La Corona, las Cortes y el Gobierno
Los Títulos II a VI organizan los poderes del Estado. La Constitución sigue el modelo de las monarquías parlamentarias europeas: el Rey representa al Estado sin gobernar, las Cortes elegidas hacen las leyes y controlan al Gobierno, el Gobierno depende de la confianza del Congreso y los jueces juzgan con independencia.
La Corona (Título II, artículos 56 a 65)
El artículo 56 define al Rey como jefe del Estado, «símbolo de su unidad y permanencia», que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación de España en las relaciones internacionales. Su persona «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad»: sus actos deben ir refrendados por el presidente del Gobierno, los ministros o, en algunos casos, el presidente del Congreso, que son quienes responden de ellos (artículo 64). Sin refrendo, sus actos no son válidos.
Las funciones del artículo 62 son regladas: sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes y las elecciones, convocar referéndums, proponer candidato a la presidencia del Gobierno, nombrar y cesar a los ministros a propuesta del presidente, expedir los decretos del Consejo de Ministros, ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el derecho de gracia, que la Constitución prohíbe conceder como indultos generales (el procedimiento del indulto lo regula una ley). La Casa del Rey recibe una cantidad global de los Presupuestos que distribuye libremente (artículo 65); su organización se explica en la página de la Casa Real.
La sucesión y el debate del artículo 57. La Corona es hereditaria en los sucesores de Juan Carlos I, por orden de primogenitura y representación: la línea anterior antes que las posteriores, el grado más próximo antes que el más remoto y, «en el mismo grado, el varón a la mujer». Las abdicaciones y renuncias se resuelven por ley orgánica, como la Ley Orgánica 3/2014 que hizo efectiva la abdicación de Juan Carlos I en favor de Felipe VI. La heredera es la princesa Leonor, que no tiene hermanos varones, por lo que la preferencia del varón no le afecta. Eliminar esa preferencia es una de las reformas más citadas: a petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo de Estado la estudió, junto a otras tres, en su informe de febrero de 2006, pero nunca se ha tramitado. Como afecta al Título II, exige el procedimiento agravado, con disolución de las Cortes y referéndum.
Las Cortes Generales (Título III, artículos 66 a 96)
Las Cortes Generales representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan al Gobierno. Son bicamerales. El Congreso de los Diputados tiene entre 300 y 400 diputados (la ley electoral fija 350), elegidos cada cuatro años en circunscripciones provinciales con criterios de representación proporcional (artículo 68). El Senado es la «Cámara de representación territorial» (artículo 69): cuatro senadores por provincia, tres por cada isla mayor y uno por cada una de las demás islas con Cabildo o Consejo Insular, dos por Ceuta y dos por Melilla, más los senadores autonómicos que designa cada parlamento regional. La reforma de 2026 dio a Ibiza y Formentera un senador a cada una.
Diputados y senadores son inviolables por sus opiniones en el cargo, no pueden ser procesados sin autorización de su cámara y los juzga el Tribunal Supremo (artículo 71): es el aforamiento.
El Título III regula también: las leyes orgánicas, para los derechos fundamentales, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral (artículo 81); la delegación legislativa en el Gobierno (82 a 85); los decretos-leyes, solo «en caso de extraordinaria y urgente necesidad» y sometidos a la convalidación del Congreso en treinta días (86); la iniciativa legislativa, que incluye la popular con 500.000 firmas, excluida en materias orgánicas, tributarias, internacionales y de gracia (87); el veto del Senado, que el Congreso puede levantar (90); el referéndum consultivo (92) y los tratados internacionales, con el artículo 93 como base de la integración en la Unión Europea.
El Gobierno (Títulos IV y V, artículos 97 a 116)
El artículo 97 encarga al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, además de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Lo forman el presidente, los vicepresidentes en su caso y los ministros (98), que se reúnen en el Consejo de Ministros. Sus miembros responden penalmente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (102). El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (107).
El presidente nace de la investidura del artículo 99. Tras cada elección, el Rey, después de consultar a los representantes de los grupos políticos, propone un candidato a través del presidente del Congreso. El candidato expone su programa y necesita la mayoría absoluta en una primera votación o la simple en otra 48 horas después. Si fracasa, se tramitan nuevas propuestas; si pasados dos meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza, el Rey disuelve las Cortes y convoca elecciones, como ocurrió en 2016 y en 2019. El detalle está en la investidura del presidente.
En el Título V, el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso (108). El presidente puede plantear una cuestión de confianza, que se gana por mayoría simple (112). El Congreso puede derribarlo con una moción de censura, que es constructiva: necesita la mayoría absoluta e incluir un candidato alternativo, que queda investido si prospera (113 y 114); solo una ha triunfado, la de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en junio de 2018. El presidente puede disolver las Cortes anticipadamente, salvo con una moción de censura en trámite o antes de un año desde la anterior disolución (115). El artículo 116 regula los estados de alarma (declarado por el Gobierno por 15 días, prorrogables con autorización del Congreso), de excepción (con autorización previa del Congreso, 30 días prorrogables otros 30) y de sitio (por mayoría absoluta del Congreso).
El Poder Judicial (Título VI, artículos 117 a 127)
La justicia «emana del pueblo» y la administran jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (artículo 117), con un principio de unidad jurisdiccional que prohíbe los tribunales de excepción.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces: lo preside el presidente del Tribunal Supremo y lo forman veinte vocales nombrados por cinco años, doce entre jueces y magistrados y ocho entre juristas de reconocida competencia, elegidos estos por el Congreso y el Senado con tres quintos (122). El Consejo nombrado en 2013 siguió en funciones desde el fin de su mandato, en diciembre de 2018, hasta julio de 2024, porque el PSOE y el PP no reunieron los tres quintos para renovarlo. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales (123). El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad y su fiscal general lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo (124).