Isabel II, las guerras carlistas y el liberalismo de los generales (1833-1868)
Fernando VII publicó en 1830 la Pragmática Sanción, que permitía reinar a las mujeres, y a su muerte, el 29 de septiembre de 1833, heredó el trono su hija Isabel, de tres años, con su madre María Cristina como regente. Su tío Carlos María Isidro, el candidato de los absolutistas, no lo aceptó y se levantó en armas. La primera guerra carlista (1833-1840) enfrentó a dos Españas de la época: los carlistas, fuertes en el País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y la Cataluña interior, defendían el trono y el altar y los fueros tradicionales; los isabelinos tuvieron que apoyarse en los liberales para sobrevivir. El abrazo de Vergara entre los generales Espartero y Maroto, el 31 de agosto de 1839, cerró la guerra en el norte, y Espartero acabó en 1840 con la resistencia de Ramón Cabrera en el Maestrazgo. Habría dos guerras carlistas más (1846-1849 en Cataluña y 1872-1876), y el carlismo sobrevivió como corriente política hasta el siglo XX.
Moderados, progresistas y pronunciamientos
El reinado de Isabel II fue el de la consolidación de un Estado liberal centralizado y, a la vez, el de los «espadones»: generales que encabezaban los dos partidos y llegaban al poder con un pronunciamiento. El Estatuto Real de 1834 fue una carta otorgada que el motín de los sargentos de La Granja (agosto de 1836) liquidó. Los progresistas hicieron la Constitución de 1837, con dos cámaras y una primera declaración sistemática de derechos; Espartero fue regente entre 1840 y 1843; el general Narváez abrió en 1844 la Década Moderada y su Constitución de 1845, que volvió a la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, con un Senado vitalicio de nombramiento real y un voto muy restringido. Los moderados crearon la Guardia Civil (1844), unificaron los impuestos con la reforma de Alejandro Mon (1845) y ordenaron la enseñanza con la ley Moyano (1857). Las Cortes declararon mayor de edad a Isabel II a los trece años, en 1843, y la reina se apoyó casi siempre en los moderados, lo que dejó a los progresistas sin otra vía al poder que la insurrección. El Bienio Progresista (1854-1856) nació así, de un pronunciamiento y una revuelta popular, y los gobiernos de la Unión Liberal del general O'Donnell intentaron después un centro que no duró. La política del reinado se hacía en los cuarteles, en la corte y en un Parlamento elegido por una pequeña minoría de propietarios, mientras crecían, fuera del sistema, un Partido Demócrata partidario del sufragio universal y los primeros republicanos.
Las desamortizaciones y la cuestión de la tierra
La gran operación económica del liberalismo fue la desamortización: la expropiación y venta en subasta de tierras que estaban «en manos muertas». La de Juan Álvarez Mendizábal (1836) se centró en los bienes del clero regular, monasterios y conventos; la de Pascual Madoz (1855), según el INE la mayor de todas, añadió los bienes de los municipios, incluidos los comunales de los que vivían muchos vecinos pobres, para reducir la deuda y financiar el ferrocarril. Se hicieron para pagar deuda y crear propietarios adictos al régimen liberal; el resultado, en la lectura más común de la historia económica, fue que la tierra pasó sobre todo a nobles, burgueses y labradores ricos que podían pujar, sin crear una clase amplia de pequeños propietarios. En el sur se consolidó el latifundio con masas de jornaleros sin tierra, el problema social que atravesará el siglo siguiente hasta la reforma agraria de la Segunda República.