Justicia: qué propone cada partido

El PP defendió en Euskadi una Justicia más ágil y cercana, con refuerzo de medios para juzgados, reducción de la saturación y mejora de la atención a víctimas, especialmente en delitos graves y violencia de género.

También planteó impulsar la digitalización judicial y mejorar la coordinación entre administraciones para acortar plazos, junto con una mayor especialización de órganos y profesionales para ganar eficacia y seguridad jurídica.

Su mensaje se alineó con una línea de orden institucional: menos demora, más recursos y una Justicia que funcione con criterios de eficiencia, sin cambiar el marco competencial vasco.

El PSOE planteó en las autonómicas vascas de 2024 una Justicia más ágil, cercana y moderna, con más medios humanos y materiales para reducir la lentitud en juzgados y mejorar la atención a la ciudadanía.

Su programa apostó por reforzar la digitalización judicial, la coordinación institucional y la mejora de infraestructuras, con especial atención a la igualdad de acceso y a la asistencia a víctimas, especialmente en violencia machista.

También defendió una Justicia con más recursos para la mediación y los servicios de apoyo, junto a medidas para hacer los procedimientos más eficaces sin debilitar las garantías procesales ni la seguridad jurídica.

VOX centró su discurso en reforzar la autoridad judicial y combatir la sensación de impunidad, con énfasis en una justicia más rápida, firme y sin privilegios. En su programa para el País Vasco vinculó esta línea a la defensa de la unidad nacional y al rechazo de cesiones políticas.

En materia de Justicia, el partido defendió medidas para agilizar los procedimientos, endurecer la respuesta penal frente a delitos graves y proteger mejor a las víctimas. También sostuvo una posición muy crítica con la politización de los órganos judiciales y con cualquier reforma que, a su juicio, debilitara la independencia de jueces y tribunales.

Su propuesta se alineó con una visión de orden institucional: más seguridad jurídica, menos bloqueos y mayor respaldo a las fuerzas de seguridad y a la acción judicial. En el contexto vasco, VOX presentó esta agenda como una garantía de firmeza frente al nacionalismo y de defensa de la igualdad ante la ley.

Sumar defendió en Euskadi una Justicia más cercana y eficaz, con especial atención a reforzar los medios materiales y humanos de la administración judicial y a mejorar el acceso ciudadano al servicio público. Su discurso insistió en una justicia menos lenta y más útil.

En materia de derechos, apostó por impulsar la justicia gratuita, la protección de las víctimas y una mayor sensibilidad en violencia machista y en colectivos vulnerables. También planteó avanzar en la modernización digital de juzgados y oficinas judiciales.

La formación vinculó estas medidas a una agenda de transparencia y desjudicialización de conflictos, priorizando soluciones menos confrontativas y una administración más ágil. Frente a ello, la derecha suele ofrecer un enfoque más garantista y de orden institucional.

UP defendió una justicia más accesible y garantista, con refuerzo de la asistencia jurídica gratuita y medidas para acercar los servicios judiciales a la ciudadanía vasca, especialmente en casos de vulnerabilidad.

En su discurso electoral, priorizó la protección de víctimas, la mejora de los tiempos procesales y una mayor coordinación entre juzgados, sin grandes rupturas institucionales; una línea más pragmática que la de la derecha, aunque menos contundente.

Ciudadanos (Cs) acudió a las autonómicas vascas de 2024 sin una estructura territorial relevante y sin programa propio con peso público en Justicia; su mensaje habitual insistía en reforzar la independencia judicial, la igualdad ante la ley y una administración más ágil.

En sus posiciones estatales, Cs defendía una despolitización del Poder Judicial, con elección de vocales por mérito y capacidad, y una Justicia más rápida mediante más medios, digitalización y simplificación procesal.

Para el País Vasco, esa línea se traducía en garantizar la unidad judicial, evitar privilegios territoriales y asegurar una aplicación homogénea de la ley, con especial énfasis en protección de víctimas y seguridad jurídica.

El PNV defendió en su programa para las autonómicas de 2024 una justicia más cercana y eficiente, con refuerzo de los juzgados, digitalización de los procedimientos y mejora de los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia en Euskadi.

También planteó impulsar la transferencia de la competencia de prisiones y de la gestión penitenciaria, además de avanzar en un modelo de justicia adaptado a la realidad vasca, con más coordinación institucional y atención a la víctima.

En materia organizativa, apostó por modernizar la planta judicial, reducir retrasos y reforzar la justicia de proximidad y la mediación, combinando eficacia institucional con un enfoque práctico y ordenado.

EH Bildu situó la Justicia en clave de descentralización y refuerzo del servicio público: defendió acercar la gestión judicial al País Vasco, mejorar medios humanos y materiales y reducir la lentitud de los procedimientos.

También insistió en una justicia más próxima, con más inversión en asistencia jurídica y en atención a víctimas, además de impulsar una perspectiva de derechos humanos y memoria democrática en el sistema judicial.

Su planteamiento para 2024 no se centró en grandes reformas penales, sino en mejorar el funcionamiento diario de juzgados y fiscalías, con más recursos, digitalización y una administración de justicia menos burocrática y más accesible.

PACMA centró su programa en una justicia más garantista y accesible, con especial atención al bienestar animal y al refuerzo de la protección legal frente al maltrato. También defendió mayor agilidad judicial y menos dependencia de intereses políticos.

En materia de justicia, el partido propuso mejorar la protección de los animales en el ámbito penal y administrativo, además de impulsar una aplicación más estricta de la normativa vigente. Su enfoque buscaba que los delitos y sanciones relacionados con el maltrato tuvieran una respuesta más eficaz.

PACMA también vinculó la justicia con la defensa de los derechos civiles y la reducción de trabas para la ciudadanía, apostando por una administración más transparente. Frente a otros partidos, su planteamiento fue más sectorial que institucional, pero claramente orientado a reforzar la tutela legal.

Se Acabó La Fiesta (SALF) no publicó un programa detallado y verificable para Justicia en las autonómicas vascas de 2024. Su oferta conocida fue genérica: más mano dura con el delito, apoyo a las víctimas y rechazo a una justicia percibida como lenta o politizada.

En la práctica, SALF evitó entrar en medidas autonómicas concretas sobre juzgados, fiscalía o transferencias competenciales en Euskadi. Su mensaje se centró más en seguridad, combate a la corrupción y crítica al sistema institucional que en propuestas técnicas sobre la Administración de Justicia.

Al no existir un programa oficial amplio y contrastable específico para el País Vasco, no puede atribuirse a SALF una agenda autonómica de justicia comparable a la de otras candidaturas. Lo verificable es su discurso general de orden, rigor penal y endurecimiento frente a conductas delictivas.