El indulto es el perdón, total o parcial, de la pena impuesta a una persona condenada por sentencia firme. En España lo concede el Gobierno, caso por caso, mediante un real decreto que firma el Rey y que se publica en el BOE. Lo regula todavía la Ley de 18 de junio de 1870, de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, reformada en lo esencial por la Ley 1/1988, de 14 de enero. La Constitución de 1978 lo menciona en su artículo 62: corresponde al Rey «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales».
El indulto no borra el delito ni anula la sentencia: el condenado sigue siéndolo, pero deja de cumplir toda o parte de la pena. En eso se distingue de la amnistía, que aprueban las Cortes por ley y que extingue la responsabilidad penal por unos hechos. Desde los indultos del procés de 2021 y la Ley de Amnistía de 2024, las dos figuras se comparan a menudo; esta página explica el indulto y su diferencia con la amnistía.
Qué es
El indulto es una medida de gracia: una excepción al cumplimiento de la pena que decide el poder ejecutivo, no los jueces. La ley de 1870 permite indultar a los condenados por cualquier delito, «de toda o parte de la pena» (artículo 1), con tres exclusiones en su artículo 2:
- quienes estén procesados pero no condenados por sentencia firme;
- quienes no estén a disposición del tribunal para cumplir la condena, por ejemplo porque hayan huido;
- los reincidentes, salvo que el tribunal sentenciador aprecie razones de justicia, equidad o conveniencia pública.
La Constitución añade tres límites. El artículo 62.i prohíbe los indultos generales: cada indulto es individual y se concede a una persona concreta. El artículo 102.3 impide aplicar la gracia a los delitos de los que responden penalmente el presidente y los miembros del Gobierno («La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo»), lo que evita que un Gobierno se indulte a sí mismo. Y el artículo 87.3 excluye la prerrogativa de gracia de la iniciativa legislativa popular.
Cómo se pide y cómo se concede
El procedimiento lo fija el capítulo III de la ley de 1870 y lo tramita el Ministerio de Justicia, o el de Defensa cuando la condena es de la jurisdicción militar.
- Solicitud. Pueden pedir el indulto el propio penado, sus parientes «o cualquiera otra persona en su nombre», sin necesidad de poder escrito (artículo 19). También pueden proponerlo el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo o el fiscal (artículo 20), y el Gobierno puede abrir el expediente de oficio (artículo 21). El Código Penal permite además que el juez que considera excesiva una pena lo proponga en la misma sentencia.
- Informe del tribunal sentenciador. Toda solicitud pasa por el tribunal que dictó la condena (artículo 23). Este pide un informe sobre la conducta del penado al centro penitenciario y oye al fiscal y a la parte ofendida, si la hay (artículo 24). Su informe valora, entre otros datos, los antecedentes, la parte de la pena cumplida y «las pruebas o indicios de su arrepentimiento» (artículo 25), y concluye con un dictamen sobre la conveniencia de la gracia.
- Decisión del Consejo de Ministros. Con el expediente completo, el ministro lo eleva al Consejo de Ministros, que decide. Los informes no son vinculantes, con una excepción: el indulto total exige el criterio favorable del tribunal.
- Real decreto en el BOE. La concesión «se hará en Real Decreto, que se insertará en el Boletín Oficial del Estado» (artículo 30). La reforma de 1988 suprimió la exigencia de que el decreto fuera «motivado». Lo firma el Rey con el refrendo del ministro, como todos sus actos.
- Aplicación. El tribunal sentenciador ejecuta el indulto (artículo 31) y no lo aplica hasta que se cumplan sus condiciones. Pedir el indulto no suspende por sí mismo la ejecución de la pena (artículo 32).
La denegación no se publica. La ley obliga al Gobierno, desde la reforma de 2015 del Código Penal, a enviar cada seis meses al Congreso un informe sobre los indultos concedidos y denegados,.
Indulto total y parcial
La ley distingue dos clases (artículo 4):
- Total: perdona todas las penas pendientes de cumplir. Solo puede concederse si existen razones de justicia, equidad o utilidad pública a juicio del tribunal sentenciador (artículo 11). Si el tribunal informa en contra, el Gobierno no puede dar un indulto total.
- Parcial: perdona una o varias penas, o una parte de ellas, o las conmuta por otras menos graves. Es la forma habitual, por ejemplo cuando se rebaja una condena de tres años de prisión a dos para que el condenado no ingrese en la cárcel.
El indulto de la pena principal arrastra las accesorias, salvo la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos, que solo queda perdonada si el decreto lo dice expresamente (artículo 6). El indulto nunca comprende la indemnización a las víctimas (artículo 6) ni las costas del proceso (artículo 9), y no devuelve las multas ya pagadas. El Gobierno puede imponer condiciones (artículo 16), como no volver a delinquir en un plazo, y en los delitos que solo se persiguen a instancia de parte debe haberse oído al ofendido (artículo 15). Una vez concedido, el indulto es irrevocable en los términos en que se otorgó (artículo 18).
Control del Tribunal Supremo
El indulto es un acto del Gobierno, pero no está exento de control. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de lo contencioso-administrativo, puede revisar si se respetaron los elementos reglados del procedimiento: que exista sentencia firme, que consten los informes exigidos, que el indulto total tenga el informe favorable del tribunal y que la decisión no sea arbitraria. No puede, en cambio, sustituir al Gobierno en el juicio de oportunidad sobre si el perdón es conveniente.
El precedente más citado es la sentencia del Pleno de la Sala Tercera de noviembre de 2013 que anuló el indulto a un conductor condenado por circular en sentido contrario por una autopista de Valencia, al no encontrar en el expediente una justificación de la decisión. El otro gran debate ha sido quién puede recurrir: en el caso del procés, el Supremo inadmitió en enero de 2022 los recursos de PP, Vox y Ciudadanos por falta de legitimación, por tres votos a dos.
Cuántos indultos se conceden
El Gobierno no publica una serie oficial anual; la contabiliza la fundación Civio a partir de los reales decretos del BOE, en su base de datos El Indultómetro, que reúne 10.702 indultos entre 1996 y 2021. Según esos recuentos:
- 2000: más de 1.700, la cifra más alta de la serie; 1.443 llegaron en un solo paquete del 1 de diciembre, con motivo del Jubileo, que criticaron jueces y juristas.
- 2011: unos 300.
- 2013: 204.
- 2014: 87, entonces el mínimo desde 1996.
- 2018: 17.
- 2019: 40.
- 2020: 30.
- 2021: 50, entre ellos los nueve del procés.
- 2022: 18.
- 2025: 12, la mitad por Semana Santa.
Una parte fija de cada año la forman los indultos pedidos por cofradías de Semana Santa: según Civio, el Gobierno concede alrededor del 13,8 % de los que solicitan, frente a menos del 1 % de las peticiones ordinarias. En 2026, hasta el 18 de noviembre, el BOE ha publicado entre otros los seis de Semana Santa (25 de marzo), el de las conocidas como «seis de La Suiza», sindicalistas condenadas por una protesta (1 de abril), y el del 29 de julio que rebajó a dos años la pena de prisión de la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad, a condición de no cometer delito doloso en cinco años y manteniendo su inhabilitación. El propio tribunal que la condenó, el Superior de Justicia de Cataluña, había propuesto el indulto por considerar la pena «desproporcionada».
El ejemplo de los indultos del procés
El 22 de junio de 2021 el Consejo de Ministros aprobó nueve indultos, los Reales Decretos 456/2021 a 464/2021, para los dirigentes independentistas condenados en 2019 por el Supremo: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Fueron parciales y condicionados: perdonaron la prisión pendiente, mantuvieron la inhabilitación y exigieron no cometer delito grave en un plazo de tres a seis años.
La Sala de lo Penal del Supremo, como tribunal sentenciador, había informado el 26 de mayo de 2021 en contra de «cualquier forma de indulto», por no apreciar arrepentimiento, y advertía de que el artículo 102 de la Constitución busca impedir el «autoindulto», en alusión a que algunos condenados dirigían partidos que apoyaban al Gobierno. Como el indulto era parcial, ese informe no impedía concederlo. El Gobierno de Pedro Sánchez lo justificó por la «concordia» y la «utilidad pública», y sostuvo que el artículo 102 no alcanza a los miembros de gobiernos autonómicos. PP, Vox y Ciudadanos lo rechazaron y lo recurrieron ante el Supremo; ERC y Junts lo consideraron insuficiente y reclamaron una amnistía.
Las inhabilitaciones de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, que los indultos habían mantenido, se levantaron el 20 de octubre de 2026, cuando el Supremo les aplicó la Ley de Amnistía.
Indulto y amnistía: la diferencia
El indulto perdona una pena; la amnistía hace desaparecer la responsabilidad penal por unos hechos, para todas las personas que entren en la ley. La Constitución no menciona la amnistía. La Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, aprobada por el Congreso el 30 de mayo de 2024 por 177 votos contra 172, la aplicó a los hechos del procés. El PP y Vox sostuvieron que la prohibición de los indultos generales del artículo 62.i impide también la amnistía; el Tribunal Constitucional respondió el 26 de junio de 2025, por seis votos a cuatro, que la Constitución no la prohíbe. El recorrido completo está en el recurso al Constitucional contra la Ley de Amnistía.
| Indulto | Amnistía | |
|---|---|---|
| Quién lo decide | El Gobierno, en Consejo de Ministros | Las Cortes Generales, por ley |
| Forma | Real decreto individual en el BOE | Ley (en 2024, ley orgánica) |
| A quién alcanza | Una persona concreta; los indultos generales están prohibidos | A todos los que encajen en los hechos que define la ley |
| Cuándo | Solo tras una condena firme | Antes, durante o después del juicio |
| Qué perdona | Toda o parte de la pena, o la conmuta por otra más leve | La responsabilidad penal por los hechos |
| La condena | Se mantiene: el delito sigue constando | Deja de producir efectos |
| Base legal | Artículo 62.i de la Constitución y ley de 1870 | No aparece en la Constitución; el TC la avaló en 2025 |
| Control | Sala Tercera del Supremo, sobre el procedimiento | Tribunal Constitucional, sobre la ley |
Fuente: Constitución Española (artículos 62, 87 y 102), Ley de 18 de junio de 1870 reformada por la Ley 1/1988, Ley Orgánica 1/2024 de amnistía y sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 2025.
Preguntas frecuentes
¿Quién concede el indulto en España? El Gobierno, en Consejo de Ministros, mediante un real decreto que firma el Rey y se publica en el BOE.
¿Se puede indultar a alguien que no ha sido condenado? No: la ley de 1870 exige sentencia firme, y excluye a quienes no estén a disposición del tribunal para cumplir la condena.
¿Qué diferencia hay entre indulto y amnistía? El indulto, del Gobierno, perdona la pena de una persona condenada; la amnistía, aprobada por ley, extingue la responsabilidad penal por unos hechos.
¿Puede el Gobierno indultar en contra del tribunal? Sí, pero solo de forma parcial: el indulto total exige el informe favorable del tribunal que dictó la sentencia.
¿El indulto perdona la indemnización a las víctimas? No: la ley de 1870 excluye siempre la indemnización civil y las costas del proceso.
¿Puede un ministro indultarse a sí mismo? No: el artículo 102.3 de la Constitución prohíbe aplicar la gracia a los delitos del presidente y los miembros del Gobierno.