Abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI (junio de 2014)

La abdicación de Juan Carlos I fue el primer relevo en la Corona bajo la Constitución de 1978. El 2 de junio de 2014, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el Rey había decidido renunciar al trono tras casi 39 años de reinado. Las Cortes aprobaron en dos semanas la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, que hizo efectiva la abdicación, y el 19 de junio de 2014 su hijo fue proclamado ante las Cortes Generales como Felipe VI. El relevo llegó en un momento de pérdida de popularidad de la monarquía, después de la cacería de Botsuana y del caso Nóos, y reabrió el debate sobre un referéndum entre monarquía y república, que pidieron la izquierda y varios partidos nacionalistas y que PP, PSOE y UPyD rechazaron.

Contexto previo

Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Francisco Franco. La Constitución de 1978 previó la sucesión, pero su artículo 57.5 dejó a una ley orgánica la resolución de «las abdicaciones y renuncias», y esa ley nunca se había aprobado.

La imagen de la Corona se deterioró a partir de 2011. El 12 de diciembre de 2011 la Casa del Rey apartó de los actos oficiales a Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, por un comportamiento que su jefe, Rafael Spottorno, calificó de no ejemplar; el juez de Palma José Castro lo imputó el 29 de diciembre en el caso Nóos, una investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos. En su mensaje de Navidad de ese año, el Rey afirmó que «la Justicia es igual para todos».

En abril de 2012, el Rey se fracturó la cadera durante una cacería de elefantes en Botsuana, un viaje que la Casa Real no había hecho público, en plena crisis económica. Al salir del hospital, el 18 de abril de 2012, pidió disculpas ante las cámaras: «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir».

El caso Nóos alcanzó a su hija. El 7 de enero de 2014, el juez Castro imputó a la infanta Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, después de que la Audiencia de Palma anulara una primera imputación en 2013, y la infanta declaró como imputada el 8 de febrero de 2014. El proceso terminó en 2018: el Tribunal Supremo condenó en firme a Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión, mientras que la infanta fue absuelta, aunque se le impuso el pago de 136.950 euros como partícipe a título lucrativo.

Las encuestas reflejaron el desgaste. En el barómetro del CIS de abril de 2013, la monarquía obtuvo un 3,68 sobre 10, su peor nota, frente al 5,36 de noviembre de 2010, y apareció por primera vez entre los problemas que citaban los encuestados. En abril de 2014 la nota fue de 3,73.

Según la reconstrucción publicada por The Objective en el décimo aniversario, el Rey tomó la decisión a comienzos de 2014, informó a Rajoy a finales de marzo y poco después al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y eligió anunciarla después de las elecciones europeas del 25 de mayo. Rubalcaba, que el 26 de mayo había convocado un congreso extraordinario para elegir a su sucesor, retrasó su marcha hasta consumar el relevo para asegurar el apoyo del PSOE, según el mismo relato.

Qué ocurrió

El 2 de junio de 2014, a las 10.33, Rajoy compareció en La Moncloa para anunciar que el Rey le había comunicado su voluntad de abdicar. A las 13.00 Juan Carlos I explicó su decisión en un mensaje televisado: «Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías». En el escrito que entregó a Rajoy, reproducido después en el preámbulo de la ley, recordaba que había cumplido 76 años en enero y presentaba al príncipe de Asturias como el heredero que «encarna la estabilidad». Esa tarde, miles de personas se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades para pedir un referéndum sobre la forma de Estado.

El 3 de junio, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó el proyecto de ley orgánica y pidió su tramitación urgente. El texto tenía un artículo único: «Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España», con efecto desde la entrada en vigor de la ley. PP y PSOE pidieron tramitarlo en lectura única.

El 11 de junio, el Congreso lo aprobó en una votación pública por llamamiento, con cada diputado anunciando su voto en voz alta, por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones. Votaron sí el PP, el PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias; no, La Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), ERC, el BNG, Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai; se abstuvieron CiU, el PNV y Coalición Canaria. Los diputados de Amaiur abandonaron el hemiciclo antes de votar. En el PSOE, el diputado Odón Elorza se abstuvo y otros dos se ausentaron.

El Senado aprobó la ley el 17 de junio por 233 votos a favor, 5 en contra (IU, ERC e ICV) y 20 abstenciones (CiU, PNV y Coalición Canaria), tras rechazar tres vetos de esos mismos grupos de izquierda. El 18 de junio, Juan Carlos I sancionó la ley en el Salón de Columnas del Palacio Real. Se publicó en el BOE en la madrugada del 19 de junio y entró en vigor con su publicación: en ese momento Felipe VI pasó a ser rey y su hija Leonor, princesa de Asturias.

Esa mañana, Felipe VI, de 46 años, juró ante las Cortes Generales reunidas en el Congreso «desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas». En su discurso definió su reinado como el de «una Monarquía renovada para un tiempo nuevo» y afirmó que la Corona debe «observar una conducta íntegra, honesta y transparente». Un real decreto de 13 de junio permitió a Juan Carlos y a Sofía conservar con carácter honorífico los títulos de rey y reina.

Reacciones y posición de los partidos

Rajoy dijo que apoyar la ley era una cuestión «de seriedad». Rubalcaba afirmó que «el PSOE cumple sus acuerdos, no va a romper el pacto constitucional» y que rechazar la ley supondría decirle al Rey que debía seguir siéndolo aunque no quisiera. El PSOE no dio libertad de voto, y su grupo anunció que sancionaría a Elorza, que la había pedido. Rosa Díez (UPyD) calificó de «fraude» la propuesta de convocar un referéndum.

A la izquierda, el coordinador de IU, Cayo Lara, habló de «sangre nueva para una dinastía decrépita», y sus diputados votaron «por la república y por la democracia». Varios grupos presentaron enmiendas que pedían un referéndum o un proceso constituyente, y el pleno las rechazó. Pablo Iglesias, cuyo partido, Podemos, acababa de obtener cinco escaños en las europeas pero no tenía diputados en el Congreso, pidió al PSOE que no respaldara la ley para que la ciudadanía pudiera pronunciarse. Joan Baldoví (Compromís-Equo) y Uxue Barkos (Geroa Bai) votaron en contra.

CiU, PNV y Coalición Canaria se abstuvieron. Aitor Esteban (PNV) sostuvo que en la Transición «fue imposible el debate, la república nunca tuvo una oportunidad». Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) pidió al futuro rey que fuera «sensible a las demandas de la ciudadanía de Cataluña».

La opinión pública estaba dividida sobre la consulta. Según un sondeo de Metroscopia para El País realizado el 4 y 5 de junio, el 62 % era partidario de un referéndum sobre la monarquía, pero en una hipotética votación el 49 % prefería una monarquía con Felipe VI y el 36 % una república. El sondeo daba a Felipe una nota de 7,3 y a su padre, de 6,9.

Consecuencias

Al dejar de ser jefe del Estado, Juan Carlos I perdió la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reserva al Rey. La Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, añadió a la Ley Orgánica del Poder Judicial un artículo 55 bis que atribuye al Tribunal Supremo las causas civiles y penales contra el rey que hubiera abdicado y su consorte, la reina consorte y la princesa de Asturias. El CIS dejó de preguntar por la monarquía tras su barómetro de abril de 2015, en el que la institución recibió un 4,34.

El rey emérito siguió participando en actos institucionales hasta el 2 de junio de 2019, cuando completó su retirada de la vida pública. El 3 de agosto de 2020, ante «la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados» de su vida privada, comunicó a su hijo por carta su decisión de trasladarse fuera de España, y la Casa del Rey confirmó días después que residía en Emiratos Árabes Unidos. En marzo de 2022, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las diligencias abiertas desde 2020 sobre sus fondos en el extranjero: según la Fiscalía, los hechos habían prescrito, estaban cubiertos por la inviolabilidad de la que gozó hasta el 19 de junio de 2014 o quedaron afectados por las regularizaciones fiscales que presentó. La Fiscalía no llegó a presentar denuncia ni querella contra él.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo abdicó el rey Juan Carlos I? Anunció su abdicación el 2 de junio de 2014 y esta fue efectiva el 19 de junio, al publicarse la Ley Orgánica 3/2014.

¿Por qué hizo falta una ley orgánica para la abdicación? Porque el artículo 57.5 de la Constitución exige resolver las abdicaciones por ley orgánica, y esa norma no existía en 2014.

¿Qué partidos votaron en contra de la ley de abdicación? En el Congreso, La Izquierda Plural, ERC, BNG, Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai; CiU, PNV y Coalición Canaria se abstuvieron.

¿Hubo un referéndum sobre la monarquía en 2014? No: IU, ERC y Podemos, entre otros, lo pidieron, pero PP, PSOE y UPyD lo rechazaron y las Cortes aprobaron la ley.

¿Sigue siendo rey Juan Carlos I? Conserva el título de rey con carácter honorífico desde 2014 y, desde julio de ese año, está aforado ante el Tribunal Supremo.