El debate: ¿se pagan muchos o pocos impuestos en España?
Presión fiscal o esfuerzo fiscal: dos lecturas de los mismos datos
Es la discusión de fondo de cada campaña, y las dos partes tienen cifras.
«España recauda menos que Europa». Es la lectura de la presión fiscal, la recaudación de impuestos y cotizaciones dividida por el PIB. Según Eurostat (octubre de 2026), España recaudó el 38,1 % de su PIB en 2025, frente al 40,7 % de la media de la UE y el 41,3 % de la zona euro; Francia llegó al 46 % e Irlanda se quedó en el 22,7 %. La distancia se ha estrechado: era de unos 5 puntos en 2017, según Funcas. Con los datos de la OCDE la foto cambia de signo: en 2024 España recaudó el 36,7 % del PIB, por encima del 34,1 % de media de la OCDE, porque la OCDE incluye a Estados Unidos, México o Corea, con impuestos mucho más bajos (The Objective, 9 de diciembre de 2025). Gestha calculó, con datos de 2018, en unos 59.000 millones lo que España dejaba de ingresar respecto a la media de la UE y lo atribuyó sobre todo a la economía sumergida. El ministro Arcadi España lo resumió el 2 de noviembre de 2026: la presión fiscal española es «inferior a la de Italia, Alemania y Francia» y «los impuestos son el precio de la civilización» (Demócrata).
«España es un infierno fiscal». Es la lectura del esfuerzo fiscal (o índice de Frank), que divide la presión fiscal entre la renta por habitante: como los españoles ganan de media menos que los franceses o los alemanes, pagar una proporción parecida les cuesta más. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), centro de estudios vinculado a la CEOE, calcula en su informe Competitividad fiscal 2025 que el esfuerzo fiscal de España en 2024 fue un 14,1 % superior a la media de la UE, y un 16,5 % en impuestos directos; con el índice de competitividad fiscal de la Tax Foundation, sitúa a España en el puesto 34 de 38 países de la OCDE. Funcas (José Félix Sanz-Sanz y Desiderio Romero-Jordán, septiembre de 2020) defendió la misma idea con otro nombre: la presión fiscal es «técnicamente imprecisa y poco informativa», España tiene una presión «intermedia» y un «sacrificio fiscal» de los más altos de su entorno.
El índice de Frank también tiene críticos. El economista Manuel Alejandro Hidalgo (Universidad Pablo de Olavide) escribió en Vozpópuli (2021) que no tiene «nada claro qué mide»: compara países en momentos de desarrollo distintos y puede mostrar como menos gravoso un sistema que recauda más solo porque su renta por habitante es mayor. La lectura más prudente es que ambas cifras son ciertas a la vez: España recauda menos que la media europea en porcentaje del PIB, y ese porcentaje pesa más sobre rentas más bajas. Lo que separa a los partidos no es el dato, sino qué conclusión sacan de él.
Deflactar el IRPF: la «progresividad en frío»
El segundo debate es la deflactación. Si la escala del IRPF no se actualiza con la inflación, una subida de sueldo que solo compensa los precios hace pagar un tipo medio mayor. La escala estatal no se toca desde 2021, y las estimaciones del dinero extra que eso ha dado a Hacienda van de los 9.747 millones de 2021 a 2024 de Funcas a los cerca de 11.000 millones solo en 2023 del Banco de España; el Gobierno cuenta con más de 2.200 millones al año hasta 2028. El PP y Junts piden deflactar, las comunidades del PP ya deflactan su tramo y el Gobierno responde que subió los mínimos exentos y creó la deducción del salario mínimo, y que deflactar toda la escala beneficia más en euros a quien más gana. Las cifras y las posiciones están en la página de tramos del IRPF.
Madrid y el «dumping fiscal» frente a la armonización
El tercer frente es territorial. Las comunidades pueden bajar los impuestos cedidos, y Madrid bonifica casi por completo Patrimonio y Sucesiones entre familiares directos. Montero y Sumar lo llaman «dumping fiscal» y defienden un suelo común, como el impuesto de Grandes Fortunas; Madrid y Andalucía responden que bajar impuestos es una competencia que les da la Constitución. Lo que está en juego en recaudación es poco (menos de 1.900 millones entre Patrimonio y Grandes Fortunas en 2023, frente a unos 129.000 del IRPF, según Hacienda), pero el debate se ha cruzado con la reforma de la financiación autonómica que explica la primera parte. Los argumentos de cada parte, atribuidos, están en la página de Patrimonio, Grandes Fortunas y Sucesiones.
Quién paga el IRPF
En la declaración de la renta de 2024 se presentaron 24,6 millones de liquidaciones. La mayoría declaró rentas medias: el 28,5 % entre 21.000 y 30.000 euros y el 23,5 % entre 30.000 y 60.000. Por encima de 60.000 euros hubo 1,58 millones de contribuyentes (algo más del 6 %), y 18.829 declararon rendimientos del trabajo de más de 601.000 euros, el máximo desde que hay registros; el 6,2 % de las declaraciones salió a cero o negativa (Agencia Tributaria, estadística de declarantes publicada en julio de 2026, vía Europa Press). La cuota resultante de todas esas declaraciones sumó 132.861 millones.
Que las rentas altas paguen un tipo mayor en el IRPF no significa que el sistema en su conjunto sea igual de progresivo. Oxfam Intermón, con investigadores de la Universidad de Barcelona, calculó en mayo de 2024 que, sumando IRPF e IVA, quien gana más de un millón paga alrededor del 17 % de su renta y quien gana algo más de 20.000 euros, alrededor del 16 %, porque el IVA pesa más en quien consume todo lo que gana y las rentas del capital tributan a tipos más bajos que las del trabajo. El IEE y la CEOE subrayan el otro lado: que la carga sobre las empresas, en porcentaje del PIB, es mayor en España que en la media de la UE.
Los beneficios fiscales: lo que se deja de recaudar a propósito
Cada Presupuesto incluye una cifra poco conocida: lo que el Estado deja de ingresar por exenciones, deducciones y tipos reducidos. En el de 2023, el último aprobado, eran 45.269 millones de euros, de los que el 56,7 % correspondía al IVA (los tipos reducidos), unos 11.179 millones al IRPF y 5.697 millones a Sociedades (Estrategias de Inversión, 2022). La AIReF evaluó en julio de 2020 trece de ellos, que sumaban unos 35.000 millones: concluyó que la reducción por aportaciones a planes de pensiones no aumenta el ahorro a largo plazo, que la tributación conjunta desincentiva el empleo de las mujeres, que los tipos reducidos del IVA cumplen su objetivo pero benefician en euros más a los hogares ricos y que las sicav concentran su capital en pocos accionistas. El Gobierno recortó después el límite de las aportaciones individuales deducibles a planes de pensiones, que quedó en 1.500 euros anuales en 2022; la tributación conjunta y los tipos reducidos siguen igual.