Monografía Capítulo 2 de 4

Derechos y deberes fundamentales de la Constitución (Título I)

Capítulo de la monografía Constitución española: qué dice cada título y sus artículos clave

Derechos y deberes fundamentales

El Título I, del artículo 10 al 55, es el más largo de la Constitución y el que más se cita ante los tribunales. Se abre con el artículo 10: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad son «fundamento del orden político y de la paz social». Su apartado 2 obliga a interpretar los derechos de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España, lo que da peso en España a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El resto del título se ordena en cinco capítulos. El primero (artículos 11 a 13) regula la nacionalidad y los derechos de los extranjeros: ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad, y los extranjeros pueden votar y, desde la reforma de 1992, ser candidatos en las elecciones municipales cuando lo prevea un tratado o una ley, como ocurre con los ciudadanos de la Unión Europea. El segundo (artículos 14 a 38) contiene los derechos y libertades; el tercero (39 a 52), los principios rectores de la política social y económica; el cuarto (53 y 54), las garantías; y el quinto (55), la suspensión.

La igualdad y los derechos fundamentales: artículos 14 a 29

El artículo 14 proclama que los españoles son iguales ante la ley, «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Recibe la misma protección reforzada que la Sección 1.ª.

La Sección 1.ª (artículos 15 a 29) reúne los derechos fundamentales y las libertades públicas en sentido estricto:

  • Vida e integridad (artículo 15), con la abolición de la pena de muerte salvo lo que dispusieran las leyes penales militares para tiempos de guerra, excepción que la Ley Orgánica 11/1995 suprimió.
  • Libertad ideológica, religiosa y de culto (16): ninguna confesión tiene carácter estatal.
  • Libertad y seguridad personal (17): la detención preventiva no puede durar más de 72 horas antes de pasar a disposición judicial, y existe el procedimiento de habeas corpus.
  • Honor, intimidad y propia imagen; inviolabilidad del domicilio; secreto de las comunicaciones y protección de datos (18).
  • Libertad de residencia y circulación (19).
  • Libertades de expresión, creación, cátedra e información (20), sin censura previa; solo una resolución judicial puede secuestrar publicaciones.
  • Reunión y manifestación (21), con comunicación previa a la autoridad, y asociación (22), con prohibición de las asociaciones secretas y paramilitares.
  • Participación política y acceso a cargos públicos (23).
  • Tutela judicial efectiva (24): derecho al juez ordinario, a la defensa, a no declarar contra uno mismo y a la presunción de inocencia.
  • Legalidad penal (25), con la orientación de las penas de prisión hacia la reeducación y la reinserción social.
  • Educación y libertad de enseñanza (27): la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
  • Libertad sindical y derecho de huelga (28), y derecho de petición (29).

Derechos y deberes de los ciudadanos: artículos 30 a 38

La Sección 2.ª tiene una protección menor. Incluye el derecho y el deber de defender España y la objeción de conciencia (artículo 30, el único de esta sección con recurso de amparo); el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo y progresivo, que «en ningún caso tendrá alcance confiscatorio» (31); el matrimonio con plena igualdad jurídica (32); la propiedad privada y la herencia, delimitadas por su función social (33); el derecho de fundación (34); el deber de trabajar y el derecho al trabajo (35), cuyo desarrollo es el Estatuto de los Trabajadores; la negociación colectiva y las medidas de conflicto colectivo (37), y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (38).

Los principios rectores: artículos 39 a 52

El capítulo tercero no reconoce derechos que se puedan reclamar directamente, sino mandatos a los poderes públicos. Allí están la protección de la familia y de los hijos (39), el pleno empleo (40), la Seguridad Social (41), la protección de la salud (43), el acceso a la cultura (44), el medio ambiente (45), la vivienda «digna y adecuada» y la lucha contra la especulación del suelo (47), la participación de la juventud (48), los derechos de las personas con discapacidad (49, reescrito en 2024), las pensiones «adecuadas y periódicamente actualizadas» de la tercera edad (50) y la defensa de los consumidores (51).

Cómo se protegen los derechos: el artículo 53

El artículo 53 establece tres niveles de protección, y es la clave para entender por qué no todos los artículos del Título I pesan lo mismo.

  1. Todos los derechos del capítulo segundo (artículos 14 a 38) vinculan a todos los poderes públicos. Solo una ley puede regular su ejercicio, debe respetar su «contenido esencial» y puede ser llevada al Tribunal Constitucional mediante el recurso de inconstitucionalidad.
  2. El artículo 14 y la Sección 1.ª (artículos 15 a 29), más la objeción de conciencia del 30, tienen además un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y, en último término, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Su desarrollo exige ley orgánica, que necesita la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (artículo 81), y su reforma, el procedimiento agravado del artículo 168.
  3. Los principios rectores del capítulo tercero «informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», pero solo se pueden alegar ante los jueces según lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Por eso nadie puede reclamar a un juez una vivienda invocando solo el artículo 47.

El artículo 54 completa las garantías con el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes que supervisa a la Administración y puede presentar recursos de amparo y de inconstitucionalidad.

La suspensión de derechos: artículo 55

Algunos derechos pueden suspenderse en dos casos. Con el estado de excepción o de sitio, declarados según el artículo 116, se pueden suspender la libertad personal (17), la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (18.2 y 18.3), la libertad de residencia y circulación (19), la libertad de expresión e información y la prohibición de secuestrar publicaciones (20.1 a, 20.1 d y 20.5), la reunión (21), la huelga (28.2) y las medidas de conflicto colectivo (37.2); las garantías del detenido del 17.3 solo se suspenden en el estado de sitio. El estado de alarma no permite suspender derechos: en 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma de la pandemia de covid-19, por entender que suspendía la libertad de circulación en lugar de limitarla (sentencia 148/2021), y partes del segundo, como la delegación en los presidentes autonómicos (sentencia 183/2021).

Además, una ley orgánica puede suspender de forma individual, con intervención judicial y control parlamentario, el plazo de detención y la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones de las personas investigadas por bandas armadas o terrorismo.

Fuentes oficiales