La ley de extranjería y cómo se obtiene la residencia
La norma básica es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como ley de extranjería. Está en vigor desde el 1 de febrero de 2000 y se ha reformado muchas veces. Entre las más amplias están la de 2003 (Ley Orgánica 14/2003) y la de 2009 (Ley Orgánica 2/2009), que adaptó la ley a las directivas europeas y reguló con más detalle los centros de internamiento de extranjeros (CIE). En marzo de 2025 se le añadió el sistema de reparto de menores no acompañados que se explica más adelante.
La ley se aplica a los nacionales de fuera de la Unión Europea. Los ciudadanos de la UE, del Espacio Económico Europeo y de Suiza tienen un régimen propio: pueden residir y trabajar libremente y solo deben inscribirse en el Registro Central de Extranjeros.
La ley se desarrolla en un reglamento. El vigente es el aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que entró en vigor el 20 de mayo de 2025 y sustituyó al de 2011. El Gobierno lo presentó como una reforma para facilitar la residencia legal de quienes ya viven y trabajan en España. El Tribunal Supremo anuló varios incisos en una sentencia del 8 de julio de 2026, publicada en el BOE el 22 de septiembre: la denegación automática por antecedentes penales, sin valorar cada caso, a familiares de ciudadanos españoles o de la UE protegidos por el derecho europeo; la obligación general de tramitar por vía electrónica, y la exclusión de las empresas de trabajo temporal en los permisos de temporada.
Situación irregular, expulsión y devolución
Estar en España sin autorización de residencia no es un delito, sino una infracción administrativa grave (artículo 53 de la ley). Se sanciona con multa o, valorando cada caso, con expulsión, que lleva aparejada una prohibición de volver a entrar de hasta cinco años, o de diez si la persona supone una amenaza grave para el orden público. La ley prevé también la expulsión de quien haya sido condenado por un delito doloso castigado con más de un año de prisión, salvo que sus antecedentes estén cancelados.
La devolución es distinta: se aplica sin expediente de expulsión a quien intenta entrar de forma irregular o vuelve tras haber sido expulsado. Si no puede ejecutarse en 72 horas, un juez puede autorizar el internamiento en un CIE, que nunca puede superar los 60 días. Quien pide asilo no puede ser devuelto hasta que se resuelva si su solicitud se admite a trámite.
Las vías para residir legalmente
Un extranjero de fuera de la UE puede residir legalmente en España por varias vías:
- Visado y autorización de origen. La vía ordinaria es pedir desde el país de origen una autorización de residencia y trabajo vinculada a una oferta de empleo, a la reagrupación familiar, a los estudios o a una inversión. Para ofertas de empleo, la contratación en origen (los antiguos contingentes) permite reclutar trabajadores para campañas agrícolas y ocupaciones con falta de mano de obra.
- Estancia de corta duración. Los nacionales de muchos países, entre ellos buena parte de los latinoamericanos, pueden entrar sin visado como turistas durante 90 días. No da derecho a trabajar; quien se queda al terminar ese plazo pasa a estar en situación irregular.
- Arraigo. Es la vía para quien ya está en España en situación irregular, y se explica a continuación.
- Protección internacional. Es la vía para quien huye de una persecución o de un conflicto, y también se explica más abajo.
El arraigo
El arraigo es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se concede a quien vive en España sin papeles y acredita vínculos con el país. El reglamento de 2024 redujo de tres a dos años la permanencia continuada exigida y fijó cinco tipos:
- Arraigo sociolaboral: contrato o contratos que sumen al menos 20 horas semanales con salario mínimo o de convenio.
- Arraigo social: vínculos familiares con extranjeros residentes y medios económicos, o un informe de integración favorable de la comunidad autónoma o del ayuntamiento.
- Arraigo socioformativo: matrícula en una formación reglada o en una formación de los servicios públicos de empleo para ocupaciones con escasez de trabajadores.
- Arraigo familiar: ser padre, madre o tutor de un menor de la UE, o prestar apoyo a un familiar de la UE con discapacidad. No exige permanencia mínima y dura cinco años.
- Arraigo de segunda oportunidad: para quien tuvo papeles en los dos años anteriores y los perdió por no poder renovarlos.
En todos los casos se exige carecer de antecedentes penales y no tener abierta una solicitud de asilo. Todos, salvo el familiar, duran un año; después se pasa a una autorización ordinaria de residencia y trabajo.
Asilo y protección internacional
Quien huye de una persecución por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social puede pedir asilo; quien no cumple esos requisitos pero correría un riesgo grave si volviera puede recibir protección subsidiaria. Ambas forman la protección internacional, regulada por la Ley 12/2009 y resuelta por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), del Ministerio del Interior. El Gobierno puede conceder además una residencia por razones humanitarias, que en los últimos años ha beneficiado sobre todo a venezolanos.
Pedir asilo no da por sí mismo derecho a quedarse: mientras se estudia la solicitud, la persona puede residir en España y, pasados seis meses, trabajar, pero si se deniega debe salir del país salvo que obtenga otra autorización. Interior publica cada año las solicitudes y resoluciones de protección internacional.
La nacionalidad por residencia
El Código Civil (artículo 22) exige diez años de residencia legal y continuada para pedir la nacionalidad española. El plazo baja a cinco años para los refugiados; a dos para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal y para los sefardíes; y a uno para quien ha nacido en España, lleva un año casado con un español o es nieto de españoles de origen. Hay que superar además dos pruebas del Instituto Cervantes: la de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y la de lengua (DELE A2), de la que están exentos los nacionales de países de lengua española.
En 2025 adquirieron la nacionalidad 299.732 residentes extranjeros, un 18,7 % más que el año anterior, de ellos 253.836 por residencia. Las nacionalidades de origen más frecuentes fueron la marroquí (42.114), la colombiana (37.712) y la venezolana (36.271), según el INE.