atendidos por seguros privados en 2025.
El modelo entró en crisis en el otoño de 2024. Las aseguradoras dejaron desierta la primera licitación del concierto de MUFACE por considerar insuficiente la subida de la prima, y DKV se retiró en enero de 2025. El Gobierno rehízo las condiciones con una subida acumulada del 41,2 % en tres años y un presupuesto de 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones más que el anterior. Adeslas y Asisa firmaron el 30 de abril de 2025 un concierto que entró en vigor el 1 de mayo, dura hasta el 31 de diciembre de 2027 y cubría al firmarse a 1.014.692 personas. La disputa se trasladó en 2026 a las mutualidades hermanas: el 27 de octubre Adeslas anunció que concurría al concierto de MUGEJU para 2027 pero no al de ISFAS, porque «la financiación prevista para 2027 no alcanza el equilibrio necesario», y la licitación de ISFAS, que afecta a unos 530.000 militares, guardias civiles y familiares, quedó desierta. El detalle de la crisis, con las posiciones de cada partido, está en la ficha de MUFACE.
Sanidad privada y seguros de salud
Junto al sistema público funciona un sector privado amplio. Según Unespa, 12,8 millones de personas tenían un seguro de salud privado en 2025, el 26 % de la población. La proporción variaba mucho por comunidades: el 40,8 % en Madrid, el 33,7 % en Cataluña y el 32,8 % en Baleares, frente al 14,1 % de Murcia y el 13,2 % de Navarra. Las primas del ramo de salud alcanzaron 13.541 millones de euros en 2025, un 11,31 % más que el año anterior, según ICEA.
El sistema público, además, compra servicios a la privada mediante conciertos: pruebas diagnósticas, operaciones para reducir listas de espera, diálisis, rehabilitación o transporte sanitario. En 2024 esos conciertos sumaron 10.143 millones, el 10,0 % del gasto sanitario público. Su papel es el centro de un debate ideológico. Unespa sostiene que el seguro privado y los conciertos con las mutualidades son «un claro ejemplo de colaboración público-privada» que «alivia la presión asistencial del sistema público y favorece su sostenibilidad». La FADSP habla de una «crónica desfinanciación» de la sanidad pública y pide que el dinero se dedique a reforzar la red propia, sobre todo la atención primaria. Cómo se trasladan esas posiciones a los programas de cada partido se recoge en la sección dedicada al debate político.
El modelo Alzira y las concesiones sanitarias
La forma más ambiciosa de colaboración fue el llamado modelo Alzira, que nació en la Comunitat Valenciana con el contrato del Hospital de La Ribera, en Alzira. Una empresa privada recibía una cantidad fija por habitante y año (una «base capitativa») y, a cambio, asumía toda la asistencia del departamento de salud, desde la atención primaria hasta el hospital, y construía y equipaba el hospital, que al final del contrato revertía gratis a la Generalitat. Si un vecino del departamento se operaba en un hospital público de otra zona, la concesionaria pagaba la factura, y viceversa. El esquema se extendió a otros cuatro departamentos: Dénia, Torrevieja, Elx-Crevillent y Manises, que en 2016 atendían al 19 % de la población valenciana.
La Sindicatura de Comptes, el tribunal de cuentas valenciano, auditó dos de ellos y llegó a una conclusión con dos caras. Estimó que la concesión de Torrevieja suponía un ahorro de gasto corriente de unos 45 millones de euros al año, el 30 % frente a departamentos públicos comparables, y la de Manises, de 42,5 millones, gracias sobre todo a un régimen laboral y de compras más flexible. Pero también halló que los contratos no tenían indicadores de calidad ni penalizaciones, que la comisión de seguimiento solo había cumplido uno de sus trece cometidos y que la Administración no había supervisado la rentabilidad de las concesionarias ni sus planes de inversión. El precio de La Ribera, fijado en 2002, se copió en los demás contratos sin tener en cuenta las diferencias de población de cada zona.
El Gobierno valenciano de Ximo Puig decidió no renovar la concesión de La Ribera y la Generalitat Valenciana la recuperó el 1 de abril de 2018, después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazara suspender cautelarmente la reversión, como pedía la concesionaria, Ribera Salud. La Generalitat anunció entonces que rescataría las demás concesiones a medida que vencieran. Madrid siguió otro camino, con hospitales públicos construidos y gestionados por empresas privadas; ese modelo y la discusión sobre si equivale a privatizar se tratan en la sección sobre el debate de la sanidad pública.