Regularización extraordinaria de inmigrantes (2026)
El Gobierno aprobó en abril de 2026 una regularización extraordinaria, pactada con Podemos tras una ILP de 2024, que recibió 1.174.978 solicitudes hasta el 30 de junio. El Supremo rechazó suspenderla de forma cautelar, pero sigue pendiente el recurso de la Comunidad de Madrid y Vox. PP y Vox la rechazan. No hay balance oficial de resoluciones desde julio.
Cifras clave
Gráficos
Previsión inicial del Gobierno y de los impulsores. Balance del Ministerio de Inclusión a 2 de julio de 2026, último nacional disponible a 31 de octubre.
La regularización extraordinaria de inmigrantes de 2026 permite a personas extranjeras en situación irregular y a solicitantes de asilo pedir un permiso de residencia y trabajo de un año. El plazo estuvo abierto del 16 de abril al 30 de junio y recibió 1.174.978 solicitudes, más del doble de la previsión de unas 500.000. Nació de una iniciativa popular de 2024 y de un acuerdo del Gobierno con Podemos. PP y Vox la rechazan, y sigue pendiente un recurso en el Tribunal Supremo. A 31 de octubre no hay un balance oficial reciente de cuántas se han resuelto.
Contexto previo
La plataforma Regularización Ya presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 600.000 firmas, según elDiario.es; otras informaciones hablan de 700.000. La respaldaron unas 900 organizaciones. Sus impulsores calculaban en unas 500.000 las personas que viven en España sin papeles.
El Congreso la tomó en consideración el 9 de abril de 2024 por 310 votos a favor y 33 en contra, los de Vox. El PP votó a favor de tramitarla, y su portavoz Sofía Acedo pidió una «posición equilibrada». Alberto Núñez Feijóo dijo entonces que su partido era «sensible» con quienes trabajan sin papeles. La ILP quedó después sin avanzar en el Congreso, y el Gobierno adujo ese bloqueo para optar por un real decreto.
Qué ocurrió
El 27 de enero de 2026, el Consejo de Ministros inició la tramitación del real decreto, pactado con Podemos. El texto definitivo, el Real Decreto 316/2026, se aprobó en abril, se publicó en el BOE el 15 y entró en vigor el 16.
Los requisitos son estos:
- Estar en España antes del 1 de enero de 2026, o haber pedido protección internacional antes de esa fecha.
- Acreditar al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida.
- No tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
La admisión a trámite da una autorización provisional para residir y trabajar. El permiso definitivo dura un año, y después hay que pasar a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
El 22 de mayo, el Tribunal Supremo rechazó suspender el decreto de forma cautelar, como pedían la Comunidad de Madrid y Vox. Admitió la legitimación de ambos, por lo que sus recursos siguen vivos. Inadmitió los de Hazte Oír, Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica por falta de legitimación.
Respuesta del Gobierno central
La ministra Elma Saiz defendió que la medida reconoce derechos y da seguridad jurídica, y calificó el proceso de «éxito» al cerrarlo. El Gobierno la presenta como el primer paso de su plan de integración. La secretaria de Estado Pilar Cancela informó en julio de unas 11.000 resoluciones favorables.
Posición de los partidos y debate parlamentario
PSOE y Sumar la impulsan desde el Gobierno. Podemos la pactó con el Ejecutivo.
PP. Feijóo la criticó en enero de 2026. Dijo que aumentaría el efecto llamada, que amenazaba con desbordar los servicios públicos y que era una forma de desviar la atención del accidente de Adamuz. Pidió estudiar los casos de uno en uno. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, la recurrió por su efecto en los servicios públicos y por contravenir, a su juicio, la normativa europea.
Vox. Fue el único grupo que votó contra la ILP en 2024 y recurrió el decreto ante el Supremo. Santiago Abascal sostuvo en enero de 2026 que los regularizados serían «muchos más» de medio millón por la reagrupación familiar, acusó al Gobierno de «acelerar los procedimientos de invasión y de sustitución» y propuso una «remigración», según Europa Press.
El Gobierno frente al PP. Yolanda Díaz acusó a Feijóo de criminalizar a los migrantes.
Lo dicho frente a lo hecho
- Previsión. El Gobierno y los impulsores hablaban de unas 500.000 personas. Las solicitudes superaron 1,17 millones.
- PP. En 2024 votó a favor de tramitar la ILP. En 2026 rechaza la regularización, y elDiario.es le reprocha ese cambio. Su portavoz planteó aquel voto en 2024 como una forma de abrir el debate.
- Plazos. El Gobierno prometió un procedimiento «ágil, eficaz y sin trabas». A 16 de octubre no había balance nacional de resoluciones, según Infomigrante. Un recuento de nueve despachos difundido por EFE daba un 27,94 % de sus expedientes con resolución definitiva, una muestra no extrapolable.
Impacto político y social
El último balance oficial detallado es del 2 de julio. Fuentes de Migraciones declinaron dar nuevas cifras a EFE en octubre. En Cataluña, donde hubo más de 257.000 solicitudes, la Generalitat registró 83.049 afiliaciones a la Seguridad Social hasta septiembre. Infomigrante señala que algunas empresas siguen exigiendo la tarjeta de extranjero pese a la autorización provisional.
Conclusiones
La regularización está aplicada, pero no cerrada: faltan las resoluciones de la mayoría de los expedientes y la sentencia del Supremo sobre el fondo. Ambas cuestiones llegan a las elecciones del 29 de noviembre con la inmigración como debate abierto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la regularización extraordinaria de 2026? Es un procedimiento que da un permiso de residencia y trabajo de un año a extranjeros ya presentes en España.
¿Se puede solicitar todavía? No: el plazo terminó el 30 de junio de 2026.
¿Cuántas personas la han pedido? Se recibieron 1.174.978 solicitudes, según el último balance del ministerio.
¿Qué dijo el Supremo? Rechazó suspenderla de forma cautelar el 22 de mayo de 2026, y el recurso de fondo sigue pendiente.
¿Quién está en contra? PP y Vox la rechazan, y la Comunidad de Madrid y Vox la han recurrido.
Historial cronológico del evento
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El Tribunal Supremo inadmite el recurso de Hazte Oír contra la regularización de migrantes por falta de legitimación
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Los datos y cifras se basan en fuentes oficiales y hemeroteca. El análisis busca la objetividad pero puede contener interpretaciones. Las leyes citadas remiten al boletín oficial de cada país.