Gravámenes temporales, tasa Google y tasa Tobin
En 2023 y 2024 la banca y las grandes energéticas pagaron dos gravámenes temporales (Ley 38/2022) sobre sus beneficios extraordinarios por la subida de tipos de interés y de la energía: un 4,8 % del margen de intereses y comisiones de los bancos y un 1,2 % de la cifra de negocios de las energéticas. En 2024 ingresaron 2.859 millones, 1.695 de la banca y 1.164 de las energéticas, según el Ministerio de Hacienda. El de la banca se convirtió en un impuesto (Ley 7/2024) sobre el margen de intereses y comisiones para 2024, 2025 y 2026, con una escala del 1 % al 7 % y una exención de los primeros 100 millones, que recaudó 1.423 millones en 2025. El de las energéticas expiró: el Congreso derogó el 22 de enero de 2025 el decreto que lo prorrogaba (Real Decreto-ley 10/2024), por 165 votos a favor y 183 en contra, con el no del PP, Vox, Junts, el PNV y UPN.
La tasa Google es el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Ley 4/2020): un 3 % de los ingresos por publicidad en línea, intermediación entre usuarios y venta de datos que obtienen en España las empresas con más de 750 millones de facturación mundial y 3 millones en España; aportó 410 millones en 2025. La tasa Tobin es el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Ley 5/2020): un 0,2 % sobre la compra de acciones de empresas españolas cotizadas de más de 1.000 millones de capitalización; recaudó 339 millones en 2025, el 40 % de los 850 que preveía la memoria de la ley.
Financiación autonómica: cómo llega el dinero a las comunidades
Las comunidades pagan la sanidad, la educación y los servicios sociales, y se financian sobre todo con impuestos del Estado. Las de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) se rigen por la Ley 22/2009, que debía revisarse en 2014 y sigue en vigor. Tiene tres piezas:
- Tributos cedidos: el 50 % del IRPF y del IVA y el 58 % de los especiales sobre hidrocarburos, tabaco, alcohol y cerveza generados en cada territorio; el 100 % de matriculación y electricidad; y todo Patrimonio, Sucesiones, ITP-AJD y juego.
- Fondos de nivelación: el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, con el 75 % de la capacidad tributaria de todas las comunidades más una aportación del Estado, se reparte por población ajustada (habitantes corregidos por edad, dispersión, insularidad y superficie) para igualar los recursos por habitante de sanidad, educación y servicios sociales; el Fondo de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia corrigen el resto de diferencias.
- Entregas a cuenta y liquidación: el Estado adelanta cada mes lo que prevé recaudar y, dos años después, paga o reclama la diferencia.
A las comunidades sin acceso a los mercados el Estado les presta desde 2012 a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), con condiciones de control del gasto. El reparto es desigual. Según el análisis de la liquidación de 2024 de Ángel de la Fuente para Fedea (agosto de 2026), con una media de 3.674 euros por habitante ajustado, Cantabria recibió el 124,3 % de la media, La Rioja el 112,9 % y Extremadura el 110,9 %, mientras Murcia y la Comunidad Valenciana se quedaron en el 94,6 % y Andalucía en el 94,9 %; Cataluña, Madrid y Baleares, en torno al 100 %, fueron las únicas aportadoras netas al sistema, con unos 11.400 millones, el 76 % de ellos madrileños.
La propuesta de enero de 2026. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero presentó el 9 de enero de 2026 un modelo que daría a las comunidades 20.975 millones más en 2027, elevaría la cesión del IRPF al 55 % y la del IVA al 56,5 % y reduciría la distancia por habitante entre la mejor y la peor financiada de 1.500 a 700 euros, con adhesión voluntaria. Necesitaba una ley orgánica que no llegó a votarse antes de la disolución de las Cortes en octubre de 2026.
La quita de la deuda autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el 26 de febrero de 2025, con las comunidades del PP ausentes en protesta, que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda autonómica, el 19 % de media de lo que debían a finales de 2023. Era una exigencia de ERC para investir a Salvador Illa. El proyecto de ley orgánica, aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre de 2025, superó las enmiendas de totalidad del PP y Vox en julio de 2026, pero la disolución de las Cortes el 5 de octubre lo dejó sin aprobar. El Gobierno defiende que libera recursos para sanidad y educación y ahorra unos 6.700 millones en intereses; el PP de Alberto Núñez Feijóo la llamó en febrero de 2025 una «trampa injusta» y sostiene que es «falso que se condone un solo euro de deuda a nadie», porque la deuda no se perdona, sino que se traslada al Estado.
La financiación singular de Cataluña. El acuerdo del PSC y ERC de 2024 prevé que la Generalitat recaude todos los impuestos pagados en Cataluña y pague una cuota al Estado, como en el Concierto vasco. La Comisión Bilateral acordó el 14 de julio de 2025 que la Agència Tributària de Catalunya asuma de forma progresiva la gestión del IRPF, pero el calendario técnico encargado por la Generalitat, según publicó el diario Ara en julio de 2025, aplaza a 2028 su primera intervención en el impuesto, y la reforma de la LOFCA que exige no se ha aprobado. ERC y el Gobierno de Illa lo presentan como la corrección de un déficit fiscal histórico; el PP lo rechaza por romper la igualdad entre comunidades, y dentro del PSOE el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, dijo el 14 de julio de 2025 que el acuerdo servía para «pagar favores, chantajes». El debate partido por partido está en la segunda parte.