El franquismo: posguerra, represión y autarquía (1939-1959)
El franquismo fue la dictadura personal de Francisco Franco, jefe del Estado desde 1936 hasta su muerte en 1975 y jefe del Gobierno hasta 1973. Rompió, como dice el Congreso, con la tradición parlamentaria y liberal que había empezado en Cádiz: prohibió los partidos salvo el Movimiento Nacional, sustituyó los sindicatos por la Organización Sindical vertical, que encuadraba juntos a patronos y obreros, y suprimió las autonomías y el uso público del catalán, el euskera y el gallego.
Cómo se organizó el régimen
El régimen no tuvo Constitución, sino siete Leyes Fundamentales aprobadas a lo largo de treinta años, que lo fueron adaptando a las circunstancias exteriores: el Fuero del Trabajo (1938) y la ley de Cortes de 1942, en la etapa de mayor influencia falangista; el Fuero de los Españoles y la ley de Referéndum (1945), tras la derrota del Eje; la ley de Sucesión (1947), que definió España como reino y dejó a Franco elegir a su sucesor; la de Principios del Movimiento Nacional (1958), y la Orgánica del Estado (1967). Las Cortes Españolas, inauguradas en 1943, eran una cámara de procuradores designados o elegidos por corporaciones, y desde 1967 un «tercio familiar» votado por los cabezas de familia y las mujeres casadas.
La Iglesia fue uno de sus pilares: el nacionalcatolicismo devolvió al clero la enseñanza religiosa obligatoria, la censura moral y un papel central en la vida pública, a cambio de legitimar la victoria como cruzada. Los otros fueron el ejército, la Falange y, desde los años cincuenta, los tecnócratas vinculados al Opus Dei. El sociólogo Juan José Linz lo definió en 1964 como un «régimen autoritario» de «pluralismo limitado», distinto de los totalitarismos fascista y soviético; otros autores subrayan su componente fascista en los primeros años, cuando la Falange marcaba el tono y Franco envió la División Azul a combatir junto a Alemania en la Unión Soviética.
La mujer quedó sometida legalmente al marido: la Sección Femenina de Falange se encargó de su formación, el Código Civil le exigía la licencia marital para trabajar, abrir una cuenta o comparecer en juicio, y esa licencia no se abolió hasta la Ley 14/1975, de 2 de mayo, seis meses antes de la muerte del dictador.
La represión de posguerra
La victoria no trajo la paz. La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 permitió castigar retroactivamente a quienes habían apoyado a la República desde 1934, y los consejos de guerra dictaron miles de penas de muerte en los primeros años. Moradiellos cifra en más de 270.000 los presos políticos de 1940. Las estimaciones de ejecuciones tras el final de la guerra van de unas 15.000 hasta 1975, según el periodista Miguel Platón, a unas 50.000, según el historiador Julián Casanova. Hubo depuraciones masivas de maestros y funcionarios, incautación de bienes, campos de concentración y batallones de trabajadores, y una guerrilla, el maquis, que resistió en el monte hasta comienzos de los cincuenta. Para cientos de miles de exiliados, la República terminó en Francia, México o la Unión Soviética, y muchos combatientes republicanos murieron en campos nazis como Mauthausen.
Del aislamiento a los acuerdos con Estados Unidos y el Vaticano
La posguerra fue también la del hambre. El régimen apostó por la autarquía, la autosuficiencia económica con intervención del Estado en precios, comercio e industria (el Instituto Nacional de Industria se creó en 1941), y el resultado fue un estancamiento que mantuvo las cartillas de racionamiento hasta 1952 y alimentó el estraperlo. Tras la derrota de Hitler y Mussolini, la ONU recomendó en 1946 retirar los embajadores de Madrid, y España quedó fuera del plan Marshall.
La Guerra Fría lo cambió. En 1953 Franco firmó el Concordato con la Santa Sede (27 de agosto) y los Pactos de Madrid con Estados Unidos (23 de septiembre), que cambiaron bases militares (Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza, cuya historia se cuenta en la página de Defensa y Fuerzas Armadas) por ayuda económica y reconocimiento. El 14 de diciembre de 1955 España ingresó en la ONU. La autarquía se agotó con una crisis de balanza de pagos, y en julio de 1959 el Gobierno, con los ministros tecnócratas Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, aprobó el Plan de Estabilización, que liberalizó el comercio y la inversión exterior con el respaldo del Fondo Monetario Internacional.