Llegadas irregulares, Canarias y menores no acompañados
Las llegadas irregulares son una parte pequeña de la inmigración. La mayoría de los inmigrantes entra de forma legal, a menudo por avión y como turista, y una parte se queda después en situación irregular. Aun así, las llegadas por mar y por las fronteras de Ceuta y Melilla concentran buena parte de la atención política, por el riesgo de muerte en el mar y por la presión sobre los lugares de llegada.
El Ministerio del Interior publica cada quincena un informe de las entradas irregulares por costas y fronteras terrestres. Distingue cuatro vías:
- La ruta atlántica, hacia Canarias, en cayucos que salen de Senegal, Mauritania, Gambia o Marruecos. Es la más larga y la más peligrosa.
- La ruta argelina, hacia Baleares y el sureste de la Península, que ha crecido en los últimos años.
- El Estrecho y el mar de Alborán, hacia Andalucía.
- Ceuta y Melilla, por tierra (saltos de la valla o entradas a nado) o por mar.
Las cifras de Interior
En 2025 llegaron a España de forma irregular 36.775 personas, un 42,6 % menos que en 2024, según el balance anual de Interior. La caída se debió sobre todo al descenso de la ruta canaria, mientras crecían las llegadas a Baleares. En 2024 se habían registrado 64.019 llegadas, 46.843 de ellas a Canarias, que en 2025 recibió 17.788. Por mar llegaron 32.925 personas, frente a 61.372 en 2024. A la Península y Baleares llegaron 15.108, algo más que el año anterior (14.480), y solo en Baleares, 7.321, frente a 5.882.
En 2026 las llegadas han vuelto a subir. Hasta el 31 de octubre, según el informe quincenal de Interior, sumaban:
- 32.942 llegadas desde el 1 de enero, un 8,9 % más que en el mismo periodo de 2025 (30.263).
- 28.155 por mar, en 1.032 embarcaciones.
- 13.327 a Canarias, un 5,5 % menos (14.099 en 2025).
- 14.803 a la Península y Baleares (7.615 y 7.188), un 15 % más.
- 4.787 entradas por tierra en Ceuta (4.076) y Melilla (711).
A Canarias llegaron menos embarcaciones que un año antes (160, frente a 231), pero con más personas a bordo de media; a Baleares, más (399, frente a 342), lo que confirma el peso creciente de la ruta argelina. Las entradas por tierra en Ceuta y Melilla crecieron casi la mitad. Interior advierte de que todas sus cifras quincenales son provisionales y pueden corregirse en el balance anual.
Las cifras de 2026 no incluyen la entrada masiva en Ceuta del 30 y el 31 de julio, que Interior estimó en unas 72.000 personas y que se trata en la página de la crisis de Ceuta de 2026. Interior la excluye de su informe porque esas personas pasaron un triaje aparte, y la mayoría volvió a Marruecos en los días siguientes.
Los menores no acompañados
Los menores extranjeros que llegan solos quedan bajo la tutela de la comunidad autónoma donde son localizados, porque la protección de la infancia es competencia autonómica. Esto concentró la presión en Canarias, Ceuta y Melilla, con centros de acogida muy por encima de su capacidad.
Para repartirlos, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo. Añadió a la ley de extranjería los artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter, en vigor desde el 20 de marzo de 2025, y el Congreso lo convalidó el 10 de abril de 2025. El sistema funciona así:
- Cada comunidad tiene una capacidad ordinaria de acogida, que el Gobierno fijó por el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, sobre todo en proporción a su población.
- Cuando la ocupación de una comunidad triplica esa capacidad, se declara una contingencia migratoria extraordinaria; el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, reguló las medidas para atenderla.
- El Estado traslada entonces menores a otras comunidades, con criterios de población, que pesa la mitad, renta, paro, dispersión y esfuerzo previo de acogida. El Gobierno presentó el sistema como una respuesta a la saturación de Canarias, Ceuta y Melilla; las comunidades que lo recurrieron sostienen que invade sus competencias de protección de menores.
- Un fondo estatal, de 100 millones de euros en 2025, compensa a las comunidades que ya acogen más plazas que la media por cada 100.000 habitantes.
La ley permite prorrogar un año por real decreto la capacidad ordinaria; después hará falta el acuerdo unánime de las comunidades o la mayoría absoluta del Congreso.
La disputa en los tribunales
Las comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, del PSOE, recurrieron el decreto ley ante el Tribunal Constitucional. Según el BOE, el Constitucional admitió a trámite entre abril y julio de 2025 once recursos: los de Madrid, Aragón, Cantabria, Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia. Hasta noviembre de 2026 el BOE no había publicado sentencia. Madrid y Baleares acudieron también al Tribunal Supremo contra los decretos que aplican el reparto, sin lograr que los suspendiera.
El Supremo ha intervenido también en sentido contrario. En marzo de 2025 ordenó al Estado integrar en el sistema estatal de acogida de asilo a cerca de mil menores solicitantes de asilo acogidos en Canarias, y en octubre de 2025 le dio 15 días para cumplir. En enero de 2026 rechazó la petición de Madrid de suspender doce traslados. En su sentencia de julio de 2026 sobre el reglamento fijó además que la atención inmediata a un posible menor es obligatoria desde que la policía lo localiza, aunque su edad no esté determinada.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo
El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, aprobado en 2024, se aplica en toda la Unión desde el 12 de junio de 2026. Establece un control previo a la entrada, procedimientos de asilo acelerados en frontera para nacionalidades con pocas probabilidades de obtenerlo, una base de datos Eurodac ampliada y un mecanismo de solidaridad obligatoria: los Estados con menos llegadas acogen a solicitantes o pagan a los que reciben más.