Reformas fiscales de 2012 a 2026: la amnistía, Montoro y Montero
La amnistía fiscal de 2012 y la sentencia del Constitucional
La medida más polémica de aquel periodo fue la amnistía fiscal de 2012. La disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, creó una «declaración tributaria especial»: quien tuviera bienes o dinero que no cuadraran con lo declarado podía regularizarlos hasta el 30 de noviembre de 2012 pagando el 10 % de su valor, sin sanciones, intereses ni recargos. Se acogieron 29.065 personas y 618 empresas, que pagaron 1.193 millones de euros por unos 40.000 millones aflorados; como el 10 % se aplicó en muchos casos a los rendimientos y no al capital, el tipo efectivo rondó el 3 % (Vozpópuli, enero de 2013). Fue la mitad de lo que Hacienda esperaba.
El Grupo Socialista la recurrió y el Tribunal Constitucional la anuló en la sentencia 73/2017, de 8 de junio: un decreto-ley, que el artículo 86 de la Constitución prohíbe usar para afectar al deber de contribuir, no podía permitir pagar menos de lo debido. La sentencia no permitió revisar las regularizaciones ya hechas, que los asesores fiscales del REAF dieron por «inamovibles», pero incluyó un fuerte reproche a la medida en sus fundamentos. Desde 2021 la Ley General Tributaria prohíbe expresamente cualquier regularización extraordinaria que rebaje la deuda.
2014-2018: la reforma de Montoro
Superado lo peor de la crisis, el Gobierno encargó a una comisión de expertos presidida por el catedrático Manuel Lagares un informe sobre el sistema, entregado en 2014, y aprobó con su mayoría absoluta tres leyes de 27 de noviembre de 2014: la 26/2014 del IRPF, la 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (la vigente) y la 28/2014 del IVA. El tipo máximo del IRPF bajó al 47 % en 2015 y al 45 % en 2016; el de Sociedades, al 28 % en 2015 y al 25 % en 2016. Con el PP ya en minoría y la presión de Bruselas por el déficit, el Real Decreto-ley 3/2016 limitó la compensación de pérdidas de las grandes empresas y subió los impuestos sobre el alcohol y el tabaco.
2018-2026: Montero, los «impuestos a los de arriba» y el tipo mínimo global
María Jesús Montero fue ministra de Hacienda de Pedro Sánchez desde junio de 2018 hasta marzo de 2026, casi ocho años. Su política subió impuestos a las rentas y patrimonios más altos, a las grandes empresas, la banca y las energéticas, y los rebajó para las rentas bajas. En 2020 creó la «tasa Google» y la «tasa Tobin» (Leyes 4 y 5/2020). Los Presupuestos de 2021 subieron dos puntos, hasta el 24,5 %, el tramo estatal del IRPF por encima de 300.000 euros, y los de 2022 fijaron una tributación mínima del 15 % en Sociedades para las grandes empresas. En diciembre de 2022 la Ley 38/2022 creó los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas y el impuesto de Grandes Fortunas, del 1,7 % al 3,5 % sobre patrimonios de más de 3 millones. Los Presupuestos de 2023, los últimos aprobados, bajaron al 23 % el Impuesto sobre Sociedades de las empresas con menos de un millón de facturación, dejaron sin IRPF los salarios de hasta 15.000 euros y subieron el tipo del ahorro de las rentas más altas.
La última gran ley fue la 7/2024, de 20 de diciembre: el impuesto complementario del 15 % para multinacionales (el «Pilar 2» de la OCDE), un impuesto a la banca sobre su margen de intereses y comisiones, otro al vapeo y un tipo del 30 % para el ahorro de más de 300.000 euros. En su tramitación cayeron la subida del diésel y el recargo a los seguros de salud (El Debate, 19 de noviembre de 2024), y el gravamen a las energéticas murió el 22 de enero de 2025, cuando PP, Vox, PNV y Junts tumbaron el decreto que lo prorrogaba. El 27 de marzo de 2026 Montero dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones andaluzas y la sustituyó Arcadi España. La legislatura terminó sin Presupuestos nuevos desde 2023.