2023-2026: las leyes que llegaron y las que decayeron
Lo aprobado
La principal ley sanitaria de la legislatura que empezó en 2023 fue la Ley 7/2025, que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, una vieja promesa desde la pandemia: el Congreso la tumbó el 20 de marzo de 2025 por 167 votos a favor y 176 en contra, con PP, Vox y Junts en contra (El Debate, 20 de marzo de 2025), y el Gobierno la rescató por la vía de la comisión con competencia legislativa plena hasta su aprobación definitiva, tras pasar por el Senado, el 22 de julio de 2025. El resto llegó por decreto o por acuerdo del Consejo Interterritorial: el Real Decreto 180/2026 ya citado, el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, aprobado por el pleno del Consejo el 16 de diciembre de 2024, y las actualizaciones de la cartera común por orden ministerial, como la que en 2025 retocó la atención bucodental a personas con discapacidad.
Lo que decayó el 6 de octubre de 2026
La disolución de las Cortes para las elecciones del 29 de noviembre dejó sin efecto todos los proyectos pendientes. En sanidad cayeron:
- Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Aprobada por el Consejo de Ministros el 12 de mayo de 2026, derogaba la Ley 15/1997, hacía de la gestión pública directa «el núcleo» del sistema y de la indirecta una excepción «estrictamente excepcional» que la administración debía justificar ante órganos de evaluación independientes, prohibía que una misma empresa construyera un hospital y gestionara su asistencia y respetaba los contratos vigentes hasta su fin (Legal Today, 12 de mayo de 2026). Mónica García la resumió así: «La sanidad pública debe gestionarse desde lo público». El Parlament de Cataluña había pedido su retirada el 12 de marzo, con 62 votos (Junts, ERC, CUP, Aliança Catalana y un diputado del PP) frente a 59 (PSC, Vox y Comuns) y 14 abstenciones del PP, por considerarla «un ataque al modelo de salud catalán» (Redacción Médica, 12 de marzo de 2026), y Junts anunció una enmienda a la totalidad en junio.
- Reforma del Estatuto Marco. Pactada el 26 de enero de 2026 con SATSE, CCOO, UGT y CSIF, fijaba una jornada máxima de 45 horas semanales, sustituía las guardias de 24 horas por un máximo de 17 y obligaba a convocar oposiciones periódicas (eldiario.es, 26 de enero de 2026). El Consejo de Ministros la aprobó en primera vuelta el 2 de junio y en segunda el 1 de septiembre, pese a la huelga de los sindicatos médicos.
- Ley del tabaco. Aprobada por el Gobierno el 21 de julio de 2026, equiparaba los vapeadores y las bolsas de nicotina al tabaco y extendía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas y marquesinas. La Asociación Española Contra el Cáncer la aplaudió; la patronal de la restauración de Mallorca calificó de «desproporcionada» la prohibición en terrazas (El Debate, 22 de julio de 2026).
- Ley de los medicamentos y productos sanitarios, con un ahorro estimado por el ministerio de 2.100 millones al año, la ley de organizaciones de pacientes y el proyecto de prevención del consumo de alcohol en menores, en el Congreso desde marzo de 2025 (Diario de León, 5 de octubre de 2026).
No era la primera vez. La disolución de 2023 ya había enterrado la ley de equidad, universalidad y cohesión de Carolina Darias, que el PP tachó de sectaria en el debate de totalidad de septiembre de 2022 (Grupo Popular) y que Podemos consideraba insuficiente contra los conciertos privados, junto con la iniciativa de ratios de enfermeras y una ley de salud mental (Redacción Médica, 29 de mayo de 2023).