Lo que se busca y lo que es cierto
Ocho afirmaciones que circulan desde los dos lados del debate, contrastadas con fuentes.
«Los inmigrantes cobran pensiones sin haber cotizado». Falso como regla. Una pensión contributiva exige 15 años cotizados, también a un extranjero; la no contributiva exige 65 años y diez de residencia legal, dos de ellos inmediatamente anteriores (IMSERSO, 2026). Según los datos del IMSERSO citados por Maldita.es, en diciembre de 2024 había 36.447 extranjeros entre los perceptores de no contributivas, en torno al 8 %. Del otro lado, los 3.699.878 afiliados extranjeros de octubre de 2026 (16,4 % del total) cotizan como cualquiera, y 490.586 entraron con la regularización de 2026 (Ministerio de Inclusión).
«La hucha la vació el PP» / «la vació Zapatero». Las cifras son del informe anual del Fondo de Reserva: creado en 2000, llegó a 66.815 millones en 2011; entre 2012 y 2017, con Fátima Báñez en el Ministerio, se dispusieron 74.437 millones (más que el máximo, por los rendimientos) para pagar las pagas extra en los años de déficit que dejó la crisis de 2008-2013, y quedaron 8.085; las últimas disposiciones de 2018 y 2019 lo dejaron en 2.153 millones. La caída de ingresos empezó con la destrucción de empleo de 2008-2011, y Zapatero congeló las pensiones en 2011. Desde 2023 el MEI la rellena: 15.267 millones a 31 de marzo de 2026 y unos 20.000 previstos a final de año (Ministerio de Inclusión). Las disposiciones fueron bajo Rajoy; el agujero que las obligó, de la crisis. La hucha nunca cubrió más que unos meses de nómina.
«Las pensiones se van a congelar en 2027». Ningún partido lo propone. La Ley 21/2021 obliga a revalorizarlas con el IPC medio de diciembre a noviembre; el dato se conoce el 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones del 29-N, y el Gobierno de Elma Saiz sostiene que aprobará el decreto en diciembre aunque esté en funciones, como en 2019, cuando la subida del 0,9 % se aprobó el 14 de enero de 2020 y se cobró con atrasos en febrero. Alberto Núñez Feijóo ha prometido mantener el IPC; Vox, el único partido que votó contra la revalorización de 2026, defiende un modelo mixto, no una congelación. Las congelaciones reales fueron la de 2011 (todas menos las mínimas) y el 0,25 % anual de 2014 a 2017.
«Solo hay un trabajador por pensionista». En octubre de 2026 había 22.624.165 afiliados y en agosto algo más de 9,5 millones de pensionistas (10,5 millones de pensiones): 2,4 afiliados por pensionista, 2,15 por pensión. El cociente bajará con el baby boom: la OCDE y el Ageing Report proyectan que el gasto pase del 13,6 % del PIB en 2023 al 17,3 % en 2050, el mayor aumento de la UE.
«España es el país de Europa que más gasta en pensiones». No. Eurostat (2023) sitúa a España sexta, con el 13,17 % del PIB, tras Italia (15,49 %), Francia (14,58 %), Austria (14,37 %), Grecia (14,01 %) y Finlandia (13,74 %), y sobre la media de la UE (12,28 %). Lo que sí dicen las proyecciones de la Comisión Europea es que en 2050 estaría entre los que más gastan.
Más afirmaciones contrastadas: la mochila austriaca, el MEI y la privatización
«Con la mochila austriaca cobraríamos más pensión». Confunde dos cosas. La mochila austriaca (Abfertigung Neu, 2003) es una cotización del 1,53 % del salario a un fondo que el trabajador se lleva al cambiar de empresa y puede cobrar al jubilarse: sustituye a la indemnización por despido, no a la pensión. La pensión austriaca sale de un sistema público de reparto que sustituye el 86,8 % del salario neto (OCDE, 2025), casi como el español. Un análisis de KPMG concluyó que igualar la indemnización española exigiría aportar más del 9 % del salario. Ciudadanos, el PP en 2019 y la CEOE la han propuesto como seguro de despido, no como pensión.
«El MEI es un impuesto a los jóvenes que nunca cobrarán pensión» / «el MEI garantiza las pensiones». El MEI es una cotización del 0,9 % en 2026 (1,2 % en 2029), sin derecho a prestación, que va íntegra al Fondo de Reserva: 1.162 millones en el primer trimestre de 2026, unos 5.300 en el año. Ni lo uno ni lo otro. En marzo de 2025 la AIReF concluyó que el gasto neto proyectado para 2022-2050 no superaba el límite del 13,3 % del PIB fijado por la reforma, así que no se activó la cláusula de cierre, pero advirtió de que ese límite «no es un indicador adecuado para medir la sostenibilidad»: el gasto subirá del 12,9 % del PIB en 2023 al 16,1 % en 2050 y exigirá transferencias crecientes del Estado. Fedea (Ángel de la Fuente) sostiene que, con los ingresos contados con menos generosidad, el límite ya se supera; el Gobierno y CCOO replican que el sistema cumplió la regla pactada. Que «los jóvenes no cobrarán pensión» no lo sostiene ningún organismo: se discute cuánto costará y quién lo pagará.
«PP y Vox van a privatizar las pensiones» / «el PSOE ha subido las pensiones como nunca». Ambas exageran. El PP votó en febrero de 2026 a favor de la revalorización con el IPC y su candidato la ha prometido; Vox propone un modelo mixto con capitalización y su líder niega que sea privatizar, aunque Sumar y los sindicatos lo describen así (ver la revalorización de 2026). Las subidas de 2023 (8,5 %), 2024 (3,8 %), 2025 (2,8 %) y 2026 (2,7 %) son las mayores en cifras nominales, pero aplican la ley de 2021, que replica la inflación: la pensión media no ha ganado poder adquisitivo, lo ha conservado. Lo que distingue a este Gobierno es la subida de mínimas y no contributivas por encima del IPC y las transferencias del Estado, que el PP llama déficit encubierto y el Gobierno, pago de gastos impropios.
Conclusiones: qué está en juego
El sistema español paga pensiones altas en relación con el salario, la tasa de sustitución bruta más alta de la OCDE según Pensions at a Glance 2025, y lo hace con un gasto del 13,2 % del PIB, por encima de la media europea pero por debajo de Italia o Francia. Su punto débil es el calendario: entre 2025 y 2045 se jubila la generación más numerosa de la historia del país, cuando la natalidad es de las más bajas del mundo y la esperanza de vida a los 65 años supera los 22 años.
Las reformas de los últimos cuarenta años han oscilado entre dos estrategias. Las de 1985, 2011 y 2013 actuaron sobre el gasto: más años para calcular la pensión, más edad, una revalorización desligada de los precios. Las de 2021 y 2023 actuaron sobre los ingresos: devolvieron el IPC y cargaron el ajuste en cotizaciones nuevas (MEI, destope de bases, cuota de solidaridad) y en transferencias del Estado. El Gobierno y los sindicatos sostienen que ese equilibrio basta y lo respaldan con la evaluación de la AIReF de 2026, que sitúa el gasto neto por debajo del límite legal del 13,3 % del PIB; Fedea, el Banco de España, la Comisión Europea o la propia AIReF advierten de que cumplir la regla no garantiza la sostenibilidad y de que la deuda pública crecerá si nada cambia.
Nadie con peso en el debate prevé que las pensiones dejen de pagarse. Lo que se discute es cuánto más costarán, quién pagará la diferencia (los cotizantes jóvenes, los contribuyentes o los propios pensionistas) y si conviene añadir un pilar de ahorro individual. Esas son las preguntas que tendrá que contestar el Gobierno que salga del 29-N, empezando por el decreto de la subida de 2027.