Uribe y la seguridad democrática (2002-2010)
El fracaso del Caguán explica la victoria en primera vuelta, en mayo de 2002, de un liberal disidente y exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, con un programa de seguridad democrática: aumento del gasto militar y del pie de fuerza, recuperación de carreteras y cabeceras municipales, redes de informantes y una ofensiva sin precedentes contra las FARC. Los indicadores de violencia cayeron con fuerza: según un análisis publicado en la Harvard Latin American Law Review, la tasa de homicidios bajó de 65,8 por 100.000 habitantes en 2000 a 36,3 en 2008, y los secuestros, de 3.572 a 437. Una reforma constitucional de 2004 permitió su reelección, y en 2006 volvió a ganar en primera vuelta; la Corte Constitucional impidió en 2010 un referendo para un tercer mandato. En 2008 la Operación Jaque rescató sin disparos a la excandidata Ingrid Betancourt y a otros catorce secuestrados, y murieron Raúl Reyes, número dos de las FARC, en un bombardeo en territorio ecuatoriano, y Manuel Marulanda, de muerte natural.
Entre 2003 y 2006, al amparo de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, se desmovilizaron 31.671 integrantes de las AUC, y en 2008 el Gobierno extraditó a Estados Unidos a catorce de sus jefes, entre ellos Salvatore Mancuso. La desmovilización redujo las masacres, aunque estudios como los de la Universidad EAFIT advirtieron de que no significó el fin del paramilitarismo, cuyos mandos medios formaron nuevos grupos, entre ellos el que hoy se conoce como Clan del Golfo.
Parapolítica y falsos positivos
Las confesiones de los jefes paramilitares destaparon la parapolítica: la Corte Suprema investigó a cerca de un centenar de congresistas de los periodos 2002-2010 por sus alianzas electorales con las AUC y condenó a más de una veintena, varios de partidos de la coalición de Uribe. El otro gran escándalo fue el de los falsos positivos, el asesinato de civiles presentados por militares como guerrilleros muertos en combate para cobrar recompensas y permisos. La Jurisdicción Especial para la Paz fijó en febrero de 2021 un universo de 6.402 víctimas entre 2002 y 2008, a partir del cruce de cuatro bases de datos; la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, del uribismo, cuestionó esa cifra, y la JEP la ha mantenido. Para sus partidarios, Uribe salvó a un Estado al borde del colapso; para sus detractores, de la izquierda y de las organizaciones de víctimas, su política de seguridad toleró violaciones masivas de derechos humanos. Esa división sigue organizando la política colombiana.
Santos, el acuerdo de paz y el plebiscito (2010-2018)
Juan Manuel Santos Calderón, ministro de Defensa de Uribe y candidato del Partido de la U, ganó en 2010 y dio un giro que lo enfrentó con su antecesor: aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011 y abrió en 2012 negociaciones con las FARC en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes y Humberto de la Calle como jefe negociador. Reelegido en 2014, firmó un primer acuerdo en Cartagena el 26 de septiembre de 2016. En el plebiscito del 2 de octubre ganó el «no», promovido por el uribismo, con el 50,21 % de los votos; cinco días después Santos recibió el Nobel de la Paz. El texto renegociado, con cambios propuestos por los promotores del «no», se firmó en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016 y el Congreso lo refrendó a finales de ese mes. En 2017 unos 13.000 integrantes de las FARC entregaron sus armas a la ONU y la guerrilla se convirtió en partido político, hoy llamado Comunes.
El acuerdo creó un sistema de justicia transicional con la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. La reforma de equilibrio de poderes de 2015 volvió a prohibir la reelección presidencial.
Lo que dejó el conflicto: las cifras de la verdad
Dos informes oficiales han intentado medir la guerra. El del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! (2013), contó unas 220.000 muertes entre 1958 y 2012, el 81,5 % de ellas civiles, y 1.982 masacres en tres décadas, atribuidas en un 59 % a los paramilitares, un 17 % a las guerrillas y un 8 % a la fuerza pública. El informe final de la Comisión de la Verdad, Hay futuro si hay verdad, entregado el 28 de junio de 2022 bajo la presidencia del sacerdote jesuita Francisco de Roux, elevó las cifras con nuevas bases de datos y estimaciones estadísticas. Dirigentes del Centro Democrático, el partido que Uribe fundó en 2013, entre ellos el propio expresidente, cuestionaron la imparcialidad de la Comisión, mientras que las organizaciones de víctimas y la mayoría de la comunidad internacional respaldaron su trabajo.
| Tipo de victimización | Cifra | Periodo | Responsables según la Comisión |
|---|---|---|---|
| Homicidios | 450.664 (hasta unos 800.000 con el subregistro) | 1985-2018 | Paramilitares 45 %, guerrillas 27 %, agentes del Estado 12 % |
| Desaparición forzada | 121.768 | 1985-2016 | Paramilitares 52 %, FARC 24 %, agentes del Estado 8 % |
| Secuestro | 50.770 | 1990-2018 | Sobre todo FARC, seguidas de paramilitares y ELN |
| Desplazamiento forzado | 7.752.964 | 1985-2019 | Sin desglose |
| Reclutamiento de menores | 16.238 | 1990-2017 | Sobre todo FARC, seguidas de paramilitares y ELN |
Fuente: Comisión de la Verdad, informe final (28 de junio de 2022), según el despacho de la agencia EFE publicado por Swissinfo; Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! (2013).