Regularización y debate político
Una regularización extraordinaria concede papeles de una sola vez a quienes viven en España en situación irregular y cumplen unos requisitos, sin pasar por el arraigo individual. España ya había hecho varias; la anterior fue la de 2005, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La de 2026 nació de una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por asociaciones y organizaciones religiosas, que el Congreso tomó en consideración el 9 de abril de 2024 por 310 votos a favor y 33 en contra. La ILP no llegó a aprobarse como ley. El Gobierno aprobó la regularización por la vía reglamentaria, con el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, en vigor el 16 de abril, tras pactarla con Podemos.
Los requisitos eran estos:
- Estar en España antes del 1 de enero de 2026.
- Acreditar cinco meses de permanencia continuada antes de la solicitud.
- No tener antecedentes penales.
- No representar una amenaza para el orden público.
- Haber trabajado o querer hacerlo, convivir con hijos menores o estar en situación de vulnerabilidad.
- Presentar la solicitud hasta el 30 de junio de 2026.
El Gobierno contabilizó 1.174.978 solicitudes y había tramitado 609.737 expedientes el 2 de julio. No hay un balance nacional de resoluciones posterior al de julio. La Seguridad Social informó de que a finales de octubre había 490.586 afiliados en alta vinculados a la regularización. El Supremo rechazó suspenderla de forma cautelarísima el 16 de abril y no planteó cuestión al Tribunal de Justicia de la UE; siguen pendientes recursos contra ella. Los detalles están en la página de la regularización extraordinaria de 2026.
Empleo, pensiones y servicios públicos
La Seguridad Social registró 3.699.878 afiliados extranjeros de media en octubre de 2026, el 16,4 % del total, con un aumento de 598.378 en un año (un 19,3 %). Marruecos (446.584), Colombia (399.294), Rumanía (339.925), Venezuela (250.726) e Italia (219.770) aportan más cotizantes. Los extranjeros suponen el 33,5 % de los afiliados de la hostelería, el 29,1 % de la agricultura, el 28,9 % de la construcción y la mitad de los empleados de hogar. El 40,6 % de los afiliados de fuera de la UE tiene menos de 35 años, frente al 24,6 % de los españoles, según la Seguridad Social.
El Banco de España estimó en su informe anual de 2023, publicado en abril de 2024, que mantener la relación entre trabajadores y jubilados de entonces exigiría unos 25 millones de inmigrantes en edad de trabajar hasta 2053. El banco lo presentó como un cálculo ilustrativo, no como una previsión ni como una recomendación. El debate sobre las pensiones usa a menudo este cálculo.
Las ayudas sociales son otro punto de choque. El ingreso mínimo vital exige a cualquier solicitante, español o extranjero, haber tenido residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud (artículo 10 de la Ley 19/2021), de modo que quien está en situación irregular no puede cobrarlo.
No hay una estadística oficial que mida el efecto de la inmigración sobre la delincuencia, los salarios o la presión sobre la sanidad y la escuela. Los partidos hacen afirmaciones opuestas que se recogen a continuación como suyas. El INE publica cada año los condenados por nacionalidad, y su lectura es objeto de discusión, entre otras razones por la distinta estructura de edad y sexo de las poblaciones extranjera y española.
Qué proponen los partidos
- PSOE. El Gobierno de Pedro Sánchez defiende la regularización y la migración circular con Senegal y Marruecos. El 13 de noviembre de 2026 Sánchez señaló la integración como el principal desafío de la migración.
- Sumar. Socio del Gobierno, apoyó la regularización y el reparto de menores. Se dividió ante la delegación de competencias a Cataluña: un diputado de Compromís y otro de Chunta Aragonesista votaron en contra.
- Podemos. Fuera del Gobierno, pactó con el PSOE la regularización de 2026. Votó contra la delegación de competencias a Cataluña, que calificó de «racista».
- PP. Su documento «Reconstrucción Nacional», presentado el 10 de noviembre de 2026, propone reformar la ley para prohibir las regularizaciones «masivas e indiscriminadas», convertir el arraigo en un «reconocimiento individual excepcional» y fijar cupos anuales solo con países que colaboren en las devoluciones. También plantea un visado por puntos, priorizar las ayudas sociales por «arraigo real», devolver a los menores con pruebas de edad en 72 horas y expulsar a quien cometa delitos graves. Alberto Núñez Feijóo dijo el 13 de noviembre que exigir la nacionalidad para las ayudas «es ilegal» y propuso puntuar la antigüedad en el padrón.
- Vox. El programa que presentó el 12 de noviembre de 2026 propone deportar a los inmigrantes en situación irregular y repatriar a quienes entren de forma ilegal. El programa de Santiago Abascal incluye la remigración y la prioridad nacional.
- Junts. Pactó con el PSOE una ley para delegar en la Generalitat competencias de inmigración: permisos de residencia, gestión de los CIE y presencia de los Mossos en puertos y aeropuertos. El Congreso la rechazó el 23 de septiembre de 2025 por 177 votos contra 173, con el voto en contra de PP, Vox, Podemos y UPN. Junts la mantiene en su programa del 29-N.
- Coalición Canaria. Coalición Canaria y el Gobierno de Fernando Clavijo impulsaron el reparto obligatorio de menores y defienden que el Estado asuma la acogida de quienes llegan a Canarias.