Procedimiento parlamentario desde 1978

Proyecto de ley vs proposición de ley

Qué es

En España una ley puede nacer de dos formas. El proyecto de ley es la iniciativa del Gobierno: un texto aprobado en Consejo de Ministros tras un expediente administrativo con informes y memoria, que entra en el Congreso con prioridad de tramitación. La proposición de ley es la iniciativa de todos los demás: los grupos parlamentarios, 15 diputados, el Senado, los parlamentos autonómicos o 500.000 ciudadanos con su firma. La Constitución regula ambas en los artículos 87 a 89 y el Reglamento del Congreso en los artículos 108 a 127.

La diferencia parece técnica, pero decide quién controla la agenda legislativa. Un Gobierno con mayoría usa proyectos; un Gobierno en minoría recurre a proposiciones de su propio grupo para evitar los informes preceptivos y ganar velocidad, y la oposición usa las suyas para marcar la agenda, aunque el Ejecutivo disponga de un veto cuando afectan al presupuesto. La ley de amnistía de 2024 es el ejemplo más citado.

Cómo funciona

Proyecto de leyProposición de ley
Quién lo presentaConsejo de MinistrosGrupo parlamentario, 15 diputados, Senado, parlamento autonómico o 500.000 electores
Trámites previosConsulta pública, memoria de impacto, informes, dictamen del Consejo de Estado si es preceptivoNinguno obligatorio
Entrada en el CongresoDirecta: la Mesa lo publica y abre el plazo de enmiendasDebe superar la toma en consideración en el Pleno
Criterio del GobiernoNo aplicaEl Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse y puede vetar si afecta al presupuesto
PrioridadSí (artículo 89 CE)No
Disolución de las CortesCaducaCaduca, salvo la iniciativa popular

El proyecto de ley empieza como anteproyecto en un ministerio. La Ley 50/1997 del Gobierno (artículo 26) exige una consulta pública previa, una Memoria del Análisis de Impacto Normativo (oportunidad, coste, impacto de género y climático, cargas administrativas), informes de la Secretaría General Técnica y, cuando es preceptivo, el dictamen del Consejo de Estado. El Consejo de Ministros lo aprueba y lo envía al Congreso con la exposición de motivos y los antecedentes (artículo 88 CE): ver tramitación de una ley.

La proposición de ley se registra en la Mesa del Congreso con la firma de un diputado y otros 14, o solo del portavoz de un grupo. La Mesa la publica y la remite al Gobierno, que tiene 30 días para dar su criterio y su conformidad o no si supone más gasto o menos ingresos (artículo 126 del Reglamento). Después el Pleno vota la toma en consideración, un debate de totalidad en el que la Cámara decide si quiere tramitarla: ver toma en consideración. Si la supera, pasa a comisión y sigue el mismo camino que un proyecto. Las proposiciones del Senado y de las asambleas autonómicas (que envían hasta tres parlamentarios a defenderla) siguen el mismo cauce; las de iniciativa legislativa popular necesitan 500.000 firmas, no pueden tratar materias de ley orgánica, tributarias o internacionales y, por la Ley Orgánica 3/1984, no caducan con la disolución de las Cámaras.

Cualquiera de las dos puede tramitarse por lectura única o procedimiento de urgencia, que reduce los plazos a la mitad.

Marco legal

El artículo 87 de la Constitución reparte la iniciativa legislativa entre el Gobierno, el Congreso y el Senado, abre la puerta a las asambleas autonómicas y remite a una ley orgánica la iniciativa popular. El artículo 88 exige que los proyectos se aprueben en Consejo de Ministros y el 89 reconoce su prioridad sin que impida la iniciativa de los demás. El artículo 134.6 es la pieza clave del equilibrio: «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación», el llamado veto presupuestario.

El Tribunal Constitucional limitó ese veto en las sentencias 34/2018 y 44/2018: el Gobierno debe motivar la afectación al presupuesto en vigor, no a presupuestos futuros, y la Mesa del Congreso puede rechazar un veto mal justificado. Según el recuento de Isabel Saiz Ros en la Revista de Derecho Político (UNED, 2021), el veto se usó 7 veces en la II legislatura, 16 en la III, 22 en la VIII y 54 en la XII (2016-2019), 53 de ellas por el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que provocó aquellos conflictos ante el Constitucional.

Aplicación práctica

La ley de amnistía muestra por qué se elige la proposición. El PSOE la registró en solitario el 13 de noviembre de 2023, tres días antes de la investidura de Pedro Sánchez, y pidió la tramitación urgente. Al no ser un proyecto, el Consejo de Estado no emitió dictamen («si no hay consulta del Gobierno, no hay dictamen», explicaron sus fuentes a El Debate) y el Consejo General del Poder Judicial solo informó porque la Mesa del Senado se lo pidió. El Congreso la aprobó definitivamente el 30 de mayo de 2024 y se publicó como Ley Orgánica 1/2024 el 11 de junio; el Constitucional la mantuvo en lo esencial en la STC 137/2025, de 26 de junio, con la anulación de algunos incisos.

El veto presupuestario ha vuelto en la legislatura que termina, con los Presupuestos de 2023 prorrogados. En enero de 2025 El Español contabilizaba seis proposiciones de ley del PP vetadas (entre ellas su ley de conciliación) y cuatro enmiendas, con los recursos del PP rechazados por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa; en septiembre de 2026 el Gobierno vetó ocho enmiendas del PP y Junts aprobadas en el Senado a las leyes de discapacidad y dependencia, una de ellas con un coste estimado de más de 5.600 millones de euros, según Europa Press.

La disolución de las Cortes del 6 de octubre de 2026 muestra la otra cara: según el recuento de Civio citado por Legal Today, caducaron 309 iniciativas, 89 proyectos de ley y 220 proposiciones. Entre los proyectos quedaron sin aprobar la ley orgánica de integridad pública, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que daba la instrucción a los fiscales, la ley de grupos de interés, la Ley de los Medicamentos y el Estatuto Marco del personal sanitario. Todos tendrán que empezar de cero; solo las iniciativas populares conservan su trámite.

Críticas y debates

La crítica principal es el uso de la proposición de ley como atajo del Gobierno: cuando el grupo que sostiene al Ejecutivo registra una proposición, el texto esquiva la consulta pública, la memoria de impacto y los informes del Consejo de Estado o del CGPJ. Los vocales conservadores del CGPJ denunciaron con la amnistía que así «se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo», y el PP hizo de ese reproche uno de sus argumentos contra la ley; el PSOE pidió además la urgencia, que acorta los plazos a la mitad.

El segundo debate es el veto presupuestario: el PP sostiene que el Gobierno de Sánchez lo aplica a leyes que no afectan a las cuentas vigentes, contra la doctrina del Constitucional, y que la Mesa, con mayoría de PSOE y Sumar, no lo filtra; el Gobierno responde que con unos presupuestos prorrogados cualquier gasto nuevo altera el presupuesto en vigor. Junts, con enmiendas vetadas en 2026, se ha sumado a la crítica. El tercero es la mortalidad legislativa: dos legislaturas seguidas acabadas por disolución anticipada (2023 y 2026) han dejado decenas de proyectos sin votar.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre proyecto de ley y proposición de ley? El proyecto lo aprueba el Consejo de Ministros con informes previos; la proposición la presentan grupos, diputados, Senado, parlamentos autonómicos o ciudadanos.

¿Quién puede presentar una proposición de ley? Un grupo parlamentario, 15 diputados, el Senado, las asambleas autonómicas y 500.000 electores mediante iniciativa legislativa popular.

¿Qué es la toma en consideración? La votación del Pleno del Congreso que decide si se tramita o no una proposición de ley, tras conocer el criterio del Gobierno.

¿Qué es el veto presupuestario? La facultad del Gobierno (artículo 134.6) de negar la tramitación de proposiciones o enmiendas que aumenten el gasto o reduzcan ingresos del presupuesto en vigor.

¿Por qué la ley de amnistía fue una proposición de ley? Porque, registrada por el grupo socialista y no por el Gobierno, evitó el dictamen del Consejo de Estado y se tramitó por urgencia.

Fuentes oficiales