Las propuestas recurrentes y quién las defiende
- Mochila austriaca: un fondo individual que la empresa alimenta cada mes y que el trabajador se lleva al cambiar de empleo o cobra al jubilarse. La propuso Pablo Casado en 2019, Ciudadanos la llevó ese año como cuentas individuales y el PP la incluyó en 2023; Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España hasta 2024, la defendió con un coste de unos 8.000 millones (Vozpópuli). CCOO y UGT la rechazan por desviar cotizaciones del reparto.
- Cuentas nocionales: cada trabajador acumula un saldo virtual con lo cotizado y la pensión resulta de dividirlo por la esperanza de vida, como en Suecia. Fedea propuso en octubre de 2025 una transición de veinte años (los nacidos en 1971 tendrían un 5 % de su pensión por este sistema; los de 1990, el 100 %) con un ahorro de hasta el 40 % del gasto (Diario de León, 14 de octubre de 2025). Ningún partido con escaño la propone.
- Edad y años: ningún programa de 2023 sube la edad más allá de los 67; el FMI pidió en junio de 2025 alargar el periodo de cálculo y elevar la edad efectiva; ERC, EH Bildu y BNG quieren volver a los 65.
- Inmigración: el Banco de España calculó en su Informe Anual de 2023 (abril de 2024) que mantener la proporción actual entre población en edad de trabajar y mayores exigiría unos 24,7 millones de inmigrantes hasta 2053; sin ellos la ratio baja de 3,8 a 2,1. Vox la descarta como solución.
- Planes privados: Inverco cifra en 3,24 millones los partícipes de planes de empleo frente al objetivo de 13 millones de la Ley 12/2022 y propone la adscripción automática; Unespa pide elevar a 5.000 euros la aportación deducible. Sumar y Podemos rechazan más ventajas fiscales al ahorro privado.
Las «pensiones de los políticos»: lo que dicen las normas
- Diputados y senadores. El Reglamento de pensiones parlamentarias de 2006 reconocía a quienes hubieran sido parlamentarios al menos siete años un complemento hasta la pensión máxima (el 80 %, 90 % o 100 % con 7, 9 u 11 años de mandato). Las Mesas del Congreso y el Senado lo suprimieron el 19 de julio de 2011 para quienes entraran a partir de la X Legislatura, respetando los derechos ya generados (Laboral Social, 2011); en julio de 2025 lo cobraban 119 antiguos parlamentarios (Maldita, 2025). Desde 2011 el Congreso cotiza a la Seguridad Social por sus diputados como cualquier empresa y su pensión se calcula con las reglas generales. Lo que existe es la indemnización de transición: los 213 diputados que cesaron el 6 de octubre de 2026 pudieron pedir 52 días de retribución (entre 7.300 y 9.600 euros) y quien no repita escaño tras dos años puede cobrar una mensualidad de 3.366,99 euros por año, hasta 24, si no tiene otros ingresos (Europa Press, 5 de octubre de 2026).
- Ministros. La Ley 3/2015 de altos cargos dispone que los miembros del Gobierno que no son funcionarios cotizan al Régimen General sin derechos de pensión especiales; al cesar pueden cobrar hasta dos años una compensación (el 80 % del sueldo) incompatible con cualquier retribución o pensión (BOE, arts. 5 a 7).
- Expresidentes del Gobierno. El Real Decreto 405/1992 les asigna de por vida dos puestos de personal, una dotación de oficina fijada en los Presupuestos (74.580 euros al año, según Maldita), coche con conductores, seguridad y transporte; la Ley Orgánica 3/2004 los hace consejeros natos vitalicios del Consejo de Estado, con sueldo si se incorporan (Zapatero, 2012-2015). Mariano Rajoy percibe la dotación de oficina, no la compensación por cese (Maldita, 15 de julio de 2026). No existe una «pensión vitalicia» de expresidente distinta de la que generen como cotizantes.
- Funcionarios que pasan a la política siguen en Clases Pasivas si ingresaron antes de 2011.