Concepto político desde 1981

Estados de alarma, excepción y sitio

Los estados de alarma, excepción y sitio son los tres regímenes excepcionales que la Constitución de 1978 prevé para crisis que los poderes ordinarios no pueden resolver. Los regula el artículo 116 de la Constitución y los desarrolla la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que no se ha reformado nunca desde su aprobación. Cada uno responde a un tipo de crisis distinto, lo declara un órgano distinto y permite medidas de distinta intensidad.

La diferencia esencial es esta. El estado de alarma sirve para catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales y desabastecimiento: lo declara el Gobierno y permite limitar derechos, pero no suspenderlos. El estado de excepción sirve para graves alteraciones del orden público o del funcionamiento de las instituciones: el Congreso lo autoriza antes y permite suspender algunos derechos fundamentales. El estado de sitio sirve para una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o el orden constitucional: lo declara el Congreso por mayoría absoluta y puede poner medidas en manos de una autoridad militar.

En España solo se ha declarado el estado de alarma, cuatro veces en total, y nunca el de excepción ni el de sitio. Los datos de esta página están fechados a 18 de noviembre de 2026.

Qué dice la Constitución

El artículo 116 remite a una ley orgánica la regulación de los tres estados y fija sus reglas básicas. El de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros por un máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no puede prorrogarse. El de excepción lo declara también el Gobierno, pero solo después de que el Congreso lo autorice, por un máximo de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno.

La Constitución añade garantías comunes. El Congreso no puede ser disuelto mientras esté declarado alguno de los tres estados; si estuviera disuelto o hubiera expirado su mandato, sus competencias las asume la Diputación Permanente (ver disolución de las Cortes). Tampoco se interrumpe el funcionamiento de los demás poderes, ni se altera el principio de responsabilidad del Gobierno.

Qué derechos pueden suspenderse lo dice el artículo 55.1: la libertad personal y las garantías del detenido, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de residencia y circulación, las libertades de expresión e información, el derecho de reunión, el derecho de huelga y el de adoptar medidas de conflicto colectivo. Esa suspensión solo cabe en los estados de excepción y de sitio. Las garantías del detenido del artículo 17.3 (ser informado de sus derechos y tener abogado) solo pueden suspenderse en el de sitio.

Cómo funciona cada estado según la Ley Orgánica 4/1981

Estado de alarma. La ley enumera sus causas: catástrofes como terremotos, inundaciones o incendios; crisis sanitarias como epidemias; paralización de servicios públicos esenciales cuando concurre alguna de las otras circunstancias; y desabastecimiento de productos de primera necesidad. El presidente de una comunidad autónoma puede pedir al Gobierno que lo declare cuando la crisis afecta solo a su territorio, y el Gobierno puede delegar en él la autoridad. Las medidas posibles son limitar la circulación o la permanencia de personas y vehículos en horas y lugares determinados, practicar requisas temporales, imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir u ocupar industrias y locales (nunca domicilios privados), racionar servicios y productos, y movilizar al personal de los servicios afectados.

Estado de excepción. Se declara cuando el libre ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o el orden público se alteran tan gravemente que las potestades ordinarias no bastan. La solicitud del Gobierno al Congreso debe concretar los derechos que se suspenden, las medidas, el territorio, la duración y la cuantía máxima de las multas. Permite detenciones preventivas de hasta diez días con comunicación al juez en 24 horas, registros domiciliarios sin autorización judicial previa, intervención de comunicaciones, restricciones a la circulación, suspensión de publicaciones (sin censura previa), prohibición de reuniones y de huelgas.

Estado de sitio. Corresponde a una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. El Congreso fija su ámbito, duración y condiciones, y puede determinar qué delitos pasan a la jurisdicción militar. El Gobierno dirige la política militar y de defensa, y designa una autoridad militar que ejecuta las medidas y puede dictar bandos. Las autoridades civiles conservan las facultades que no se le transfieran.

En los tres casos los actos dictados durante su vigencia pueden recurrirse ante los tribunales, y quien sufra daños por actos que no le sean imputables tiene derecho a ser indemnizado.

Los tres estados, comparados

Estado de alarmaEstado de excepciónEstado de sitio
CausaCatástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales, desabastecimientoGrave alteración del orden público, de los derechos o del funcionamiento de las institucionesInsurrección o acto de fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o el orden constitucional
Quién lo declaraEl Gobierno, por decreto del Consejo de MinistrosEl Gobierno, por decreto, tras autorización del CongresoEl Congreso, por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno
Papel del CongresoRecibe cuenta del decreto; autoriza cada prórroga y puede fijar su alcanceAutoriza antes de la declaración y fija derechos, medidas, territorio y duraciónDeclara el estado y fija ámbito, duración y condiciones
DuraciónHasta 15 díasHasta 30 díasLa que fije el Congreso
PrórrogasSin límite legal de número ni de plazo, siempre con autorización del CongresoUna, de hasta 30 días másLas que fije el Congreso
Derechos del art. 55.1No se suspenden; solo se limitanPueden suspenderse los del art. 55.1, salvo el art. 17.3Pueden suspenderse todos los del art. 55.1, incluido el art. 17.3
AutoridadEl Gobierno o, por delegación, el presidente autonómicoEl GobiernoEl Gobierno y una autoridad militar designada por él
Usos en EspañaCuatro (2010 y tres en 2020)NingunoNinguno

Fuente: artículos 55 y 116 de la Constitución y Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, texto consolidado en el BOE, consultado el 18 de noviembre de 2026.

Las cuatro declaraciones del estado de alarma

Controladores aéreos (2010). El 4 de diciembre de 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declaró el primer estado de alarma de la democracia, mediante el Real Decreto 1673/2010, por la paralización del transporte aéreo tras el abandono masivo de sus puestos por los controladores. Se apoyó en la causa de paralización de un servicio esencial, y el decreto dio a los controladores de AENA la consideración de personal militar mientras durase. El Congreso autorizó una prórroga que lo mantuvo hasta el 15 de enero de 2011.

Primer estado de alarma por la covid (marzo de 2020). El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma en toda España por la pandemia de covid-19. El Gobierno de Pedro Sánchez impuso el confinamiento domiciliario, con salidas solo por motivos tasados, y cerró comercios y actividades no esenciales. El Congreso autorizó seis prórrogas de unos quince días cada una, y el estado de alarma terminó el 21 de junio de 2020.

Madrid (octubre de 2020). El Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, declaró el estado de alarma durante quince días en nueve municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos la capital, para imponer restricciones de entrada y salida. Según el propio decreto, Madrid era la única comunidad que no había obtenido la ratificación judicial de esa medida cuando la aplicó con su propia orden.

Segundo estado de alarma por la covid (octubre de 2020). El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, declaró un nuevo estado de alarma en toda España, con toque de queda nocturno y la posibilidad de cerrar perimetralmente comunidades y limitar las reuniones. Fijó a los presidentes autonómicos como autoridades competentes delegadas para aplicar las medidas en su territorio. El Congreso autorizó una sola prórroga de seis meses, del 9 de noviembre de 2020 al 9 de mayo de 2021.

Desde entonces no se ha declarado ninguno. Tras la dana de Valencia de 2024 no hubo estado de alarma. Durante el apagón del 28 de abril de 2025 y en los incendios de Madrid y Ávila de julio de 2026, el Gobierno no utilizó la Ley Orgánica 4/1981, sino la emergencia de interés nacional de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, que permite al Ministerio del Interior asumir la dirección de la respuesta, sin las limitaciones de derechos que permite el estado de alarma.

Lo que dijo el Tribunal Constitucional

Vox recurrió los dos estados de alarma generales de 2020 ante el Tribunal Constitucional mediante recursos de inconstitucionalidad.

La sentencia 148/2021, de 14 de julio, estimó en parte el recurso contra el primer estado de alarma. La mayoría concluyó que el confinamiento general no era una limitación, sino una suspensión de la libertad de circulación, y que por tanto el Gobierno debió haber acudido al estado de excepción. Declaró inconstitucionales esos apartados del decreto. Se decidió por seis votos contra cinco. Los cinco magistrados en minoría (el presidente, Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer) formularon votos particulares; González Rivas habló en el suyo de una «mínima mayoría».

La sentencia 183/2021, de 27 de octubre, estimó en parte el recurso contra el segundo. El tribunal no anuló el toque de queda ni los cierres perimetrales. Declaró inconstitucional la prórroga de seis meses, porque el Congreso la autorizó sin saber qué medidas se aplicarían ni cuándo, y la delegación en los presidentes autonómicos sin criterios, porque vaciaba el control del Congreso. Formularon votos particulares cuatro magistrados: González Rivas, Xiol, Conde-Pumpido y Balaguer.

En noviembre de 2024 el tribunal, ya con mayoría progresista y presidido por Cándido Conde-Pumpido, cambió esa doctrina al resolver un recurso de Vox contra la ley de salud pública de Galicia, de la que anuló las medidas restrictivas porque solo una ley orgánica puede imponerlas. La sentencia sostuvo que el estado de alarma basta para restringir derechos fundamentales en una crisis sanitaria si se respeta la proporcionalidad, y que el de excepción queda reservado a las alteraciones del orden público. Los cinco magistrados conservadores discreparon de ese razonamiento; la prensa difiere sobre si votaron también contra el fallo o solo contra sus argumentos.

El debate sobre reformar la ley

La Ley Orgánica 4/1981 se escribió pensando en crisis de orden público y en catástrofes puntuales, no en una pandemia de meses, y desde 2020 se discute si basta.

Un primer debate es el sanitario: si hace falta una ley específica de pandemias en lugar de acudir al estado de alarma. Sin él, las comunidades autónomas aplicaron restricciones con la legislación sanitaria ordinaria, sobre todo la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, y las que afectaban a derechos fundamentales necesitaban la ratificación de un tribunal, que no siempre llegó, como en Madrid en octubre de 2020.

El segundo es el del control parlamentario. La sentencia 183/2021 censuró una prórroga de seis meses que dejó al Congreso sin capacidad de revisión, y la ley no fija un límite a la duración de cada prórroga de la alarma.

El tercero es el de los estados de excepción y de sitio. Tras la crisis migratoria de Ceuta del verano de 2026 se discutió si la entrada masiva de julio podía considerarse un acto de fuerza contra la integridad territorial que justificara el estado de sitio. En septiembre, Vox preguntó al Gobierno si contemplaba declarar el estado de excepción o el de sitio en Ceuta. El Gobierno no solicitó ninguno de los dos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre el estado de alarma y el de excepción? La alarma la declara el Gobierno para catástrofes o epidemias y solo limita derechos; la excepción exige autorización del Congreso y permite suspenderlos.

¿Cuántas veces se ha declarado el estado de alarma en España? Cuatro: por los controladores aéreos en 2010 y tres veces en 2020 por la covid, una de ellas solo en Madrid.

¿Se ha declarado alguna vez el estado de excepción o de sitio? No. Desde 1981 ningún Gobierno ha pedido al Congreso ninguno de los dos, ni siquiera en las crisis de 2020 a 2026.

¿Fue inconstitucional el estado de alarma de la covid? En parte. El Constitucional anuló en 2021 el confinamiento del primero y la prórroga de seis meses del segundo, y avaló otras medidas.

¿Se puede disolver el Congreso durante un estado de alarma? No. La Constitución impide disolverlo mientras esté declarado cualquiera de los tres estados; si ya estaba disuelto, actúa la Diputación Permanente.

Fuentes oficiales